La acusación de Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil y/o El Gil, exjefe de Guerreros Unidos, acusado del ataque y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, es la única prueba en contra del general José Rodríguez Pérez, militar de mayor rango detenido y señalado por los hechos de la noche de Iguala.
A unas horas de que el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, resuelva la situación jurídica de Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, sus abogados acusaron que el juzgador les ha impedido el acceso íntegro al expediente.
›“El juez Enrique Beltrán nos negó el acceso argumentando que estaba en sigilo”, replicó hoy en entrevista para Radio Fórmula el abogado Alejandro Robledo, quien junto con César Omar González, son parte de la defensa legal del general José Rodríguez.
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Sobre el hecho de que la única acusación por el delito de delincuencia organizada en contra del general proviene de los dichos de Gildardo López, quien desde 2020 fue liberado y considerado como testigo protegido por la FGR bajo el seudónimo de Juan, el abogado Alejandro Robledo compartió en el noticiero de Ciro por la Mañana una declaración del mando castrense.
“Nos decía ayer el general: ‘Ahora resulta que los verdaderos responsables, que además confiesan haber sido parte de la banda (de Guerreros Unidos) están libres, y yo estoy detenido por el sólo hecho de haber sido el titular del batallón 27 en Guerrero”, refirió el abogado.
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Por esa razón, señalaron los abogados, es que la semana pasada presentaron una demanda de amparo en contra del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a quien señalaron de extralimitarse en sus funciones al haber declarado como “autoridad investigadora”, como un “ministerio público”, y atentar contra la presunción de inocencia del general Pérez.
El pasado 26 de agosto, el subsecretario Encinas, también presidente de la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotizinapa, sostuvo que el entonces coronel José Rodríguez Pérez presuntamente ordenó “ultimar” y “desaparecer” a seis estudiantes que se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos en Iguala.
En respuesta, el abogado César Omar advirtió que, con la demanda en contra del subsecretario se busca que el funcionario deje de violar los derechos humanos del general y se garantice su presunción de inocencia, pero también se pretende una resolución “que determine la inconstitucionalidad del informe” que Encinas presentó el 18 de agosto.
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