La violencia en México está incontenible. El atentado contra Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México es una prueba irrefutable.
Si ni los impartidores de justicia ni las fuerzas de seguridad están a salvo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie, sin recursos ni medios para contar con escoltas ni autos blindados?
Apenas el 17 de junio, el juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa fueron asesinados en la ciudad de Colima, una zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El martes 24 de junio, el Ejército Mexicano evitó un atentado terrorista contra la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, Guanajuato. La inteligencia militar atribuye el ataque con un autobomba a la organización criminal de Santa Rosa de Lima, la cual controla el robo de combustible en El Bajío y que disputa al CJNG y a Los Zetas el tráfico de drogas y la extorsión en la zona.
Días antes, la madre y la hermana de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fueron detenidas y sujetas a proceso por posesión de drogas y dinero de procedencia ilícita. La reacción furibunda del narcotraficante, no se hizo esperar.
Eso incluso pese a la liberación de María Eva Ortiz debido a las inconsistencias de la carpeta de investigación que generó una confrontación entre el Gobierno Federal y el de Guanajuato.
Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió sacar al Ejército de las calles y mejorar la coordinación y profesionalización de los policías a nivel nacional; y ofreció un “plan de reconciliación y paz para México”.
Más tarde, ya como Presidente de México, afirmó que, en seis meses, el país alcanzaría la paz tan anhelada y dijo que no habría más ejecuciones ni sangre derramada en las calles. A 18 meses de distancia, las promesas del inquilino de Palacio Nacional son letra muerta.
Los datos oficiales son alarmantes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que durante los primeros 18 meses del gobierno de López Obrador, 55 mil personas han sido asesinadas en México.
Dos mil 334 de esas muertes violentas ocurrieron la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, lo que representa un incremento del 196% respecto a la administración de Miguel Ángel Mancera.
Los secuestros y los robos a negocios han aumentado 167 y 30 por ciento, respectivamente en la capital del país. Inexplicablemente, durante el actual periodo de confinamiento obligado para evitar contagios, se han registrado 243 secuestros de personas en la otrora “Ciudad de la Esperanza”.
Ni los uniformados están a salvo. En el primer semestre de 2020, han sido asesinados 226 policías. La organización no gubernamental “Causa en común” refiere que mueren 1.47 elementos del orden cada día.
Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, se encuentra más concentrado en buscar la candidatura de Morena al gobierno de Sonora. Alguien deberá recordarle que su prioridad es realizar un trabajo de inteligencia eficaz y oportuno. Evitar, a toda costa, ser derrotados por el crimen organizado y mantener a salvo la seguridad nacional.
Es preciso un cambio de timón y el replanteamiento de la errática estrategia de seguridad para hacer frente a la ola de violencia que diariamente amenaza la seguridad y la vida de los mexicanos. Pero parece que eso, tampoco es prioridad en la agenda de la 4T.