En el transcurso de la legislatura federal que está concluyendo, el país ha sido testigo de un periodo caracterizado por la inacción en temas cruciales y una subordinación preocupante del Poder Legislativo al Ejecutivo. Este fenómeno ha resultado en un desdén hacia los problemas apremiantes de México y una pérdida significativa de tiempo y recursos que podrían haberse destinado a resolver las necesidades de la ciudadanía.
El Congreso, que debería funcionar como un órgano independiente y vigilante del poder, ha actuado más como una “oficialía de partes” del Ejecutivo. Esto implica que, en lugar de ejercer su rol de contrapeso y deliberación crítica, se ha limitado a aprobar de manera expedita las iniciativas presidenciales, muchas veces sin el debido análisis ni debate. Esta subordinación ha llevado a la aprobación de leyes y reformas que no siempre reflejan un consenso amplio ni responden a las necesidades urgentes del país.
Durante la 65 Legislatura numerosos problemas críticos han quedado en segundo plano.
La violencia y la inseguridad han seguido escalando en varias regiones del país. Pese a ello, no se han implementado estrategias efectivas ni reformas profundas para abordar la crisis de seguridad.
La pandemia de Covid-19 puso en evidencia las deficiencias del sistema de salud. Sin embargo, los esfuerzos legislativos para fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar el acceso a servicios médicos fueron nulos.
La recuperación económica post-pandemia ha sido lenta y desigual. Las pequeñas y medianas empresas, que son el motor económico del país, no han recibido apoyo para sobrevivir y prosperar.
Las brechas educativas se han ampliado, y las reformas necesarias para modernizar el sistema educativo y hacerlo más inclusivo no han sido prioritarias.
Uno de los aspectos más lamentables de esta legislatura ha sido la ausencia de debate significativo. La prisa por aprobar reformas y leyes impulsadas por el Ejecutivo ha relegado a un segundo plano la discusión y el análisis detallado. El Parlamento debe ser un espacio donde se escuchen diversas voces y perspectivas, donde las decisiones se tomen con base en un diálogo informado y consensuado. Sin embargo, este papel ha sido minimizado, y las decisiones se han tomado muchas veces en sesiones maratónicas y atropelladas.
Esta dinámica de subordinación y falta de debate no sólo es perjudicial en términos prácticos, sino que también socava la salud democrática del país. La democracia se fortalece con la pluralidad de ideas y la deliberación abierta, elementos que han estado notoriamente ausentes. El Poder Legislativo debe recuperar su autonomía y capacidad crítica para poder representar verdaderamente los intereses del pueblo.
Con el cierre de esta legislatura, es imperativo que los nuevos representantes electos se comprometan a revertir esta tendencia. Es necesario que se recupere el espíritu de la rendición de cuentas y la deliberación democrática. Los legisladores deben centrarse en atender los problemas reales de los ciudadanos, trabajar en soluciones efectivas para los desafíos que enfrenta el país y asegurar que el Congreso sea un verdadero contrapeso al poder Ejecutivo.
En conclusión, la legislatura que está concluyendo deja una amarga sensación de tiempo perdido y oportunidades desaprovechadas. Para el bien de la democracia y el futuro de México, es crucial que el próximo periodo legislativo recupere su papel esencial y se enfoque en los verdaderos problemas que afectan a la nación. Solo así se podrá avanzar hacia un país más justo, seguro y próspero.
@jlcamachov
