Seguro se acuerdan de Emilio Zebadúa, excolaborador de Rosario Robles, quien no ha perdido el apetito aunque coma solo, quien ha sido investigado no sólo por la llamada Estafa Maestra, sino por entregar 190 millones de pesos a sus hermanos para gastarlos ¡en apuestas, casinos y envíos al extranjero! Bueno, pues este personaje sigue haciendo de las suyas como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.
Resulta que la FGR usó por primera vez las declaraciones de Zebadúa, exoficial mayor de la Sedatu y la Sedesol, para imputar penalmente por la Estafa Maestra a Enrique González Tiburcio.
Todo estaría bien si, en primera, Zebadúa dijera la verdad; segunda, si no hubiera denuncias por parte de Enrique González. ¡Justo en contra de él! Al advertir que le habían falsificado su firma en convenios con universidades vinculados al presunto desvío de recursos públicos. ¡Así como lo están leyendo!
Qué les cuento, el caso de González Tiburcio ha causado mucha indignación en el mundo académico, de dónde viene Enrique Gonzalez a quien le falsificaron su firma en la Sedatu, justo en los tiempos en que Zebadúa era el Oficial Mayor y quien movía los hilos del dinero.
En cuatro años, Enrique González pasó de denunciante a imputado. Es maestro en Economía por la UNAM y ha sido servidor público en temas técnicos en Economía, Función Pública y Turismo, además del Inegi y el INAI.
En 2017, como servidor público, presentó la primera denuncia por la falsificación de su firma en un contrato, fue ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu, pero después siguieron las denuncias penales.
Ahora, los ojos están puestos en el juez Marco Antonio Fuerte, quien tiene en sus manos el caso de González Tiburcio.
La pregunta aquí es ¿quién protege a Zebadúa desde la FGR? ¿Serán Mónica Martel Holguin y Mario Bulmaro Fonseca, heredados desde la antigua PGR? Goza de un manto de impunidad tal que lo hemos visto, al estilo Milo Lozoya, en restaurantes de Las Lomas o paseándose por el Shu de Acapulco.
La diferencia entre estos dos Emilios es que el colaborador de Rosario Robles suele comer solo. Hace apenas dos meses mostré la foto del exfuncionario en un restaurante de sushi que está enfrente de la Torre Virreyes.
Zebadúa se comprometió a declarar en juicios y solicitó el criterio de oportunidad a la FGR en aras de evitar la justicia. ¡Pero es que una cosa es solicitar el recurso de criterio de oportunidad y otra cosa es prostituirlo!
Así es, usar la mentira como recurso para alcanzar la impunidad, diría el presidente López Obrador, “es muy bajo”. Hasta los ocupantes de Palacio Nacional lo trataron con desdén y muy poca seriedad.
Ahora resulta que quien fue el encargado del manejo de los recursos de la Sedesol y de la Sedatu y, por tanto, quien firmó los convenios de colaboración con universidades que fueron señalados de irregularidades, ahora es una víctima.
Sí, la víctima de un esquema malévolo ideado por sus jefes, entre ellos Rosario Robles, quien está en el penal de Santa Martha Acatitla por un delito que NO amerita prisión preventiva. Ojo, ¿será que la FGR congeló la denuncia de la UIF contra Emilio, no Lozoya, sino Zebadúa?
Porque en 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR por presunto lavado de dinero cometido por Emilio y sus hermanos José Ramón y Lourdes Zebadúa, por 205 millones de pesos.
La cereza del pastel: La UIF fue clara al advertir que “el monto de sus gastos no encuentra justificación en una actividad lícita”, y su falta de declaración de dichos ingresos ante el SAT “puede ser una estrategia para el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas”, lo que provocó que les congelaran las cuentas.
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