La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no reasumir competencia en los amparos promovidos por comunidades indígenas de Sonora no resuelve el fondo del asunto, pero sí coloca el debate en su justa dimensión: la distancia entre el reconocimiento de derechos y su aplicación efectiva.
Con una votación dividida, el Pleno determinó que los expedientes regresen a un tribunal colegiado. En el centro está el Decreto 38 del Congreso de Sonora, que homologó las elecciones estatales con las federales y fijó, por única ocasión, una gubernatura de tres años en 2027. Para comunidades como la Nación Tohono O’odham y el pueblo Guarijío (Makurawe), el problema es de origen: la reforma se aprobó sin una consulta previa.
El punto no es menor. La consulta a pueblos indígenas está reconocida como un derecho en el marco constitucional y en estándares internacionales. Sin embargo, su aplicación sigue dependiendo de interpretaciones sobre qué constituye un “impacto significativo”, una definición que, como muestra este caso, sigue siendo terreno de disputa.
Las comunidades sostienen que la reforma sí tiene efectos concretos, especialmente en la continuidad de los Planes de Justicia para pueblos indígenas en Sonora, que involucran también a pueblos como el Yaqui, Yoreme-Mayo y Seri (Comca’ac). Se trata de políticas de largo plazo cuya viabilidad depende, en buena medida, de la estabilidad administrativa y la voluntad del Ejecutivo estatal.
La decisión de la Corte puede leerse como una postura de cautela institucional: permitir que los órganos inferiores agoten el análisis antes de intervenir. Pero también deja ver los límites del acceso inmediato al máximo tribunal en casos que, para las comunidades, son urgentes.
A ello se suma un elemento relevante: la expectativa de interlocución. Integrantes de las comunidades permanecieron durante horas en la Corte con la intención de ser recibidos por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Este caso representaba una prueba de fuego para un ministro que llegó con la bandera de defender a los pueblo y comunidades indígenas. Más allá de las razones institucionales, el episodio refleja una brecha persistente entre las instancias de decisión y quienes buscan ser escuchados directamente.
El caso no está cerrado. Volverá a revisarse en un tribunal colegiado y eventualmente podría escalar nuevamente. Pero mientras tanto, deja una pregunta abierta: ¿cuándo la consulta dejará de ser un requisito discutido en tribunales para convertirse en una práctica sistemática en las decisiones públicas?
Aduaneros por las cuentas claras
En medio del reacomodo institucional que vive el comercio exterior, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales decidió enviar una señal clara de alineamiento con la agenda de transparencia impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, al respaldar las declaraciones patrimoniales y desmarcarse de cualquier intento de frenar su aplicación vía amparos; el mensaje, leído en clave política, también apunta hacia la Agencia Nacional de Aduanas de México que encabeza Rafael Marín Mollinedo, donde el gremio que lidera José Ignacio Zaragoza Ambrosi busca reposicionarse como aliado institucional, en momentos en que la digitalización, la vigilancia y la rendición de cuentas se consolidan como ejes centrales del nuevo modelo aduanero.
