El plan original no era irrumpir en la residencia oficial de Puerto Príncipe y acribillar a sangre fría al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Diecisiete días antes, los enemigos del mandatario haitiano intentaron secuestrarlo en el aeropuerto de la capital, pero un cambio de agenda obligó a abortar la operación.
›Esta es una de las revelaciones que contiene un avance de la investigación realizada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que desde Colombia ha establecido 721 comunicaciones con entidades nacionales y agencias policiales de Haití, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos para desentrañar el magnicidio.
Dado a conocer por el diario colombiano El Tiempo, el informe revela que para perpetrar el asesinato de Moïse se habrían invertido 865 mil 376 dólares (unos 17 millones de pesos mexicanos) que fueron financiados por las empresas CTU Security y Worldwide Capital, con sede en Estados Unidos.
Ambas empresas, de acuerdo a la versión preliminar de la pesquisa, fueron las encargadas de reclutar a los militares en retiro para supuestamente prestar seguridad a un grupo de dignatarios en Haití.
Dato. Al menos 18 exmilitares colombianos estuvieron implicados en el magnicidio.
Sin revelar todavía el nombre de los autores intelectuales del magnicidio ni los móviles del crimen, la investigación difundida por El Tiempo señala que el dinero invertido se recuperaría el día de la ejecución de la operación (7 de julio), “cuando el comando encargado de la operación sacara de la habitación de Moïse 45 millones de dólares que tenía en efectivo”.
“El Tiempo tuvo acceso al informe base –120 páginas– que tiene en Puerto Príncipe la Policía de Haití y que servirá para argumentar el papel de cada uno de los capturados –entre ellos 18 colombianos en el magnicidio– y de las personas que se encuentran prófugas. La Policía de Haití busca desenmarañar el entramado que enreda a autoridades de la isla y políticos, y que fue ejecutado por un grupo de militares en retiro colombianos”, se advierte en la nota publicada en el link bit.ly/3yGlQxM.
Entre los cabos sueltos que los investigadores no han logrado descifrar está la incineración de tres de las seis camionetas usadas en el ataque en la madrugada del 7 de julio pasado, supuestamente a manos de pobladores enfurecidos.
“En esas camionetas se perdió evidencia trascendental, como pruebas dactiloscópicas, el video –DVR– del circuito cerrado que fue desactivado y extraído por uno de los comandos y supuestamente millones de dólares que los comandos que ejecutaron la acción habrían sacado del lugar”, se lee en la pesquisa.