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Uno de los principales proyectos de esta administración ha sido mal supervisado por la SEP, lo que ha provocado que las autoridades de los estados no hayan comprobado hasta ahora el uso de 594 millones de pesos
El Programa Nacional de Inglés (PNI) debutó con el pie izquierdo. En su primer año de aplicación no sólo tuvo más de 594 millones de pesos sin comprobar y falta de mecanismos para garantizar su correcta asignación en los estados, sino que es en la actualidad el instrumento para desarrollo social con mayores anomalías contables.
El más reciente Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que encontró “ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión que impiden a la Secretaría de Educación Pública contar con la garantía de que los recursos del Programa Nacional de Inglés que transfiere la Dirección General de Desarrollo Curricular a las entidades federativas para su ejercicio, se encuentran comprobados con los documentos que acrediten fehacientemente su ejercicio en los conceptos de gasto autorizados en las Reglas de Operación”.
En su reporte, dado a conocer el pasado 30 de junio, la ASF señala que existe un monto pendiente de comprobar o reintegrar por 594 millones 826 mil 800 pesos respecto de los recursos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) transfirió a las entidades federativas; deficiencias en las Reglas de Operación, ya que no se mencionan los requisitos que deberán cubrir los asesores externos que impartirán las clases del idioma inglés ni los plazos para que las tesorerías estatales transfieran los recursos a la autoridad educativa local.
La ASF, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, identificó que el ejercicio de los recursos no se realiza con base en las necesidades reales de cada una de las entidades federativas debido a que éstas se encuentran limitadas para ejercer los recursos según los montos máximos autorizados y además no se comprobaron los mecanismos de supervisión a cargo de la SEP para constatar la correcta aplicación de los fondos.
Para el año 2016 la Cámara de Diputados autorizó un presupuesto de 789 millones 24 mil pesos para el Programa Nacional de Inglés, idioma que se ha convertido en el medio de comunicación y transmisión de información más empleado en ámbitos como el desarrollo tecnológico, la investigación, el sector terciario de la economía y el entretenimiento.
“El saber inglés adquiere valor como capital lingüístico; los alumnos y alumnas que aprenden el idioma contribuyen a superar barreras culturales entre países, alcanzando mayor flexibilidad en el comercio, el desarrollo de la tecnología, el turismo y la movilidad estudiantil”, se señala en el decreto que dio origen al instrumento, el cual estima que en 20 años México podría ser un país bilingüe.
›Para su reporte de 2016, la ASF seleccionó al estado de Nuevo León para analizar qué tan transparentes son sus procedimientos en la entrega y utilización de los recursos federales, pero la experiencia fue poco alentadora.
“Respecto de la visita realizada a la Secretaría de Educación en el estado de Nuevo León, se verificó que no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por un importe de 10 millones 651 mil 800 pesos y existen contratos personales celebrados con mil 454 asesores externos especializados sin que éstos cuenten con las firmas de autorización correspondientes.
ejecentral también tuvo acceso a una evaluación realizada por El Colegio de México, la cual advierte que el Programa Nacional de Inglés tiene dos errores estructurales que pueden dar pie al mal uso de los recursos públicos, pues es un error considerar a las autoridades locales como beneficiaras del plan gubernamental, y no las escuelas, y la falta de mecanismos para que la Federación se cerciore de la correcta aplicación del presupuesto.
El monto de las irregularidades detectadas sólo en el Plan Nacional de Inglés es superior a las anomalías halladas en todo el sector de Comunicación y Transportes (con 158 millones), al sector Energía (con 329 millones), a Pemex y CFE juntas (con 378 millones) y a los recursos asignados a las instituciones públicas de educación superior (con 185 millones), que suelen tener malos manejos millonarios.