Una buena: este es el sexenio en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha abierto el mayor número de expedientes en la historia.
Y tres malas: también es el sexenio con los mayores faltantes por el ejercicio irregular del presupuesto; en el que menos acciones sancionatorias se han emprendido contra actos presuntamente delictivos, y en el que menos recursos públicos se han recuperado en los últimos 18 años.
Justo cuando los posibles desvíos de recursos públicos alcanzan máximos históricos, el país cuenta con la Auditoría más débil y permisiva, opinan especialistas en transparencia y rendición de cuentas, quienes advierten que la ASF ha dejado de ser una aliada para el combate a la corrupción.
Al reportar el martes pasado la tercera y última entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2022, la ASF completó dos tercios de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con 29 mil 755.4 millones de pesos que no se pudieron solventar en 2022, la administración obradorista acumula faltantes por 159 mil 809.6 millones de pesos.
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Esto significa que, en sólo cuatro años, ya se rebasó el desfalco que causó el sexenio de Enrique Peña Nieto, que dejó 112 mil 888.2 millones sin solventar, de acuerdo con datos del Sistema Público de Consulta de Auditorías, con corte al 21 de febrero.
Con los casi 160 mil millones de pesos que se han gastado de manera irregular en lo que va de la actual administración se pudo haber financiado la construcción de dos terminales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que de acuerdo con la Presidencia de la República, tuvo un costo de alrededor de 80 mil millones de pesos.
A pesar de que las anomalías se dispararon en los últimos cinco años, las acciones emprendidas por la ASF están en mínimos históricos.
Sólo en 2022, el órgano fiscalizador sacó cinco mil 466 tarjetas amarillas, la cifra más baja desde 2005 y muy lejana de las 12 mil 239 sanciones y advertencias que se llegaron a aplicar en 2013.
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Por ejemplo, en lo que va del sexenio la ASF ha emitido sólo 690 solicitudes de aclaración para que los entes fiscalizados expliquen el destino de los recursos donde hay sospecha de desvío. Con Peña Nieto fueron tres mil 362, con Calderón fueron dos mil 416 y con Fox, dos mil 011.
De igual modo, entre 2019 y 2022 la Auditoría Superior emitió seis mil 365 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, es decir, expedientes sustentados para castigar a servidores públicos que utilizaron mal los recursos públicos. Con Peña fueron 14 mil 36 y con Calderón 19 mil 514.
Respecto a las denuncias de hechos —la ASF tiene la facultad de pedir la intervención de la Fiscalía General de la República cuando tiene evidencia documentada de actos de corrupción—, durante la actual administración se han presentado 20, mientras que en el sexenio previo fueron 437 y con Calderón 692.
Institución menguada
“Durante los últimos cinco años, la Auditoría Superior de la Federación ha perdido relevancia entre la opinión pública para saber si la administración pública ha cumplido con las reglas en el ejercicio del gasto”, considera Jacqueline Peschard, expresidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Los informes de la ASF han perdido impacto y esto tiene que ver con quien dirige el organismo (David Colmenares), quien ha sido muy cuestionado por sus afiliaciones políticas. Esto ha ido en demérito del trabajo técnico”, agregó la también excomisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Al respecto, Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción de la organización México Evalúa, señala que “hemos advertido nuestra preocupación porque los distintos indicadores de la ASF van a la baja, tanto las auditorías realizadas, el universo que se audita y el enfoque con que se revisan las cuentas públicas; además, los procesos se están alargando para dar más tiempo a los entes auditados para ver si solventan las irregularidades”.
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El también profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey opina que “salvo algunas legisladoras, en Cámara de Diputados no hay un ánimo para pedir explicaciones sobre los malos resultados de la ASF”.
Considera que la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que debería ser el órgano encargado de ayudarle a la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública para hacer una revisión a detalle de los malos resultados de las acciones de la ASF, “también tiene un desempeño muy deficiente”.
Ambos investigadores estiman que México tiene la Auditoría Superior más débil en momentos en que las anomalías en el gasto se multiplican y cuando la opacidad en el gasto se convierte en la marca de la actual administración.
De los 20 expedientes con irregularidades más cuantiosas en los 24 años de existencia de la ASF, 15 ocurrieron en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. Sólo esos 15 casos acumulan un daño a la hacienda pública por 34 mil 022.1 millones de pesos.
El más ostentoso tiene que ver con la gestión del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, cuyo gobierno, en 2021, no logró comprobar cinco mil 43 millones de pesos “por concepto de ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición del gasto federalizado, de los cuales no proporcionó la documentación de su destino, ni evidencia de la autorización por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración”.
Cambio de enfoque
Una de las críticas que los expertos en fiscalización hacen a la gestión de David Colmenares, quien encabeza la ASF desde marzo de 2018, es que desde su llegada cambiaron los criterios para la aplicación de auditorías, pues la mayoría de las investigaciones se han canalizado a estados y municipios, y se quitó el foco a las áreas del gobierno federal.
De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías, en lo que va del gobierno del presidente López Obrador se han realizado siete mil 181 auditorías, de las cuales cinco mil 984 se han orientado al gasto federalizado, lo que equivale a 79.1% del total, con faltantes que ascienden a 120 mil 371.8 millones de pesos.
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Dicho porcentaje es superior al 71.7% de Peña Nieto, donde el monto que quedó sin justificar es de 94 mil 150.7 millones. También supera al 55.2% de Felipe Calderón (con 127.1 millones sin solventar) y el 33.7% de Fox (donde quedaron 41.1 millones sin localizar).
Es decir, desde el nacimiento de la ASF, las auditorías a estados y municipios han ido en aumento de manera paulatina, hasta llegar el récord alcanzado con López Obrador, donde ocho de cada 10 investigaciones están ligadas al gasto federalizado.
Este fenómeno, a decir de Marco Fernández, tiene una intencionalidad política. “Hay más auditorías en el gasto federalizado porque se está auditando menos al gobierno federal. Cuando llega la administración de López Obrador, el auditor Colmenares de manera extraña empieza auditar menos al gobierno federal, con un enfoque inadecuado y para no revisar de manera profunda el gasto social y el gasto en obras”, sostiene.
“No es un asunto de percepción, ahí están los datos”, agrega el investigador. “El problema es muy serio: en gasto social, por ejemplo, hoy se está auditando menos respecto al que se ejercía en el gobierno de Peña Nieto, a pesar de que el dinero en gasto social ha aumentado de manera exorbitante en los últimos años. ¿Cómo se explica eso?”, cuestiona Fernández.
La base de datos del Sistema Público de Consulta de Auditorías muestra que en lo que va del gobierno de López Obrador se han abierto 487 expedientes al sector de desarrollo social, equivalentes al 6.7% del total, con faltantes por nueve mil 236.3 millones de pesos.
Con Peña Nieto se realizaron 708 auditorías, lo que representa 7% del total y con 5 mil 286.3 millones de pesos sin recuperar. En el caso del gobierno de Calderón hubo 635 auditorías (10.2% del total) y 33.5 millones sin justificar. Con Fox se realizaron 381 (13.4% del total) y 40.4 millones sin comprobar.
En el sector de desarrollo económico (que incluye el presupuesto en infraestructura y para empresas como Pemex y CFE), con López Obrador se han realizado 641 auditorías, equivalentes al 8.9% del total y con 29 mil 295 millones gastados de manera irregular.
Con Peña Nieto se elaboraron mil 373 auditorías (13.5% del total) y 11 mil 243.7 millones sin comprobar. Mientras que con Calderón hubo mil 346 auditorías (21.6% del total) y seis mil 249.3 millones pendientes de solventar. Con Fox, se realizaron 911 auditorías (32.1% del total) y 400.1 millones sin justificar.
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