Una acción planeada, en un contexto de descomposición de la seguridad y de la que ninguno de los niveles de gobierno se está haciendo responsable en el país, es lo que muestra el asesinato de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, ambos ocurridos en Tijuana, Baja California.
“Enrarecen aún más la libertad de expresión (estos crímenes), porque ya existían los ataques desde el gobierno de Jaime Bonilla contra medios críticos y las agresiones a periodistas en coberturas; pero estos crímenes agravan la situación y el gobierno del estado no está poniendo toda su atención en esto. Los periodistas cada vez importan menos”, aseveró Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México.
El agresor aprovechó el momento de vulnerabilidad del gremio periodístico para atacar a la periodista Lourdes Maldonado, lamentó Gabriela Martínez Córdova, socia del colectivo “Yo sí soy periodista”.
“Pareciera que lo planearon, que vieron la ventana de oportunidad para golpear justo cuando no estaba la guardia en lo alto porque acabamos de recibir un golpe”, planteó la activista.
El asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez —que tuvo lugar la semana pasada— fue usado para también matar a la periodista Lourdes Maldonado este domingo, expuso Gabriela Martínez Córdova, socia del colectivo “Yo sí soy periodista”.
La también reportera, corresponsal de El Universal en Tijuana, consideró que el asesino se valió del dolor del gremio para atacar a su compañera. “Pega más en el estado anímico, en la sensación de impotencia, el saber que no nos permitieron tener un duelo, el espacio para poderle llorar a Margarito Martínez, saber que apenas estábamos en un proceso de entender lo que había ocurrido, de abrazarnos entre nosotros, justo nos agarraron en nuestro momento más vulnerable”, expresó.
La tarde del domingo 24 fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado. La reportera había denunciado en una conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, el conflicto laboral que mantenía con el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla,
“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación”, le dijo a AMLO el 26 de marzo de hace tres años.
Luego de que una bala atravesara el cristal de su automóvil el año pasado, Maldonado fue adherida al Mecanismo Estatal para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana realizaban rondines a su domicilio.
El 19 de enero del año pasado, Maldonado finalmente ganó el litigio laboral a la televisora PSN, propiedad de Bonilla, y acudió a las oficinas con una orden de embargo. Pese a esto, su petición no fue atendida por la empresa que la despidió injustificadamente.
Tras los hechos, un grupo de periodistas se plantaron en el exterior de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana para exigir copias de las bitácoras de los rondines realizados en el hogar de Maldonado, pero no fueron atendidos, exhibió Córdova.
Esta mañana, López Obrador sostuvo que la demanda que ganó la periodista no se trataba de un asunto de amenazas. “Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida, incluso había ganado. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba”, señaló el presidente al anticipar que habría que llevarse a cabo una investigación para determinar el móvil del crimen y si hay vinculación con lo de la denuncia laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada al hoy exgobernador Jaime Bonilla.
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