Como si la elección de gobernador en el Edomex no tuviera la importancia política que sin duda reviste de cara al 2024 con la elección presidencial, el Congreso y un sinfín de estados, parece que alguien quiere meter una zancadilla al gobierno de Alfredo del Mazo. Y este asunto tiene que ver con ¡un nuevo impuesto!
¿A quién se le ocurre proponer un nuevo gravamen fiscal en pleno proceso electoral? Es un sinsentido que se advierte desde cualquier texto sobre campañas políticas hasta el simple sentido común: no se suben impuestos en vísperas de elecciones.
Pues resulta que en la vecina entidad mexiquense, centro de atención nacional por la renovación de la gubernatura a mediados del año que entra, quieren aplicar un impuesto de 2 % al comercio digital, que grava fundamentalmente a las famosas aplicaciones electrónicas de reparto a domicilio.
Sí, las mismas que experimentaron una gran expansión por la pandemia de Covid-19, en que muchas veces fueron la única opción para abastecerse en casa, y que representan una gran actividad económica en zonas urbanas como la que habitan millones de personas en el Edomex. Hablamos de empresas como Uber Eats, Rappi, Cornershop y muchas otras donde trabajan miles de mexicanos que han encontrado ahí una fuente segura y honrada de ingresos.
¿Recuerdan la fatídica historia de un impuesto similar que impuso en 2021 el gobierno de la CDMX? Si hacemos memoria, el año pasado la administración de la regenta impuso justamente esa tasa con un pretexto que no es de creerse: un aprovechamiento por el uso de las calles. Así como lo oyen, un impuesto por quienes usan calles, avenidas y puentes para repartir comida o artículos diversos.
Resulta que ante este despropósito, vino el año pasado un movimiento inmediato de rechazo por parte de las empresas y de los mismos trabajadores, quienes directamente se verían afectados por el impuesto al reducir sus ingresos, así como una ola de amparos y hasta acciones de inconstitucionalidad de la medida, que sólo enrarecieron el ambiente político capitalino, cuyas finanzas ni siquiera han logrado hasta la fecha recaudar un solo centavo, merced a las protestas y a las acciones legales en marcha.
Y no solo eso, la propuesta y aprobación de este impuesto se convirtió en uno de los temas más polémicos para el gobierno de Sheinbaum después del desastre de la Línea 12 del Metro. De ese tamaño el asunto.
Bueno, pues quieren repetir ahora la historia en el Edomex, lo que confirma que uno no aprende en cabeza ajena. Que alguien les explique las consecuencias ya conocidas, adicionalmente a los saldos electorales que podría traer consigo esta decisión.
Alguien quiere encontrar la gallina de los huevos de oro en una industria donde miles de trabajadores han sacado adelante el comercio de bienes, insumos y alimentos aún en una economía cerrada por emergencia sanitaria y actualmente en lo que todos deseamos plenamente: la recuperación económica absoluta.
Los repartidores han estado y están en las calles no por gusto sino por necesidad, lo que hace ilógico que les quieran cobrar por transitar por el espacio urbano, que es público y donde no solo ellos, sino millones más trabajan honradamente y sin hacer daño.
Un nutrido grupo de estos repartidores —jóvenes la gran mayoría—, cerraron filas el año pasado en la capital ante esta política errónea. ¿Por qué tendría que ser diferente en la inmensa zona conurbada a la ciudad de México? Además, no hay que olvidar que ellos también votan. ¿Conocerá esta iniciativa la candidata del PRI al gobierno estatal, Alejandra Del Moral? Ahí queda la pregunta.
Descuido político, mala fe de alguien o de plano suicidio electoral. Ahí se las dejo. De por sí está compleja la situación en la entidad más grande y rica del país, el Edomex.