La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por 212 millones 659 mil 98.20 pesos, durante 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto.
En el Informe Individual del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año anterior, la ASF encontró que la dependencia no justificó 211 millones 704 mil 748.20 pesos por concepto de contratación de servicios con terceros.
Durante la titularidad de Luis Enrique Miranda Nava y Eviel Pérez Mañaga, la Sedesol no fundamentó los motivos para hacer dos contrataciones, ni demostró las necesidades del tipo, cantidad y especialización del personal que requerían las unidades a las que se integraron las personas contratadas.
El documento señala que se realizaron 179 pagos indebidos, a igual cantidad de personas, por nueve mil 151 pesos para el puesto de “Supervisor de Proyectos”, pero ninguno acreditó tener el grado de maestría, necesario para ocupar el cargo.
Por el Contrato del Servicio de Aprovisionamiento de Dispositivos Móviles, la dependencia encontró pagos injustificados por 154 mil 474.7 pesos; y penas de dos mil 985.6 pesos por el retraso en la entrega de los servicios.
Además, se detectaron pagos injustificados por 3 mil 335.2 pesos, por 16 mil 260.3 pesos, por 18 mil pesos y por 6 mil 898.3 pesos, por que no se pudo verificar la funcionalidad, implementación y puesta en operación de la herramienta de Administración de Datos Maestros.
49 padres y 5 niños ‘fantasma’ en Estancias Infantiles
El programa de “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, que desapareció de la dependencia con la llegada del nuevo gobierno, documentó la falta de 954 mil 350 pesos.
Entre las irregularidades encontradas por la Auditoría, se encuentran que en los manuales de Organización y Procedimiento del programa no se incluyen las funciones y actividades que desarrollan las estancias infantiles en los 32 estados, para la planeación y la administración de recursos.
En Jalisco y Puebla, las delegaciones otorgaron 300 mil y 290 mil pesos a siete estancias infantiles, que no contaban con los “Formatos de Registro de Asistencias y Cálculo de Subsidio”, ni registros de los menores que sustentaran el presupuesto recibido.
Al menos 49 padres de familia y cinco menores, no pudieron ser localizados con los datos de su CURP, pese a ser beneficiarios del programa en el Estado de México, Jalisco y Puebla, y por los cuales se otorgaron 364 mil pesos a los responsables de las estancias.
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