Se prevé que el 25 de febrero el Congreso de Jalisco apruebe el dictamen para expedir la Ley de Personas Desaparecidas, la que sería la más avanzada en su materia. Sin embargo a las familias de las personas desaparecidas y los colectivos que las acompañan hay un tema que sigue siendo de gran preocupación: el presupuesto.
La sociedad civil y organizaciones diversas se encuentran presionando en redes y con protestas en edificios de gobierno para que el dictamen pase al Pleno y se apruebe sin cambios el jueves.
Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), explica a ejecentral que esta legislación es la más desarrollada por encima de la Ley General de Desapariciones, pues incorpora conceptos para ampliar la búsqueda no solo a fosas, sino a pozos y otros depósitos clandestinos, también crea las células municipales de búsqueda y obliga a las autoridades a rendir informes periódicos sobre las acciones de localización de personas y dar a los familiares los expedientes de identificación.
Para la experta de Cepad, los candados de la Ley para evitar la fuga de información así como la opacidad, son elementales.
“Esta ley es importante considerando el contexto de Jalisco, donde por años ha habido una tendencia a nivel del ejecutivo estatal de no proporcionar la información o incluso minimizar varios datos referentes a la problemática de
desaparición ocultar la información de manera intencional, entonces estos candados han sido clave”, dijo.
La experta comenta que si la implementación de esta Ley —que ha sido trabajada durante meses junto con las familias de personas desaparecidas y colectivos de la sociedad civil— se da de forma correcta podría romper la cadena de impunidad que impera en el estado, donde se reportan más de 11 mil personas desaparecidas y no localizadas.