En México, 9.5 millones de personas viven con discapacidad, esto es, el 7.3% de la población total. De ellos, más de la mitad son mujeres y 50.9% tiene 60 años o más. En 2024, su ingreso monetario trimestral promedio fue de $20,782, frente a $31,098 entre las personas sin discapacidad. Además, los hogares con al menos un integrante con discapacidad gastaron en salud $3,415 por trimestre, frente a los $2,248 de los demás hogares. Estas diferencias muestran por qué el apoyo público es importante: este grupo de la población tiene menos ingresos, enfrenta mayores gastos y encuentra barreras en la escuela, el empleo, las calles y el transporte.
El presupuesto federal identificado para atender a esta población aumentó 90 veces en los últimos seis años. El gasto ejercido pasó de 304.6 millones de pesos (mdp) en 2018 a 28 mil 050.2 mdp en 2024; para 2026 se aprobaron 37 mil 192.1 mdp. Este crecimiento se explica principalmente por la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. En 2024, este programa ejerció 27 mil 362.4 mdp y, para 2026, recibió 36 mil 266.0 mdp, esto es, en ambos años concentró 97.5% del presupuesto analizado.
La pensión para personas con discapacidad permanente reconoce que las personas con discapacidad enfrentan costos adicionales. Actualmente, 1 millón 596 mil personas reciben $3,300 pesos cada dos meses, lo que representa el 16.8% del total de personas con discapacidad. Esta cifra es solo una referencia y no la cobertura formal del programa, pues no todas cumplen sus requisitos. Aun así, permite observar que el apoyo no alcanza a la mayoría de esta población.
También es necesario cuestionarse si el monto es suficiente. Por ejemplo, Brasil cuenta con el Benefício de Prestação Continuada, que entrega cada mes el equivalente a un salario mínimo a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Para que la pensión mexicana alcanzara un monto comparable, tendría que multiplicarse aproximadamente por cuatro. Aunque la pensión absorbe casi todo el presupuesto analizado, su monto todavía es bajo frente a este referente regional. Aumentarlo y ampliar la cobertura implicaría una presión adicional sobre el gasto.
El resto del presupuesto destinado a este grupo poblacional representa el 2.5%. En 2024, Protección Social representó 97.9% del gasto, Educación 2.0% y Justicia menos de 0.1%. El principal programa no pensionario fue el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, con 551.3 mdp; le siguió el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, con 83.0 mdp. En conjunto, estos recursos atienden necesidades de salud, rehabilitación, educación inclusiva, accesibilidad y garantía de derechos.
Fortalecer esta política no significa elegir entre la pensión y los servicios complementarios: se necesitan ambas cosas. El apoyo económico debe avanzar en monto y cobertura, sin desplazar el financiamiento de salud, rehabilitación, cuidados, educación inclusiva, accesibilidad y empleo. El reto no es únicamente el presupuesto, sino distribuir mejor los recursos. Solo así el aumento de los recursos podrá traducirse en una política integral y en mejores condiciones de vida para la población con alguna discapacidad permanente.
