A una semana de haberse instalado en plantón en el Campo Militar 1-A, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa anunciaron la suspensión temporal de su campamento, pero advirtieron retomarlo si el gobierno no cumple con sus demandas.
Acompañados de su abogado e integrantes de organizaciones civiles, los familiares de los normalistas exigieron que se investigue penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto y a todos los altos funcionarios señalados de construir la “verdad histórica” del caso; y que el Ejército entregue todos los documentos pendientes para dar con el paradero de los jóvenes.
“Seguiremos adelante y si no hay respuesta vendremos otra vez aquí, vendremos a hacer otro plantón y no tenemos miedo de lo que nos puedan hacer estas personas (los militares) que están atrás de nosotros porque sabemos de lo que son capaces”, advirtió Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos hace nueve años.
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Sobre el contenido del segundo informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa que ayer presentó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, los familiares y representantes de los normalistas reconocieron el señalamiento de la “junta de autoridades” que encabezó el exmandatario y otros integrantes de su gabinete para dar por concluido el caso.
En ese sentido también destacaron que el subsecretario Encinas, a quien señalaron como su único interlocutor entre los padres y el gobierno, les dio la razón sobre los archivos que están pendientes de ser entregados por la Defensa Nacional en los cuales se prevé que hay información clave para conocer el destino de al menos 17 de los normalistas quienes fueron entregados por la Policía Municipal de Iguala a integrantes de Guerreros Unidos.
Reiteraron que mantienen desconfianza hacia el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, y refrendaron su apoyo al exfiscal Omar Gómez Trejo, sobre quien hoy reveló el presidente López Obrador hay una investigación en curso en su contra por presuntas omisiones, al asegurar que el exfiscal no es quien está obstruyendo el avance de las investigaciones sino el Ejército por no entregar los documentos en su poder.
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