Representantes de una decena de organizaciones civiles exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de una comisión especial que investigue y sancione las violaciones graves a los derechos humanos de las personas migrantes en México, entre las que se incluyen desapariciones, detenciones arbitrarias y multihomicidios.
La petición se hizo en presencia de una de las víctimas sobrevivientes del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que el 27 de marzo pasado murieron 40 personas y 27 más resultaron heridas.
En el marco del 188° periodo de sesiones de la CIDH, en la audiencia pública denominada “México: derechos humanos y acceso a la justicia de personas detenidas por motivos de inmigración”, organizaciones como la de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Asylum Access México (AAMX), entre otras, advirtieron que la tragedia en Ciudad Juárez es un reflejo del nivel de riesgo y vulnerabilidad en el que están las personas en movilidad en su tránsito o estancia en el país.
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A siete meses de la tragedia en Juárez, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconoció que sólo a 20 familias de las víctimas mortales se les ha hecho el pago de la indemnización.
También expuso que el inédito aumento en el flujo de migrantes ha provocado que tan sólo en 2022 murieran alrededor de mil personas en su intento por cruzar hacia Estados Unidos y más de 2 mil 76 millones fueran detenidas.
Las organizaciones reiteraron ante autoridades del Estado mexicano la urgencia de una reparación integral del daño y la garantía de no repetición en todas las violaciones de las que son víctimas las personas migrantes.
En su intervención, el representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, advirtió que una de las tendencias que han detectado no sólo en México sino en toda la región es la intervención de las Fuerzas Armadas sin que los protocolos del uso de la fuerza cumplan con los “estándares mínimos sobre la materia y las delimitaciones de los principios de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad”.
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Subrayó que, “consideramos urgente la implementación de mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles -administrativo, político, judicial y legislativo- con garantías de independencia e imparcialidad. Esto debe incluir especialmente a las cadenas de mando y las autoridades políticas a cargo”.
Al exponer la necesidad de esa comisión especial con un enfoque multidisciplinario y transnacional para investigar casos de violaciones graves contra la población migrante, los representantes de la sociedad civil solicitaron a los comisionados de la CIDH, encomendar al Estado mexicano la eliminación de la detención migratoria como práctica sistemática de la política pública de control migratorio, y con ello eliminar las facultades de control migratorio de las fuerzas militares y la Guardia Nacional, entre otras recomendaciones.
En el marco de la sesión pública, y en presencia de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la CIDH urgió al Estado mexicano a cesar los ataques y los actos encaminados a debilitar a los órganos autónomos, en referencia a la omisión de casi cinco meses que acumula el Senado de la República para designar a los tres comisionados del instituto faltantes.
“En México, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales están en peligro, pues la falta de integración completa de nuestro Pleno afecta la autonomía y el funcionamiento de este organismo, cuyo mandato consiste en la promoción y garantía de tales derechos”, subrayó ante la CIDH la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
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