Deuda de ESSA, casi 8 veces mayor a lo pagado por su “nacionalización”

El brío de esperanza para que la “nacionalización” de Exportadora de Sal (ESSA), la salinera más grande del mundo, surta los frutos esperados para el Estado mexicano, se convertirá en una realidad sólo si es saneada de la corrupción interna que la tiene operando en números rojos y con una deuda que representa casi ocho veces lo que pagó el gobierno federal por hacerse de su control total, aseguraron quienes en su momento denunciaron irregularidades.

Documentos oficiales y fuentes consultadas por ejecentral evidencian cómo es que los llamados “locales” de la empresa, enclavada en la localidad de Guerrero Negro, en Baja California Sur, en contubernio con Mitsubishi, ahora exsocio minoritario, son corresponsables de haber llevado a ESSA a una “quiebra técnica” y a una crisis financiera y administrativa.

Los “locales” son un grupo de directivos, casi todos asentados en Guerrero Negro, que durante años han controlado la salinera por sí mismos y a través de parientes, y varios de los cuales han sido señalados por supuestas irregularidades en reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC).

El trato ventajoso que históricamente se le dio al consorcio japonés Mitsubishi por encima de los intereses nacionales, al cual se le vendía la sal por debajo del costo promedio, con lo que llegó a controlar los precios y la comercialización; la proliferación de demandas laborales que se han convertido en un pasivo de montos millonarios; el manejo irregular de activos y la acumulación de deudas es sólo parte del problema.

“La entidad (ESSA) ha enfrentado múltiples juicios innecesarios en casi todos los rubros del derecho público y privado, por el interés contrario del socio minoritario (Mitsubishi) y la negligencia o abuso de varios funcionarios. Estos problemas no pueden explicarse sin la presunción de la responsabilidad culposa o dolosa del órgano de gobierno y de quien, debiendo auditar en tiempo real y sancionar las conductas, no lo hizo o lo hizo ineficazmente”, señala un informe emitido en septiembre del 2021 por el entonces titular del OIC, Alfredo Saavedra Peimbert.

Y es que, aunque tanto el OIC como la ASF habían ordenado con anterioridad a la empresa, particularmente a las gerencias de Contabilidad y del Jurídico, dos de la docena de áreas señaladas por diversas omisiones e irregularidades, poner en orden los registros contables y corporativos, esto nunca ocurrió.

A la fecha, los titulares de ambas oficinas, así como sus subordinados cercanos y los de otras áreas clave dentro de ESSA se mantienen en sus cargos.

Millones en el aire

Según la información del último reporte del OIC, al corte del 2022, sólo de los pasivos contingentes, es decir, las deudas ajenas a la operación continua de la empresa, el monto pendiente de pagar ascendía a 11 mil 500 millones de pesos, alrededor de 6.4 millones de dólares.

La cifra representa 7.6 veces lo que el Gobierno federal pagó (mil 500 millones de pesos) para adquirir el 49% de las acciones con las que contaba Mitsubishi, según informó la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, el pasado 24 de febrero en el evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador para anunciar la “Nacionalización de la Exportadora de Sal”, desde el municipio de Mulegé.

El monto de los pasivos significa que para cubrir los adeudos, las autoridades federales deberán desembolsar de manera adicional casi siete veces lo que ya pagaron por quedarse con la propiedad total de la empresa.

Parte de la enorme deuda que arrastra ESSA está relacionada con una demanda por despido injustificado que desde hace 17 años interpuso Rafael García Vizcaíno, quien era subgerente en la Dirección Técnica, por denunciar — ya desde entonces— diversas anomalías en la compañía.

El monto del adeudo asciende, en estos momentos, a 12 millones 911 mil 159.98 pesos, cantidad que se suma a la correspondiente a decenas de litigios laborales que están en curso.

Malinchismo nocivo

“Había una inequidad en los pagos al momento de las liquidaciones y falta de orden en los procesos de plazas, manteniendo eso como una moneda de cambio en contra de los que denunciaban, y a favor de los que mantenían la relación ventajosa a favor de Mitsubishi, principalmente en el Jurídico, que siempre estaba solapando, apoyando a Mitsubishi como si fueran japoneses”, señaló Alfredo Saavedra.

En entrevista para este semanario, el extitular del OIC, quien fue despedido por “cuestiones políticas”, aseguró que a las pocas semanas de haber llegado al cargo advirtió a sus superiores en la Secretaría de la Función Pública (SFP) de la serie de omisiones, irregularidades e ilegalidades en la “comercialización dudosa” con la que, dijo, siempre se buscaba beneficiar a Mitsubishi.

“Encontré inmediatamente que los manuales de operación de la empresa estaban totalmente faltos de legalidad, ya que realmente se utilizaban para beneficiar a Mitsubishi y perjudicaban a la propia empresa, evitando tener contratos de compraventa con otras empresas. Los clientes-socios tenían acceso a información privilegiada e incluso tenían posiciones claves dentro de la empresa en sus operaciones”, subrayó.

Sin embargo, esa condición de “cliente con gorra de socio”, que a decir de Saavedra Peimbert siempre mantuvieron los japoneses, no hubiera sido posible sin la tolerancia y contubernio de los funcionarios mexicanos “bajo la nómina de los japoneses”, aseguró.

Como ejecentral ha documentado en diversas entregas, una de ellas el reportaje Exportadora de Sal, botín familiar, publicado en febrero de 2020, la empresa ha sido manejada por un entramado de servidores públicos en puestos clave, quienes junto a sus familiares, socios y conocidos, se han favorecido con negocios turbios de la compraventa de sal.

En ese sentido, el extitular del OIC subrayó que los “locales” y el papel de juez y parte que desempeñan a favor de sus intereses y de los del consorcio japonés en su momento, ha agudizado el deterioro de la empresa, ya que los responsables de vigilar y prevenir que no se cometan irregularidades que perjudiquen a ESSA, o de sancionar cuando éstas ya se cometieron, son los mismos personajes que se van intercalando entre ellos las posiciones.

“Yo corro al encargado de quejas y denuncias y a la de sanciones, que tenían familiares en la empresa, corruptos, obstaculizaban los procesos administrativos, cuidaban a los funcionarios corruptos, están los expedientes abiertos de quiénes son, y el que era director de Administración, que un tiempo lo hicieron gerente del Jurídico, los contrata de nuevo”, dijo.

La joya de la opacidad

Encabezando la lista de funcionarios señalados e incluso sancionados por la ASF como responsables de la cadena de anomalías que siguen haciendo mella en las finanzas de la empresa se encuentran Miriam Osuna Liera, gerente del Área Jurídica, y Rigoberto Pérez Alvarado, subgerente de Presupuestos Gerencia de Contabilidad.

Y es que, según los documentos consultados, dichos directivos acrecentaron los pasivos de la empresa y mantuvieron congelados alrededor de dos mil 400 millones de dólares en activos no declarados.

Entre éstos hay bolsas de entre 300 y 400 millones de dólares que tiene la empresa en reservas de sal y unos 200 millones en infraestructura obsoleta y vieja, que en el caso de los diques y máquinas pueden tener un valor adicional a las concesiones.

Pero, sin duda, la joya de la corona, refiere Alfredo Saavedra, es “la opacidad contable” de la salmuera residual —residuos de la producción de sal—, cuyo valor de venta resulta incluso “más rentable que la propia venta de sal”, y por la cantidad acumulada, a la fecha oscilaría en al menos mil 800 millones de dólares que no han ingresado a la empresa.

Así lo indicó el exfuncionario al emitir una opinión como encargado del OIC, al subrayar que la venta de la salmuera que se ha realizado por décadas, lo que incluso motivó una demanda de la empresa Packsys en contra de Exportadora por incumplimiento de contrato para su comercialización. Hasta hace un par de años esa actividad ni siquiera se tenía determinada como un activo de la empresa.

“Como lo indica la Auditoría Superior de la Federación, el riesgo económico que genera la acumulación de la salmuera residual no está debidamente registrado en los pasivos de la entidad, de hecho, ni siquiera está contabilizado en los asientos contables, lo que genera incertidumbre sobre el posible impacto positivo por su venta o el impacto negativo por su posible derrame o acumulación por décadas”, refirió el extitular del OIC en un informe emitido en junio del 2022.

Sin embargo, según las observaciones del órgano fiscalizador, en Exportadora de Sal, hasta 2019 se generó un despilfarro de más de 350 millones de pesos por arrojar miles de hectáreas de salmuera al mar, lo que ha causado un grave daño ambiental, pero también una merma a las arcas de la paraestatal.

Al respecto, Saavedra, antes de su salida del OIC, subrayó que la adecuada venta de la salmuera podría resultar “altamente conveniente” para ESSA, al indicar que su comercialización y venta generarían “importantes recursos económicos muy necesarios para la modernización” de la misma, al tiempo que solucionaría un problema que pone en riesgo la producción presente y futura de sal.

Según lo denunciado por Ricardo Gámez, un comerciante que interrumpió al presidente López Obrador en el evento de Guerrero Negro, los trabajadores y los pobladores de la región, cuyas familias dependen de la empresa, sienten incertidumbre por la demanda de Packsys, relacionada con la salmuera, “por un monto, yo creo que de unas 10 veces el valor de esta empresa (ESSA)”.

“Sí, quisiéramos saber qué pasa, en qué términos está esa demanda, en dónde consideramos que es la que tiene y ha tenido de rodillas a esta empresa, y el trabajador está inquieto y queremos saber de qué se trata esto”, cuestionó ese día Ricardo.