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Simón Vargas

La ONU busca que todas las personas con discapacidad en el mundo puedan ejercer en forma efectiva sus derechos.

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU se aprobó en diciembre de 2006, se trata de un instrumento de derechos humanos que busca que todas las personas con discapacidad en el mundo puedan ejercer en forma efectiva sus derechos, los Estados signatarios están obligados a introducir medidas destinadas a cumplir este fin y a luchar contra la discriminación. http://bit.ly/1xzDlvb

El Comité de esta convención emitió el pasado 3 de octubre sus Observaciones finales sobre el informe inicial de México, en donde resaltó los aspectos positivos que hay en nuestro país, de igual forma manifestó su preocupación y realizó varias recomendaciones con respecto a algunos temas en los cuales México presenta grandes deficiencias y omisiones.

http://bit.ly/1rH77NS

Según la información recabada por el Comité, en algunos estados continua pendiente la adopción de leyes que prohíban la discriminación por motivos de discapacidad, asimismo recomendó al Estado asignar recursos para que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sea traducida a todas las lenguas indígenas en formatos accesibles incluidos el braille, la lengua de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos.

Pero una de las grandes preocupaciones del Comité es la alta tasa de abandono infantil y la institucionalización de los niños y niñas con discapacidad en el Estado, debido a la prevalencia del paradigma asistencialista para su atención y cuidado, así como por el escaso alcance de medidas específicas para ellos en zonas rurales y en comunidades indígenas.

En este tema, el Comité urge al Estado a implementar las medidas previstas en su legislación y en sus políticas para prevenir, proteger y reparar la violencia y el abuso a los niños institucionalizados, ya que le preocupa la ausencia de protocolos para llevar registro, control y supervisión de las condiciones en que operan albergues, refugios o cualquier centro de estancia para niños y niñas con discapacidad.

El propósito de la Convención y de la ONU es cambiar la percepción de la discapacidad, y asegurar que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible, por ello insta al Estado mexicano a que suspenda cualquier reforma legislativa que implique continuar con un sistema de sustitución de la voluntad y a que tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones, por el apoyo en la toma de decisiones, que respete la autonomía, la voluntad de la persona, sin importar su nivel de discapacidad.

Cabe destacar que apenas el pasado 10 de junio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad reformas a los artículos 23 y 450 de su Código Civil, en donde la ley sigue viendo a la discapacidad basado en un modelo médico y no social y además crea nuevas figuras legales para controlar la autonomía de las personas con algún tipo de discapacidad. http://bit.ly/Zcn2Hn

Organizaciones civiles como Disability Rights International se inconformaron  y aseguraron que este tipo de reformas son contrarias a lo que se busca en la Convención por los derechos de las personas con discapacidad, “se refuerza el modelo anterior de que las personas con discapacidad no pueden llevar y conducir su vida por sí mismos”, señalaron en un comunicado en donde solicitaban el veto del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para su publicación, cosa que no sucedió. http://bit.ly/1rV2ux8

Siguiendo en este contexto, el informe del Comité considera alarmante que en México se den actos de violaciones de derechos humanos como la coerción física y el aislamiento de personas con discapacidad internas en hospitales psiquiátricos, que pueden, incluso, constituirse como actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La violación a los derechos fundamentales de esta población, ha llegado a tal grado de que sin su consentimiento libre e informado, en instituciones como la Casa Hogar Esperanza, se recomiendan, autorizan y aplican esterilizaciones forzadas o son realizadas bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 del INEGI, el 6.6 por ciento de la población reporta tener alguna discapacidad,  es decir hace dos años había en México aproximadamente 7 millones 715 mil personas con discapacidad, de las cuales el 7.3 por ciento eran niños menores de 14 años y el 7.6 por ciento jóvenes de hasta 29 años.

http://bit.ly/1uj516n

Sin embargo, en México parece que las personas con discapacidad no existen; porque su acceso a la justicia es escaso; porque se les restringe el derecho a casarse, a la custodia y tutela de sus hijos; porque persiste la falta de escolarización para los niños; porque la tasa de empleo de esta población es mínima; porque con todo lo antes mencionado, se les condena a vivir en la pobreza y la exclusión, a soportar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Porque según el Comité el Estado ni siquiera cuenta con datos estadísticos actualizados acerca de la situación de las personas con discapacidad.

*Analista en temas de  Seguridad, Educación y Justicia

simon.9@prodigy.net.mx

@simonvargasa

facebook.com/simonvargasa

 

 

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