Foto: Cuartoscuro

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Redacción ejecentral

El Observatorio Ciudadano Nacional del Femenicidio (OCNF) informó sobre la decisión de la ministra Ana Margarita Ríos-Farjat de atraer para conocer el amparo en torno a la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México.

A través de un comunicado la organización realizó una cronología de hechos en la cual recordaron que en septiembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitora O.P.” A.C. y Justicia Pro Persona A.C., con el acompañamiento de OCNF se solicitó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que se declarara la Alerta por Violencia de Género en la capital del país.

Sin embargo, relatan, en junio de 2019, la Conavim negó aplicar dicha alerta, “contraviniendo el dictamen de cumplimiento de recomendaciones elaborado por el Grupo de Trabajo y puesto de conocimiento a la Segob, por lo que las organizaciones promovieron un juicio de amparo indirecto contra dicha resolución.

Como respuesta a este amparo, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa resolvió que la Conavim debía declarar la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres y su reconocimiento como mecanismo de emergencia.

Además, ordenó establecer acciones a implementar para proteger y asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas y adolescentes; asimismo, determinó que las organizaciones y asociaciones peticionarias deben tener participación en el seguimiento a la alerta.

De igual forma, refirió que se deben entregar recursos para la aplicación de esta medida, transparentar las acciones gubernamentales y los informes generados por el Grupo Institucional y Multidisciplinario.

Finalmente, la declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres fue publicada el 25 de noviembre de 2019, no obstante, sólo contemplaba la violencia sexual y no feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas.

En noviembre de 2019, “las organizaciones peticionarias fuimos notificadfas por la magistrada Adriana Escorza Carranza, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sobre la propuesta de dictamen de sobreseimiento, debido a que se consideró que la declaratoria local era un “hecho notorio” que dejaba sin materia el juicio de amparo.

“Violando así el principio de legalidad al no observar que tal declaratoria responde a un procedimiento y marco jurídico distinto en el fuero local y que ésta no atiende de forma integral las problemáticas de feminicidio y desaparición, vulnerando así el derecho de acceso a la justicia y a mecanismos de protección para las mujeres que viven y transitan en la Ciudad de México”.

Es por ello que se solicitó a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción, hecho que se ha consumado y que podría derivar en que este mecanismo sea una garantía sólida para la exigibilidad de los derechos y el cumplimiento del marco jurídico internacional y nacional. CJG

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