Ante la pandemia del Covid-19, grupos del crimen organizado impuso medidas sanitarias restrictivas, como toques de queda, amenazas a médicos y cobro de impuestos, en entidades del país, advirtió la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con el documento Observaciones sobre violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la contingencia sanitaria de covid-19, realizado por la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, en la lista aparecen seis localidades de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Veracruz.
En Guerrero, Iguala y Petatlán, durante las semanas recientes se registraron agresiones a personal médico y toques de queda, los mismo ocurrió en Culiacán y Los Michos, Sinaloa, del 12 al 18 de abril, en el primer lugar, y del 19 al 25 en el segundo.
En Tuxpan, Veracruz, miembros del “Grupo Sombra” obligaron a la población a tomar medidas de aislamiento, del 26 abril al 2 de mayo y en Santiago Ixcuintla, Nayarit, la Segob identificó el cobro de impuestos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la Segob, los estados y municipios siguieron aplicando medidas coercitivas y sanciones “desproporcionadas”, respecto a los derechos humanos, tales como arrestos administrativos, que no incidieron positivamente en la tasa de casos confirmados de Covid-19, advirtió la dependencia federal.
Durante los meses de marzo, abril y mayo, autoridades estatales y municipales implementaron 53 medidas extraordinarias que incluyen el arresto administrativo como sanción de primera, segunda o tercera instancia, así como 71 medidas que incluyen la posibilidad de
sanción con multas.
Acorde con este criterio, las medidas extraordinarias “que implican una restricción de derechos” incluye: reducción de movilidad, filtros sanitarios, uso obligatorio de cubrebocas, toque de queda, acceso restringido, restricción de movilidad y cierre de accesos.
Señala que las sanciones que preocupan son aquellas dirigidas a personas físicas y no a establecimientos, como las amonestaciones, multas y arrestos de hasta 36 horas. Esa posibilidad de arresto también se encuentra en 14 entidades más.
En cuanto a agresiones contra personal de salud, a partir de un rastreo en fuentes abiertas se observó que entre los meses de abril y mayo se registraron 103 agresiones a personal de salud, en 29 estados. En abril se registraron (53) agresiones, en mayo (34) agresiones y (16) agresiones cometidas durante la contingencia en fecha sin especificar. Los estados que mayor número de éstas son la Ciudad de México (19) y Jalisco (15); éstos concentran el 33% de las agresiones registradas.
Los ataques cometidos contra el personal de salud se concentran en (45) agresiones físicas, (25) verbales, (2) escritas y (31) de otro tipo. Del total de agresiones 51 fueron dirigidas a mujeres, 26 a hombres y en 26 no se tiene especificado el género.
En el informe también se señala que durante la contingencia sanitaria, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración ha puesto especial atención al clima de violencia que persiste en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
De enero a mayo de 2020, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de esta Subsecretaría registró 250 agresiones, de las cuales 128 corresponden a personas defensoras de derechos humanos (63 hombres, 52 mujeres, una persona transgénero y 12 colectivos) y 122 agresiones a periodistas (88 hombres, 34 mujeres y 4 colectivos).
Resalta que desde que se decretó la contingencia por la propagación de virus SARS-CoV2 el día 15 de marzo de 2020, se han identificado 140 casos donde se reportan agresiones, amenazas y situaciones de riesgo cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En tanto, durante marzo, abril y mayo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) registró 1,260 personas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales 754 son hombres y 506 mujeres.
La búsqueda inmediata de estas personas durante la contingencia por parte de la CNB y autoridades locales y federales tuvo como resultado la localización de 551 personas, que significan el 43.7% del total de personas desaparecidas y no localizadas en este periodo.
Los datos anteriores se incluyen en el segundo reporte de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, de observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la emergencia sanitaria, en el periodo abril-mayo del año en curso.