Denuncian a José Luis Márquez por compra de vehículos sin licitar
El alcalde de Zacatlán fue denunciado ante la fiscalía del estado de Puebla debido a una serie de irregularidades
Por delitos como falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y uso ilícito de atribuciones y facultades, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, resultado de una serie de irregularidades surgidas a partir de la presunta compra de 11 patrullas para la Policía Municipal, cinco camiones para la recolección de residuos sólidos y dos ambulancias, que fueron presumidas durante su toma de protesta en octubre pasado, sin que hasta el momento hayan transparentado el proceso de adquisición como lo marca la ley, a pesar de diversas solicitudes de información al respecto.
En la denuncia, que consta en la CDI 004798/2022, se establece que el 18 de octubre de 2021, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, se formuló una solicitud de información al ayuntamiento de Zacatlán, que encabeza José Luis Márquez Martínez, para que se de a conocer el acto jurídico, es decir cómo se licitó y autorizó la construcción de las 11 patrullas, 5 camiones recolectores de basura y 2 ambulancias que presumieron en redes sociales.
En el mismo documento se solicita información sobre el valor total de la adquisición, tipo de licitación y copias certificadas de este procedimiento, así como la adjudicación, para adquirir las unidades mencionadas, además de copias certificadas del acta de cabildo donde se integró el Comité Municipal de Adjudicaciones, nombres y cargos de sus integrantes.
Sin embargo, el 1 de diciembre de 2021, la escueta respuesta del ayuntamiento, mediante el memorándum número 0060/2021, adjunto al oficio 12C4.1/575/2021, se establece que el acto jurídico mediante el cual se adquirieron los vehículos, se encontraba en proceso.
Dos meses más tarde, el 14 de febrero de 2022, tiempo de sobra para que el ayuntamiento de Zacatlán tuviera disponible la información que supuestamente se encontraba en proceso, nuevamente se envió una solicitud para que se expidieran copias certificadas del expediente o expedientes que contienen el acto jurídico mediante el cual se adquirieron las mencionadas 11 patrullas para la Policía Municipal, 5 camiones para la recolección de basura y 2 ambulancias, mismas que fueron entregadas por el presidente municipal, José Luis Márquez, el 16 de octubre de 2021.
Pese a ello, el 15 de marzo de este año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la respuesta oficial mediante el memorándum 083/2022, el ayuntamiento que preside José Luis Márquez Martínez argumentó QUE NO SE LLEVÓ A CABO NINGUNA DE LAS ACCIONES QUE SE ENLISTAN EN LOS INCISOS DEL PUNTO DE HECHOS QUE ANTECEDE, DEBIDO A QUE NO SE HA ADQUIRIDO NINGUNO DE LOS REFERIDOS, en otras palabras, que no se realizó ningún procedimiento o acto ni legal, ni administrativo, ya que no fueron adquiridas las unidades por ninguna figura jurídica.
Es decir, en un primer documento oficial el ayuntamiento de Zacatlán afirma que está en proceso el trámite legal de licitación y adquisición de las unidades que en los hechos fueron presentadas desde mediados de octubre y luego, sólo 5 meses después, también oficialmente, cambia de opinión y dice que no se han adquirido los vehículos mencionados y además presumidos en redes sociales oficiales del municipios y algunos medios de comunicación.
De ahí que, ante la evidente irregularidad se haya presentado la demanda ante la FGE, no sólo en contra de José Luis Márquez Martínez, edil de Zacatlán, sino de los involucrados en esta trama de irregularidades, Héctor Castilla Morales, titular de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información, así como a Cintya Araceli Martínez Carrasco, directora de Administración, por los probables delitos de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y uso ilícito de atribuciones y facultades.
