El proceso electoral 2020-2021 está en marcha y el presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a ampliar su poder. Para lograr su propósito tiene en mente realizar un proceso de depuración de servidores públicos en el Gobierno: la purga.
Un millón y medio de burócratas están a prueba. La experiencia, capacidad y eficiencia de cada uno de ellos no serán evaluados. El inquilino de Palacio Nacional ha dejado claro que sólo conservarán sus empleos quienes estén comprometidos con el proyecto de la denominada 4T.
Una vez más, López Obrador muestra su perfil autoritario y exige una obediencia ciega, sumisa. Una lealtad irreflexiva, que garantice la presencia de fieles seguidores dispuestos a traicionar sus principios y a cerrar los ojos ante los errores, excesos y omisiones del gobierno.
Pretende que los integrantes de la burocracia mexicana celebren la crisis en el sector salud, su incapacidad para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, la muerte de niños con cáncer y el deceso de mujeres y hombres que, víctimas del Covid-19, perecieron en sus hogares sin atención médica especializada.
AMLO reclama vítores y aplausos por la crisis de inseguridad y violencia, por los 23 mil 471 homicidios dolosos acumulados hasta agosto, los 2 mil 551 feminicidios registrados hasta julio, por superar 85 mil víctimas mortales de la pandemia, los 2.8 millones de desempleados y por una crisis económica que agobia millones de mexicanos.
El Presidente de México que, día a día, profundiza el declive de una Nación afectada por la pobreza, la violencia y la frustración, está empeñado en concentrar todo el poder posible, destruir el pasado y reescribir su versión de la historia. Su obsesión es enfermiza.
Desde el inicio de su sexenio se han registrado renuncias fulminantes de secretarios de Estado, como Carlos Urzúa, en Hacienda; Javier Jiménez Espriú, en Comunicaciones y Transportes; así como de titulares de organismos descentralizados, como Mara Gómez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Germán Martínez del IMSS, Además de responsables de organismos afines a su proyecto, como Jaime Cárdenas del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
En todos los casos han sido evidentes las desavenencias y conflictos con el Presidente y también en todos los casos mencionados, los exfuncionarios hicieron público su desacuerdo con los disparates disfrazados de acciones de gobierno.
Ninguno de ellos estuvo dispuesto a formar parte de esa masa de ciega adoración. Incluso, informaron con responsabilidad y transparencia, los riesgos y el impacto negativo de las decisiones presidenciales en el bienestar de la gente.
Andrés Manuel López Obrador busca evitar, a toda costa, la permanencia de empleados del gobierno que exhiban sus errores, incongruencias y arbitrariedades. No quiere correr el riesgo de que personas íntegras, honestas, capaces y experimentadas descarrilen sus ambiciones de un poder absoluto.
En lugar de ser el artífice de la edificación de una nueva Nación, de promover alianzas constructivas y de abrirle las puertas a la pluralidad de visiones políticas y sociales, el Presidente de México optó por impulsar la confrontación, fomentar la simulación y favorecer la corrupción de los suyos.
La pregunta es si el electorado será capaz de identificar y castigar el autoritarismo de un hombre sin altura de miras. Ese millón y medio de burócratas en riesgo y los casi 600 mil empleados del gobierno, que fueron despedidos en esta primera parte del sexenio, podrían ser el fiel de la balanza y determinar la derrota del lopezobradorismo.