Hoy martes 30 y mañana 1 de mayo, iniciarán las audiencias de la demanda que presentó el gobierno mexicano contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por la ilegal irrupción que hicieran fuerzas armadas ecuatorianas a la Embajada de México en ese país y agresiones al jefe de la Cancillería, para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, alojado ahí en busca de asilo, lo que terminó en el rompimiento de relaciones diplomáticas. Ecuador adujo razones de seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado.
En la demanda, México solicita que se reconozca la responsabilidad de Ecuador en los hechos, su suspensión de Naciones Unidas y una disculpa por la violación al derecho internacional; además, solicita medidas provisionales de seguridad a las instalaciones de la embajada y que permitan desalojar las instalaciones diplomáticas y las residencias privadas de sus representantes, entre otros. Asimismo, la canciller mexicana informó que gestiona con el apoyo de otros países el traslado de Glas a México.
Ha habido consenso en la OEA, en la Celac y en varios países, sobre la violación a la Convención de Viena sobre relaciones internacionales, referente a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y sus agentes diplomáticos; éstas no pueden ser intervenidas sin el consentimiento del jefe de misión, en tanto que el estado receptor está obligado a proporcionar seguridad a las legaciones y a los diplomáticos.
Ecuador no reconoció el asilo proporcionado por México al exvicepresidente ya que, argumenta, de acuerdo con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, éste no procede cuando se trate de personas inculpadas o procesadas por delitos comunes o estén condenados sin cumplir sus penas respectivas. Sin embargo, el mismo documento también establece que la “calificación” del hecho corresponderá al país que otorga el asilo.
Para Ecuador el exvicepresidente no es un perseguido político, en 2017 y 2020 fue condenado por asociación ilícita y cohecho agravado respectivamente, y al momento de ingresar a la Embajada se encontraba en libertad provisional, con presunto apoyo del crimen organizado. Seguramente la Embajada de México en Ecuador también tendrá su versión que fundamente el asilo otorgado.
Para analistas, sobre el asilo la madeja es muy enredada, entre la concesión del asilo y la impunidad por delitos comunes. No se trata de proteger a malhechores. Afirman, que el asilo en América Latina ha sido relevante como en el caso del derrocamiento de Salvador Allende en Chile, pero también sugieren que hay que aplicar prudencia ante casos de corrupción que invocaron la persecución política, como de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala o Alan García, o los refugiados actualmente en Nicaragua, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, por mencionar algunos.
Se agrega el malestar ecuatoriano por declaraciones que hiciera el presidente mexicano sobre el asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones y el gobierno del presidente ecuatoriano. Para analistas, estas declaraciones desde un atril público, pudieron haber sido muy ofensivas para el gobierno ecuatoriano y el detonante de la actual situación. Noboa señaló intromisión en asuntos internos que corresponden exclusivamente a los ecuatorianos.
La violenta incursión a la embajada resulta injustificable y genera responsabilidad jurídica internacional. Es importante que México haya tomado la decisión de acudir a la CIJ, como una acción respetuosa del derecho internacional y de las convenciones y tratados suscritos por nuestro país.
Lee también:
Ecuador, referéndum y mano dura a la delincuencia
Leer entre líneas, Ecuador y el hombre de la caja de Pandora