Corte fija fecha para definir futuro de primera parte de Plan B

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no atender la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que pidió al Pleno resolver una controversia constitucional promovida desde el año 2018 a la Ley General de Comunicación Social antes que pronunciarse en torno al Plan B electoral.

Esta solicitud fue presentada al Pleno de la Suprema Corte, que determinó por unanimidad no resolver la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumulados, con los que la minoría parlamentaria de aquel entonces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Movimiento Ciudadano impugnaban la expedición de la Ley General de Comunicación Social.

El Pleno de la Suprema Corte fue consultado por la ministra presidente Norma Lucia Piña, que determinó que no era factible atender la demanda de la Presidencia y en consecuencia, listó para su discusión la acción de constitucionalidad 29/2023, en contra del primer paquete de reformas que constituyen el Plan B electoral.

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Este primer paquete contempla la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la discusión sobre su validez se realizará el próximo lunes 8 de mayo.

“Las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable”, indicó.

Foto: Cuartoscuro

La Presidencia argumentó que si la Corte resolvía la acción de inconstitucionalidad que data de 2018, es posible que se emitan sentencias contradictorias. No obstante, este hecho fue descartado por el Pleno del alto tribunal que señaló que la resolución de la reciente demanda no afectará los principios de seguridad y certeza jurídica.

Se detalló que en esta demanda se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se accionó contra la misma ley, esta es, la Ley General de Comunicación Social.

En lo que respecta a la acción de inconstitucionalidad 52/2018, se detalló que no se le dio trámite y no ha sido entregada a la Secretaría General de Acuerdos de la Corte.

Mientras tanto, la segunda parte del Plan B electoral acumuló ya 21 impugnaciones, luego de que el pasado martes 2 de mayo se admitieran ocho nuevas demandas, una de ellas promovida por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

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