Toda diputación carga con una tensión de origen: representa a quien la eligió en un distrito o circunscripción, pero al mismo tiempo, por mandato constitucional, representa a la nación entera. Ese doble mandato rara vez genera fricción, porque en la práctica casi todas las legisladoras y legisladores comparten territorio, cotidianidad y problemas con quienes los votaron.
La excepción interesante es la diputación migrante, porque ahí la representación exige algo más que cercanía geográfica: exige haber vivido lo que se representa. No basta con hablar de la migración desde el Congreso; se necesita que quien legisla haya cruzado la frontera, haya tramitado papeles en un consulado, haya mandado remesas o haya enfrentado la distancia con su familia. Esa experiencia compartida es lo que justifica reservar un espacio de representación específico, porque ninguna otra figura legislativa puede traducir con la misma legitimidad las gestiones y las urgencias de la diáspora.
La Ciudad de México es, hasta ahora, el único caso en el país que lleva esta lógica hasta sus últimas consecuencias: su diputación migrante se elige por voto directo de la ciudadanía chilanga residente en el extranjero, bajo el principio de mayoría relativa. Quien ocupa esa curul no llega ahí por una lista ni por una cuota, sino porque una comunidad específica, dispersa en decenas de países, decidió que esa persona la representara. Esa vía tiene un potencial que vale la pena explotar: quien resulta electo puede convertirse en el canal más directo para trasladar al Congreso las necesidades reales de la comunidad migrante y proponer alternativas concretas de integración y de ampliación de derechos, desde credencialización accesible hasta esquemas de salud o educación pensados para quienes viven fuera del país.
El contraste con el resto del país es notorio. A nivel federal no existe una diputación migrante elegida desde el exterior. Lo que hay es una acción afirmativa: los partidos están obligados a incluir una candidatura migrante por cada circunscripción dentro de los primeros diez lugares de sus listas de representación proporcional. El problema es que esas diputaciones se eligen con votos emitidos en territorio nacional, no por la comunidad migrante misma. Se garantiza presencia, pero no necesariamente representación en el sentido estricto.
Entre las entidades que sí regulan la figura, el diseño tampoco es uniforme. Zacatecas reserva dos diputaciones de representación proporcional para personas migrantes o binacionales. Oaxaca y Guerrero hacen algo similar, incorporando la figura dentro de sus listas plurinominales. Jalisco y Nayarit optan por otra vía: exigen que las candidaturas migrantes se ubiquen en bloques de alta competitividad dentro de las listas, para evitar que sean solo un saludo a la bandera. Durango, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán replican el modelo de acción afirmativa por representación proporcional, similar al federal. En ningún caso mencionado la ciudadanía migrante vota directamente por quien la representará.
Debe destacarse la enorme área de oportunidad: de las 32 entidades del país, apenas 10 contemplan alguna figura de representación migrante. Las 22 restantes no tienen todavía ningún mecanismo previsto para esa ciudadanía, que sigue votando y sosteniendo económicamente a sus familias desde el extranjero.
La comunidad migrante residente en el extranjero no dejó de ser ciudadanía mexicana por vivir fuera del país. Sigue participando en la vida pública, económica y familiar de México, aunque su cotidianidad transcurra en otro territorio. El modelo de la Ciudad de México tiene el potencial para construir una representación genuina y cercana a esa diáspora, y abre la puerta a que el resto del país explore caminos similares, siempre pensando en la progresividad de derechos.
El reto ahora es aprovechar ese potencial: fortalecer la educación cívica dirigida a las comunidades en el exterior, ampliar la credencialización accesible desde consulados, y diseñar políticas públicas de integración que acompañen a quienes migran sin que por ello pierdan su lugar en la vida democrática de México. Ahí está el camino para seguir construyendo una representación a la altura de quienes, aunque lejos, nunca han dejado de ser parte del país.
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