La trata de personas en México con fines de explotación sexual y laboral se mantiene como un problema creciente.
Pese a diversos señalamientos y análisis de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, desde 2015 se mantiene en el país una incidencia de al menos tres víctimas de este delito, considerado la esclavitud del siglo XXI.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a noviembre de 2021 se contabilizan 5 mil 116 víctimas de ese delito a nivel nacional, 41% de las cuales se registran en lo que va del gobierno actual.
El más reciente Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2021, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio cuenta que entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio del año pasado, las fiscalías y procuradurías del país contabilizaron 3 mil 896 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, siendo el 2020 el año con más víctimas, al sumar un total de mil 072.
En ambos registros, la incidencia refleja un promedio de alrededor de tres víctimas diarias. En razón de ese hecho, el último reporte sobre trata de personas del gobierno de Estados Unidos identifica a México en un nivel 2, al señalar que “el gobierno mexicano no cumple plenamente las normas mínimas para la erradicación de la trata de personas; sin embargo, se empeña en lograrlo. Demostró haber tomado más iniciativas en comparación con el periodo del informe anterior”, indica el informe dado a conocer por la embajada y consulados de ese país de marzo de 2021.
El fenómeno de la trata en México en los últimos cinco años se ha enfocado en que los tratantes de personas explotan a víctimas tanto nacionales y extranjeras en el país y a víctimas mexicanas en el exterior; las mujeres, los niños, los menores no acompañados, los indígenas, los migrantes, las personas LGBTQI y las personas que tienen discapacidades físicas e intelectuales son los grupos más vulnerables.
Dentro de las fortalezas que identificó la CNDH para mejorar el combate a ese delito, señaló la necesidad de contar con protocolos especializados para la atención de las víctimas y el establecer estrategias que contribuyan “a la reducción de impunidad, corrupción de las autoridades, prácticas administrativas deficientes y dilación en la investigación de los casos”.
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