Las decenas de demandas que llegaron a la Suprema Corte de Justicia para impugnar las distintas reformas legales en materia electoral que integran el “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador serán analizadas, quizá, por dos integrantes del supremo tribunal.
Dicen los que saben que ya diseñaron todo un mecanismo de análisis y presentación de los proyectos para resolver en el Pleno, en pocas semanas, todos los expedientes bien soportados.
Por cierto, habrá que pedirles a los partidos políticos, legisladores y demás interesados, federales y estatales que presentaron recursos ante la Corte, que muestren los documentos, porque en lo público se lanzan a descalificar el “Plan B”, pero al parecer varias de las demandas están hechas al vapor y sin muchos elementos.