Restablecer la ley y el orden es prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto, pero el tiempo se agota rápidamente. Tan pronto descendió del avión que lo trajo de Australia, afirmó que el último recurso para frenar la violencia que se vive en el país es la fuerza. ¿Pero cómo restablecer el orden cuando por su naturaleza el gobierno, cuya función primaria que es proveer la seguridad a sus ciudadanos, ha claudicado de su responsabilidad? Peor aún, en sus tres niveles los gobiernos violan los derechos constitucionales de la mayoría de la sociedad, porque las minorías que rompen las leyes, asaltan, incurren sistemáticamente en intentonas de asesinato y violan las garantías individuales y las libertades de los ciudadanos, siempre tienen carta de impunidad. No es la criminalización de la protesta y el derecho a pensar diferente la razón; es el miedo de aplicar la ley a quien la rompe, lo que domina el cuerpo político mexicano.
El problema que enfrenta el gobierno es por su confusión sobre la aplicación de la ley y el respeto a las libertades. Ampliar la tolerancia ante quienes expresan indignación e inconformidad con el gobierno es respetar sus derechos y libertades; ser tolerantes con delincuentes, es lo que crecientemente tensiona a la sociedad. La laxitud con la que se aplica la ley –se recarga entre quienes la respetan y se anula frente a quienes la conculcan-, está generando presiones de las élites que ante la tolerancia institucional a delincuentes, exige mano dura.
El viernes pasado fue uno de esos días. El gobierno federal y los gobiernos locales decidieron esconderse en una jornada de boicots al arranque del Buen Fin. Pero midieron todo con el mismo rasero. Aquellos que vieron de esa forma una expresión de protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa, y quienes aprovecharon la coyuntura para asaltar en despoblado. Decenas de propiedades privadas fueron afectadas; 67 camiones de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio fueron robados. Centros comerciales en tres entidades fueron secuestrados y los consumidores agredidos. Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de Wal-Mart afirma que ni siquiera en los países completamente infectados por el narcotráfico en Centroamérica, la inseguridad para el consumidor es tan elevada como en México.
En una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el viernes pasado, los empresarios le dijeron que iban a exigir públicamente la destitución del comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, por incumplir con su responsabilidad de proveer seguridad a los ciudadanos. Se les persuadió de pedir los ceses a cambio de una reunión con el Presidente.
El sábado, quienes no tienen acceso a esos niveles ni disponen de esos recursos, vieron que cientos de granaderos del Distrito Federal, que no aparecieron cuando un grupo de provocadores prendió fuego a la puerta del Palacio Nacional, fueron apostados para proteger la casa particular del Presidente. La ley y el orden en México no son parejos para todos.
Este tipo de paradoja aflora porque el gobierno no supera la contradicción de cómo aplicar el Estado de Derecho cuando sus acciones lo violan cotidianamente. Al permitir que se violenten las libertades de terceros o que sean impunes quienes abiertamente delinquen, el gobierno tolera el rompimiento de la norma establecida. Pero no puede impedirlo por la fuerza, porque carece de la legitimidad para utilizarla. Los tres requisitos fundamentales para un país de leyes, se puede argumentar, no son regularmente respetados por uno o más niveles de gobierno en México:
1.- El gobierno, sus funcionarios y fuerzas de seguridad, así como los individuos y las entidades privadas, son responsables ante la ley.
2.- Las leyes son claras, públicas, estables y justas, que se aplican sin distinción, a fin de proteger los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y de la propiedad.
3.- El proceso mediante el cual las leyes son elaboradas, administradas y aplicadas, es accesible, justo y eficiente.
Esta deficiencia conduce a la ilegitimidad en el monopolio del uso de la fuerza, en los términos como planteó Max Weber hace casi un siglo, donde los estados funcionales reproducen las formas de violencia que sostienen las relaciones sociales de poder existentes, mientras suprimen aquellas que amenacen con romperlas. México es un Estado disfuncional, cuya reparación fue soslayada por décadas. Ha pasado casi medio siglo desde la matanza de Tlatelolco y se mantiene el trauma de la represión, cuando se utilizó la fuerza militar para resolver un problema que los políticos fueron incapaces de resolver con diálogo y acuerdos.
Las palabras del Presidente el sábado colocan una vez más al diálogo y los acuerdos como etapa previa para el uso de la fuerza. El problema es que su gobierno ha sido incapaz, como lo fue el de Gustavo Díaz Ordaz, de encontrar con creatividad la solución política a un problema político que hace semanas dejó de ser circunscrito al ámbito de Ayotzinapa. Esta es la gran paradoja del momento mexicano. Por su falta de oficio, la represión que se quiere evitar, se está convirtiendo en el único camino posible para restaurar el orden. Esta ruta es algo que por el bien de las libertades en México y de su propio juicio histórico, es algo que el Presidente debe evitar, mediante el hallazgo del talento político del que hasta hoy, para este reto, su gobierno ha carecido.
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