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Los recursos que la Federación transfiere a los estados para sanear sus finanzas, reducir pasivos y mejorar la operación administrativa fueron dilapidados por los gobiernos estatales, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la segunda entrega del Informe de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2018, de un total de 28 mil 927.6 millones de pesos que los estados y municipios no lograron justificar ese año, el 79% (22 mil 843 millones) corresponde a fondos cuya finalidad es justamente fortalecer las finanzas locales.
El fondo que, de acuerdo con la ASF debe ser sometido a una fuerte revisión en sus reglas de operación y mecanismos de seguimiento es el llamado “Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, pues ahí se detectaron inconsistencias por 15 mil 472 millones de pesos, equivalentes a 54% de todas las irregularidades que tienen que ver con saneamiento financiero.
La segunda bolsa del gasto federalizado relacionada con el saneamiento de las economías de estados y municpios que presentó mayores irregularidades —como falta de documentación comprobatoria y utilización en fines distintos al dispuesto por la ley— es el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), con un saldo de 7 mil 101 millones de pesos gastados de manera anómala.
El estado de la República con anomalías más cuantiosas en el manejo del Fortafin es Puebla, con 2 mil 326 millones de pesos, lo que representa 62% del total recibido en 2018 por el entonces gobernador Antonio Gali, que fue de 3 mil 747 millones de pesos. Le siguen el estado de México, con 941 millones de pesos, y Michoacán, con 843 millones.
Después del sector relacionado con saneamiento financiero, la parte del gasto federalizado más afectado por malos manejos es el de infraestructura social, donde se desviaron 2 mil 535 millones de pesos, seguido por el rubro de seguridad, dónde hay mil 382 millones pendientes de aclarar.
Para estados y municipios, el gasto federalizado representa el principal ingreso para los gobiernos, pero al mismo tiempo, según la ASF, es el ramo presupuestal con mayores anomalías contables y con los mecanismos más frágiles para supervisar y dar seguimiento al gasto.
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