La política de austeridad aplicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el consecuente retiro de apoyos gubernamentales para la asistencia a migrantes propició una privatización de la “infraestructura humanitaria”, revela un estudio realizado por el Colegio de la Frontera Norte.
Las infraestructuras humanitarias permiten la subcontratación de una heterogeneidad de actores públicos y privados para desempeñar labores de vigilancia médica, asistencia humanitaria, control y canalización de la movilidad humana, bajo lógicas que conducen a la privatización de las políticas migratorias”, advierte un artículo publicado en el número más reciente de la revista Estudios Fronterizos.
Según el texto, antes de la llegada al poder de López Obrador, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil recibían apoyos de la Federación provenientes del Fondo de Atención a Desastres (Fonden), el Fondo de Fronteras, el Fondo de Atención a Migrantes con el objetivo de brindar asistencia humanitaria a los indocumentados, una tarea en que los privados no tenían mayor participación.
Titulado “Intraestructuras humanitarias en las ciudades fronterizas de Juárez y Tijuana”, el artículo subraya que en diciembre de 2018, al inicio de la presidencia de AMLO, se revirtieron las políticas de asignación de fondos y fideicomisos para la sociedad civil.
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“Esto ocurrió en una coyuntura migratoria cada vez más compleja en México: con el arribo de las autodenominadas ‘caravanas migrantes’ y la ejecución de Quédate en México se agudizó la situación de bloqueo o atrapamiento de personas con necesidades de protección internacional en la frontera norte del país.”
Escrito por los investigadores Emilio Alberto López y María Dolores París, el artículo reseña que a medida que el gobierno mexicano retiraba fondos a las organizaciones de la sociedad creció el presupuesto transferido por las agencias de las Naciones Unidas, que pronto resultó insuficiente para atender a oleadas inéditas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Así, por primera vez en la frontera norte, los gobiernos municipales de Juárez y de Tijuana se vieron obligados a abrir albergues o espacios de alojamiento en edificios rentados para tal efecto, en escuelas públicas y en instalaciones deportivas”, recuerda el texto, lo que dio lugar a los Centros Integradores para Migrantes (CIM), los hoteles filtro y los Sistemas Conecta.
Estos estos nuevos dispositivos instala-dos en las ciudades del norte de México para rescatar a los migrantes, según el documento, representan “nichos de mercado” abiertos a raíz de
las políticas de seguridad fronteriza y control migratorio.
“En estos mercados intervienen un conjunto de actores públicos y privados, locales, nacionales e internacionales que son subcontratados por los gobiernos para gestionar la estancia prolongada en la frontera de solicitantes de asilo y atender sus necesidades básicas”, lo que provoca que una misión humanitaria se convierta en un negocio para los particulares y en un esquema de control político para las autoridades.
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