El Parlamento español debe aprobar finalmente este jueves una ley que legalizará la
eutanasia
en el país, uno de los pocos en el mundo que permitirá ayudar a morir a un paciente incurable para evitar su sufrimiento.
La legislación, que entrará en vigor en junio tras una moratoria de tres meses, responde a una creciente demanda social, que tuvo casos emblemáticos como el de Ramón Sampedro, encarnado por Javier Bardem en la oscarizada película “Mar adentro”.
Es una victoria “para la gente que puede beneficiarse de ello” y también “para Ramón”, se congratuló en entrevista con la AFP Ramona Maneiro, la amiga que ayudó a morir a Sampedro. Detenida por ello, no fue juzgada por falta de pruebas.
España será solo el cuarto país europeo que despenaliza la muerte asistida, junto a la pionera Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Portugal la validó en enero, pero la Corte Constitucional pidió revisar la ley antes de promulgarla.
En América Latina, solo Colombia permite la eutanasia.
La norma española, una prioridad para el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, autoriza la
eutanasia
(personal médico administra la sustancia mortal) y el suicidio asistido (la persona se encarga de tomar la dosis prescrita).
Varios otros países toleran esta última opción, así como la llamada
eutanasia
pasiva (la interrupción de tratamientos médicos para mantener la vida).
Estrictas condiciones
La norma en España, que debe ser aprobada el jueves por el Congreso de los Diputados con el apoyo de la izquierda y el centro, permitirá a toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitante” solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”.
De todas maneras, se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal, sea “capaz y consciente” al hacer la petición. Esta debe formularse por escrito “sin presión externa” y ser repetida quince días más tarde.
El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y recibir luz verde de una Comisión de Evaluación.
Y cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública.
Esta regulación ha sido recibida con júbilo por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente y pacientes que agradecen tener la opción disponible.
“No tiene ningún sentido que la gente (...) tenga que optar por una vida indigna”, dijo a la AFP en Barcelona Sofía Malagón, una colombiana de 60 años enferma de párkinson. “No quiero que me tengan allí como una planta” llegado el momento, afirmó.
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