La reciente visita a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk —realizada del 19 al 22 de abril—, se desarrolló en un clima de alta tensión diplomática. Este encuentro ocurrió tras la decisión sin precedentes del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de elevar la situación del país a la Asamblea General de la ONU, en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, altos funcionarios, legisladores y colectivos de víctimas, Türk asumió un rol mediador. Si bien reconoció la disposición al diálogo expresada por el Gobierno, advirtió que la desaparición forzada permanece como una “herida abierta” que no debe ser objeto de polarización ni politización. El Alto Comisionado enfatizó que las desapariciones erosionan la confianza ciudadana en un Estado que es el responsable de prevenir, investigar y sancionar tales crímenes. Asimismo, rindió un especial reconocimiento a las familias y colectivos —particularmente a las mujeres— que lideran las búsquedas y exigen rendición de cuentas, instando a las autoridades a fortalecer con urgencia los procesos de identificación forense y las capacidades de investigación.
En contraste con la diplomacia conciliadora de Türk, el CED ha mantenido una postura crítica que ha generado profunda molestia en el Gobierno mexicano. El Comité sostiene que existen indicios fundamentados de que las desapariciones forzadas en el país persisten como crímenes de lesa humanidad —derivados de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil—, de conformidad con el artículo 5 de la Convención Internacional. Aunque el Comité tomó nota de la postura oficial, que atribuye la mayoría de los casos a grupos criminales para desestimar la categoría de desaparición forzada bajo el artículo 2, también señaló contar con información sobre la participación directa, apoyo o aquiescencia de servidores públicos. La gravedad de este señalamiento se sustenta en el hallazgo continuo de fosas clandestinas —estimadas en más de 4 mil 500— con miles de cuerpos y restos humanos, de los cuales más de 72 mil permanecen sin identificar.
Esta crisis se agudiza en un país donde imperan la opacidad y la depuración estadística, bajo un registro que ya supera las 133 mil personas desaparecidas y un sistema judicial colapsado por la impunidad. Ante esta realidad, el Gobierno parece haber adoptado un “nacionalismo defensivo” que prioriza la imagen política por encima de la emergencia humanitaria. Al calificar el reporte del CED como “tendencioso” y “sesgado”, el Ejecutivo no sólo desacredita a los organismos internacionales que el propio Estado ha ratificado, sino que renuncia a la cooperación como herramienta de autocrítica; parece más ocupado en salvaguardar la pureza moral de su proyecto que en revisar sus estrategias de seguridad, envolviéndose en la bandera nacional para eludir su responsabilidad ante una de las crisis más dolorosas de la sociedad mexicana.
En última instancia, la comparecencia de México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas someterá al país a un intenso escrutinio internacional, situándolo en la lista de naciones con crisis graves de derechos humanos. Mientras el Estado percibe este proceso como un ataque politizado, el Comité lo plantea como una oportunidad para robustecer la cooperación técnica y financiera. Este apoyo resulta fundamental para optimizar las labores de búsqueda, el análisis forense y las investigaciones exhaustivas necesarias para esclarecer la verdad y garantizar protección a las familias y defensores que buscan a sus desaparecidos.
