Amnistía pide congelar uso de tecnologías de ciberespionaje
El uso de estas herramientas para infiltrar teléfonos demuestra una “crisis mundial de los derechos humanos”, alertó la organización
(FILES) In this file photo taken on March 31, 2017, Mexican President Enrique Pena Nieto gestures as he listens to the President of the Human Rights National Commission, Luis Raul Gonzalez (out of frame), presenting the 2016 annual report on human rights in Mexico, at Los Pinos presidential palace in Mexico City. - The government of former Mexican President Pena Nieto paid 32 million USD for the Pegasus software contract, used to spy on politicians, journalists and activists in Mexico. The software was acquired in 2014, the Mexican government revealed on Wednesday, July 21, 2021. (Photo by Pedro Pardo / AFP)
/PEDRO PARDO/AFP
Las revelaciones sobre el programa de espionaje Pegasus muestran “una crisis mundial de los derechos humanos”, sentenció la organización Amnistía Internacional, que pidió hoy una moratoria en la venta y uso de las tecnologías de vigilancia hasta que se cree un marco reglamentario.
“Los efectos en los derechos humanos en todo el mundo por un sector de la cibervigilancia poco reglamentada son devastadores”, señala la organización respecto al software que, según una investigación internacional, logró infiltrarse a unos 50 mil teléfonos, 15 mil de ellos sólo en México.
Las revelaciones del proyecto Pegasus “muestran claramente los peligros y los perjuicios a los cuales están expuestas las personas tomadas de manera ilegal como objetivo”, declaró Agnès Callamard, secretaria de Amnistía Internacional.
En el caso de México, la mayoría de los teléfonos infectados con el malware pertenecen a políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Según el consorcio internacional de medios que hizo la investigación sobre Pegasus, al menos 50 personajes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador habrían sido espiados.
La compañía israelí NSO, que creó el programa, “es una empresa como otras. Se trata de un sector peligroso que opera desde hace mucho tiempo al límite de la legalidad”, lamenta Amnistía.
“Es absolutamente urgente que se refuercen la reglamentación del sector de la cibervigilancia (...) y el control de ese sector muy opaco”, estima la oenegé.
Amnistía Internacional pide una moratoria que se “instaure de manera inmediata sobre la exportación, la venta, la transferencia y el uso de tecnologías de vigilancia hasta que se aplique un marco reglamentario respetuoso de los derechos humanos”.
En el caso de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda estima que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) habría gastado 32 millones de pesos en el software Pegasus, vía la Procuraduría General de la República.
El programa Pegasus puede infiltrar los teléfonos móviles sin que el usuario lo sepa, lo que permite a los clientes leer todos los mensajes, rastrear la ubicación del usuario e intervenir la cámara y el micrófono del celular.
