La intensidad de las campañas y la gravedad de los eventos ocurridos a lo largo de los últimos meses pusieron a prueba la fortaleza y funcionalidad de nuestras instituciones, tanto en materia electoral, como en el ámbito de la seguridad pública.
Las amenazas desplegadas en los Estados del sur de la República, de que no se permitiría la realización de los comicios, no obstante la importancia que estos revisten para la consolidación y vigencia de nuestro sistema democrático nacional, nunca cesaron y siempre fueron de enorme consideración. Ningún escenario más indeseable podía preverse que aquel que se dibujó como posible hasta la víspera de la elección misma: la confrontación directa entre profesores de la Sección 22 y otros inconformes, y las fuerzas federales.
Sin despreciar en modo alguno un cúmulo importante de causas sociales que pintan de cuerpo entero la desigualdad que se vive en México y que cualquiera que sea el partido gobernante, se deben atender, bien podríamos decir, sin embargo, que el movimiento magisterial acabó por no ser representativo de ellas, siempre mucho más grandes que aquellos que se pretendieron erigir como sus interlocutores.
En el escenario nacional y de frente al gran universo de las casillas instaladas, los incidentes ocurridos fueron cuantitativamente menores. El resultado general del proceso, para efectos de la consolidación del sistema electoral que los mexicanos nos hemos otorgado, es absolutamente positivo.
Estamos hablando de una muestra de civilidad política y de madurez democrática de la que todos debemos sentirnos orgullosos y con las cuales estamos permanentemente comprometidos.
De los resultados preliminares y hasta la hora en que redactamos estas líneas, aparece que la mayoría de los escaños en el H. Congreso General se mantendrán bajo el poder del PRI y sus partidos aliados, el PVEM y Nueva Alianza.
Todo lo anterior podría otorgarnos una lectura que se debe considerar: la ciudadanía ha dado muestras inequívocas de su aprobación a la gestión que han venido desempeñando el partido en el poder y sus aliados, de ahí que existe un respaldo del poder soberano del pueblo, para permitir la manutención del estado actual de la cosa pública, es decir, un mantenimiento de la vida política y la labor gubernativa presente. ¿Será cierta esa valoración?
La elección en dos entidades federativas nos ofrece signos evidentes de que la decisión de la ciudadanía puede haber sido motivada por factores distintos o haberse otorgado de manera condicionada: Nuevo León y Morelos.
El triunfo apabullante de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en Nuevo León, candidato independiente que obtiene el primer triunfo histórico al gobierno de la entidad en contra de los partidos tradicionales, comprueba un rechazo ciudadano en contra de su clase política tradicional y la urgente necesidad de buscar un refrescamiento del status quo.
La premisa podría repetirse, con sus propias singularidades, en el caso de Cuernavaca, en la que Cuauhtémoc Blanco levantó un triunfo a favor del partido PSD no obstante su pública lejanía de las labores inherentes al desempeño del gobierno, actividad que no obligadamente tiene el ritmo de un partido de fútbol. La ciudadanía encontró su identificación con un personaje carismático y ajeno a la política, no obstante su muy posible incapacidad para cumplir correctamente con la función que habrá de serle encomendada.
El ejercicio político de estas intermedias viene a comprobar el grado de avance y franca consolidación de nuestras instituciones democráticas, así como la convicción nacional más absoluta del puntual ejercicio de la obligación electoral como mejor mecanismo para superar cualquier diferencia en el electorado. La tolerancia al fracaso en las urnas y la solidez de las instituciones jurisdiccionales encargadas de resolver cualquier disputa, son el soporte más firme de la alternancia, que hoy aterriza de la manera más sonora posible en la misma capital del país, en la que se rompió la hegemonía que había venido teniendo el PRD a lo largo de los últimos lustros.
Acaso entonces, ¿el triunfo de la alternancia y la reivindicación de la victoria electoral a favor de un porcentaje mayoritario del PRI no vienen a demostrar, nos lo preguntamos por segunda ocasión, la validez de nuestra primera premisa, sobre el grado general de aceptación de este instituto político y la clase gobernante con la que convivimos?
Sería terriblemente desafortunado para quien fuera, conceder esa lectura al resultado de la elección del pasado domingo. Felicitémonos, sí, por la ecuanimidad nacional y el alto grado de compromiso de la ciudadanía, de acudir a las urnas a cumplir con sus obligaciones constitucionales; pero no por ello, permitamos que caigan en el olvido los antecedentes históricos que han marcado a este proceso electoral.
El carácter histórico de la elección no se le debe a la civilidad con la que el proceso de concretó en la absoluta mayoría de los distritos y casillas electorales instaladas; su carácter histórico obedece también y en forma muy significativa, a todos los hechos y eventos de orden político que le precedieron. Las causas que provocaron el alto grado de participación ciudadana en la elección son, a su vez, el factor histórico indispensable que se debe tomar en cuenta para valorar el proceso en su integridad.
El rechazo de la ciudadanía a la clase política y gobernante quedó evidenciado en Nuevo León, y la novedosa función gubernativa en la entidad fuera de la órbita partidaria, no tiene otra causa distinta de aquella que viene aquejándonos y en contra de la cual deberán luchar los próximos gobernantes y legisladores electos: es inaplazable el deber de terminar con la corrupción en todos sus ámbitos. Ese fue el lema de campaña del flamante candidato electo neoleonés.
A pesar de que el Presidente conservará un amplio grado de maniobrabilidad política con el respaldo de sus partidos desde la Cámara Baja del Legislativo, no cabe la menor duda de que en su actividad administrativa está absolutamente compelido a terminar, de una vez por todas, con la inseguridad y los factores de corrupción que pusieron en jaque al país completo con anterioridad a la jornada electoral.
Si las reformas habrán de concretarse y las leyes secundarias habrán de permitir el despertar del sueño mexicano, esto obedecerá a un cambio significativo en la estrategia para combatir la corrupción, hecho que comenzará con la construcción de un auténtico Estado de Derecho y una modernización del sistema para comunicar las cosas. Hasta hoy, nadie ha visto los resultados.