GUERRERO.- El lunes 6 de junio parecía otra jornada laboral más. Tomás saltó de la cama, se aseó rápidamente y salió rumbo a la comercializadora de pollos en la que trabajaba para comenzar la distribución a los diversos negocios en Chilpancingo.
A las cuatro de la tarde llegó al área de carnicería del mercado municipal “Baltazar R. Leyva Manzanilla” para hacer las entregas. Media hora después, lo habían asesinado.
Ocurrió a plena luz del día, frente a las amas de casa que hacían las compras. Nadie se inmutó, como si el charco de sangre y aquel hombre sin vida fueran parte del mobiliario.
Tomás tenía aproximadamente 40 años. Era distribuidor de pollos y se encargaba de surtir a comerciantes de ese mercado. Fue el primero de los ocho trabajadores de ese giro que fueron asesinados en la primera semana de junio en Chilpancingo. Cinco días de los más violentos que se han vivido en Guerrero.
Uno de los grupos, que ha acumulado en los últimos años mucho poder —de acuerdo a los informes de inteligencia—, le declaró la guerra a otro, y con ello a todos sus intereses: Los Tlacos amenazaron a Los Ardillos.
Los ataques comenzaron y uno de los principales lugares fue Chilpancingo, ni más ni menos, la capital del estado de Guerrero y sus alrededores.
El mismo lunes, a las 7:20 horas, se reportó un ataque armado a una empresa recicladora de papel y cartón en la carretera federal México-Acapulco, cerca de la comunidad de Petaquillas. El saldo, una mujer muerta y dos hombres heridos. Los vecinos comentaban que se trataría de la dueña del negocio, pero oficialmente no hubo información.
Para el martes, en la madrugada, a pesar del frío provocado por la lluvia, hombres armados rociaron con gasolina cuatro vehículos del servicio público, pero no se quemaron en su totalidad porque los mismos vecinos ayudaron a apagar el fuego a cubetazos. Eran dos Urvans y dos taxis de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, quemadas en la colonia Temixco y en el Barrio de San Antonio.
Pero horas más tarde las noticias darían cuenta de que hubo una operación simultánea de quema de autos de pasajeros. Así se sumaron seis vehículos incendiados en menos de 12 horas en Chilpancingo.
El mismo lunes, pobladores y transportistas de Petaquillas habían comenzado con el bloqueo de la carretera federal, para exigir el regreso de retenes de “la guardia civil” o policía comunitaria, que ha sido cuestionada por varias acciones. Para el medio día, cientos de habitantes del poblado retuvieron un convoy del Ejército con al menos 20 efectivos, por alrededor de ocho horas. Los acusaron de haber ingresado al poblado, efectuar disparos y quemar viviendas sin que se confirmara el hecho ni ofrecieran pruebas de ello.
“Como dicen los gobiernos ahora: el pueblo manda, y el pueblo está mandando que nuestro módulo se vaya hacia allá, y eso vamos a negociar. Es un punto clave donde detectas qué personas entran”, expuso citando una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cuando dejaron libres a los efectivos castrenses y se retiraron los pobladores, ya con acuerdos bajo el brazo, hombres desconocidos bajaban a transportistas de dos taxis locales de Chilpancingo, para conducir los vehículos hasta la carretera federal cerca del poblado de Petaquillas, en donde los incendiaron.
›Pero ¿qué hay en el centro de la violencia en Guerrero de estos últimos días?, no sólo pelean la expansión y control territorial para la producción, tránsito y venta de productos ilegales, o la operación del transporte público bajo su control y las extorsiones; sino también el que los grupos criminales pretenden someter la cadena comercial de insumos básicos, desde la producción hasta la venta, de acuerdo con documentos de inteligencia. Una disputa frente a la que autoridades locales y federales no muestran una estrategia.
Sin transporte
A raíz de los ataques contra el transporte público, los sitios decidieron suspender indefinidamente el servicio a la ruta que comprende el “circuito Río Azul”, una zona turística que incluye las localidades de Quechultenango, Colotipla, Petaquillas, Mochitlán y Tepechicotlán. Así transcurrieron tres días sin transporte porque las Urvan sólo llegaban a la salida del parador del Marqués.
Al mismo tiempo, regresaron los crímenes contra distribuidores de pollo. El pasado jueves, 9 de junio, a las 16:00 horas, otro distribuidor fue asesinado con armas largas, cuando salía del estacionamiento de carga y descarga del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla. En este ataque resultó ileso su acompañante, quién sufrió una crisis nerviosa.
El hombre asesinado se llamaba Enrique de 35 años. Era originario del poblado de Petaquillas. Una hora después, a las 17:00 horas, en otro punto, una mujer joven lloraba hincada en la calle Benito Juárez, acordonada con cinta amarilla. Habían asesinado a balazos a Alexander, un adolescente de 15 años. Su cuerpo inerte caía sobre sus rodillas. Para cometer este crimen dispararon en nueve ocasiones con un arma corta.
La violencia continuó. A las 10 de la noche, hombres desconocidos asaltaron a un chófer de camión de carga pesada quitándole 5 mil pesos, y luego rociaron de gasolina el motor para prenderle fuego. Incluso en este hecho, las autoridades también guardaron silencio.
¿Sabías que? Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Violencia, en Guerrero se han cometido 8 mil 760 delitos del 1 de enero al 30 de mayo.
Sábado, nada los frena
Las horas de fuego continuaron. Eran las ocho de la mañana y un grupo de trabajadores desplumaba pollos en el interior de una granja ubicada en la comunidad de Petaquillas, cuando hombres armados ingresaron y dispararon armas de grueso calibre a quemarropa. Asesinaron a seis personas, el encargado del negocio, tres trabajadores, entre los cuales había una menor de 12 años y dos clientes que habían ido a comprar pollo para revenderlo.
Las víctimas fueron cinco hombres, entre quienes se encontraba el encargado de la granja de nombre Víctor; dos clientes de nombres Antonio y Mauricio; además de tres trabajadores, identificados como Kevin Silverio y Diana, esta última era una niña de 12 años de edad. La mamá de Diana, la señora Juana, resultó herida y otro hombre de nombre Rigoberto.
›Por la tarde, la venta de pollo fue suspendida, principalmente en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, donde al menos unas 35 pollerías se encontraban cerradas. Sólo cinco negocios decidieron arriesgarse y abrieron sus cortinas para vender el poco producto que tenían congelado y todavía en existencia. Acabaron su mercancía.
El sábado sólo acudió un grupo de no más de cuatro policías estatales que realizaron recorridos de vigilancia con el apoyo de binomios caninos. Para el lunes, cuando ya era noticia nacional, el número de agentes aumentó.
“Debido a este motivo suspendemos el servicio en todos nuestros canales de venta hasta nuevo aviso”, anunció en redes sociales la distribuidora con razón social “Chelis”, una de las más grandes de la capital.
Fue hasta el miércoles 15 de junio, tres días después de la suspensión de venta de pollo, que los negocios del mercado central reactivaron sus ventas de manera parcial, puesto que fueron unos 20 locales los que reanudaron sus ventas al público.
En un recorrido por la zona, se observó que aún permanece el operativo de seguridad en los pasillos del mercado, en el que participan elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina.
La vida parecía haber vuelto al bullicio diario, sólo que para garantizar que los grupos criminales no volvieran a atacar a los polleros, necesitaron de las fuerzas federales y estatales con armas largas, para cuidarlos.
Autoridades mudas
Durante los días de violencia, las autoridades en general poco informaron sobre los hechos, las investigaciones y la estrategia para apaciguar el miedo de comerciantes y choferes de ruta. Sólo habló la autoridad municipal, discursos y promesas.
El 13 de junio, el Ayuntamiento de Chilpancingo anunció la llegada de 100 elementos de la Marina para reforzar la seguridad en el municipio. La presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez dijo que no habrá impunidad para los crímenes y que había un operativo especial de seguridad en el mercado.
Ese mismo día, la funcionaria puso en marcha lo que llamó “programa de reconstrucción del tejido social”, pero sólo fue el anuncio de obra pública de electrificación de colonias, por 12 millones de pesos para el poblado de Petaquillas.
Por la tarde, encabezó recorridos y patrullajes en el contexto del Plan Nacional de la Paz y Seguridad 2018-2024, y Hernández Martínez aprovechó para asegurar que en la capital se encuentran más de 10 bases operativas conjuntas para resguardar la seguridad de la población.
Pero en los hechos, ninguna de ellas frenó los ataques de días atrás.
Después de una decena de muertos, la edil mencionó que había “avances” para regularizar la venta de pollo con seguridad. “Vamos a buscar que se garantice que vendan con toda la libertad y compren donde quieran comprar; garantizarles todas las medidas de seguridad se han construido en las mesas de coordinación para la Construcción de la Paz” dijo. De las investigaciones y de los responsables, nadie habló.
Controlarlo todo
Petaquillas es donde se ubica una de las bases sociales del grupo criminal de Los Ardillos. Es por eso que el ataque a las personas dedicadas a vender pollos y compradores, pareció confirmar lo advertido dos días antes mediante un comunicado anónimo, en el que el grupo criminal Los Tlacos amenazaba con exterminar a Los Ardillos.
En ese comunicado, el grupo delincuencial oriundo de Tlacotepec, en lo alto de la sierra de Guerrero, aseguraban que sus rivales habían sido los autores de la violencia en Chilpancingo -en que se han producido asesinatos y quemado vehículos, para inculparlos.
Las líneas de ese boletín, encerraba acusaciones que nunca han sido investigadas por las autoridades, pero que informes de inteligencia lo han planteado, al menos de forma superficial.
El documento señalaba que Los Ardillos se apoderaron de más de 500 taxis y Urvans (peseros) “obtenidos de manera irregular en el gobierno del exgobernador de la entidad, Héctor Astudillo, y altos funcionarios de transporte”.
“El grupo de Los Ardillos lleva más de 25 años operando bajo el cobijo de gobiernos perredistas; matando indígenas, mujeres, niños y ancianos; secuestrando, desapareciendo y cobrando extorsiones; así como el manejo y saqueo de los recursos económicos de varios ayuntamientos en su zona de influencia”, atajaba el comunicado.
Estos señalamientos podrían confirmarse con los múltiples crímenes registrados en toda la zona, contra transportistas, ya que estos aparentemente no se han sometido a las extorsiones.
Los llamados Tlacos tienen como líder, de acuerdo a informes federales, a Onésimo Necho Marquina, quien ha logrado mantener la hegemonía de su estructura criminal en lo alto de la sierra, en una de las zonas de mayor producción de amapola.
Tanto Los Ardillos como los oriundos de Tlacotepec cuentan con una amplia base social, que les ha permitido integrar supuestas policías comunitarias para proteger los caminos de acceso.
Pero ambas policías comunitarias, añaden los informes, en las que participan cientos de civiles, en realidad son fachada de actividades ilícitas.
La autodefensa más numerosa, según los hechos de violencia en que han participado, es la de Tlacotepec, integrada por unos seis mil hombres que han combatido, hasta hacerlos retroceder, a los sicarios de otro grupo delictivo, el Cartel del Sur, que al parecer huyó de su principal asiento en el municipio de Chichihualco.
Uno de los dirigentes visibles de esta comunitaria, Servando Alanis, encabezó el pasado 7 de mayo una marcha de más de dos mil elementos por la cabecera municipal de Tlacotepec, con el fin de conmemorar su quinto aniversario. En realidad fue una marcha que pretendió demostrar la vigencia del movimiento.
Una característica de esta formación de autodefensa es que cuentan con un grupo de élite, entrenado por exmilitares, de unos 250 efectivos dotados del mejor armamento que incluye lanzagranadas y fusiles Barret.
Este grupo de élite fue el que expulsó a la policía comunitaria de la UPOEG de su base en Xaltianguis, localidad donde detonaron un carro-bomba.
Esta formación tiene dominio en la carretera de acceso a la Sierra Madre, desde Casa Verde hasta la cabecera municipal de Tlacotepec.
Por su parte, Los Ardillos, protegidos por líderes del PRD, de acuerdo a los documentos, han tomado control de un amplio territorio de la Montaña Alta y Baja, de Chilapa, Tixtla y Chilpancingo, donde tienen bajo su dominio el transporte público.
También ellos han mantenido una confrontación armada con los comunitarios de la UPOEG, a quienes les han asesinado a varios de sus cuadros de dirigencia, como fue el caso del último ataque contra la base de Buena Vista, donde dieron muerte al maestro Mario Maldonado, uno de los dirigentes más aguerridos de esa organización.
A raíz de los ataques contra el transporte público, los sitios decidieron suspender indefinidamente el servicio a la ruta que comprende el “circuito Río Azul”, una zona turística que incluye las localidades de Quechultenango, Colotipla, Petaquillas, Mochitlán y Tepechicotlán.
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