Acuerdo energético viola marco constitucional y legal de México: CCE
CIUDAD DE MÉXICO, 21AGOSTO2019.- Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ofreció una rueda de prensa en el Club de Banqueros, acompañado de varios presidente de cámaras de comercio. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
/Moisés Pablo/Moisés Pablo
El conglomerado empresarial aseguró que el acuerdo no respeta procesos legales y normativos, por lo que se violenta la certeza jurídica de las inversiones
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió revocar el ‘Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional’, emitido el pasado 15 de mayo viola el marco constitucional y legal mexicano.
“Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República”.
Con esto, según la agrupación empresarial, la Secretaría de Energía usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia, pues vulnera los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional.
Añade además que dicho acuerdo no solo discrimina a las energías renovables, sino también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplaza los proyectos de generación planteados desde el sector privado.
El Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para que se investiguen y esclarezcan las irregularidades contenidas en dicho acuerdo, para así revocarlo “de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.
Señala también que implementará todos los recursos jurídicos y los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales para hacer frente a este acuerdo y “salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo de país”, pues los proyectos eléctricos dejan inversiones por más de 30 mil millones de dólares. CJG
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