Ilustración: EjeCentral

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Jonathan Nácar

Para poder congelar las cuentas del exsecretario Genaro García Luna, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda abrió un expediente en el que incluyó, principalmente, reportajes periodísticos. 

Los documentos, a los que tuvo acceso ejecentral, le permitieron al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, contar con los “indicios” para bosquejar el “rebuscado esquema” mediante el cual el exencargado de la seguridad pública de México habría planeado y ejecutado una amplia red de lavado de dinero, a través de la contratación de empresas fachada. 

Así quedó asentado en el Acuerdo 286/2019, a través del cual la Unidad sumó a la lista de personas bloqueadas al exfuncionario de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. En su momento, Nieto Castillo señaló a este periódico que tenía unos dos meses trabajando con las autoridades estadounidenses, aunque de acuerdo con los documentos, en realidad la UIF no contaba con algún expediente abierto contra García Luna, y fue hasta el 9 de diciembre, un día antes de recibir el oficio formal de solicitud de asistencia por parte del Departamento de Justicia estadounidense que se abrió el Acuerdo.

Los investigadores de Estados Unidos ya habían detenido entonces a García Luna, bajo los cargos de conspiración, narcotráfico y declaraciones falsas, acusaciones que lo mantienen todavía preso en ese país. 

En el Acuerdo de la UIF, de 33 páginas, se advierte que lo único que aportó la oficina de Nieto Castillo al documentos fue la información bancaria y percepciones declaradas por el exfuncionario que forman parte de las bases de datos de la Dirección General de Análisis de la unidad encargada de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero el soporte para explicar el contexto y la ruta de las operaciones con lo que la Unidad sustentó el congelamiento de las cuentas relacionadas con García Luna —que hasta finales de febrero de este año ya alcanzaban a 14 personas físicas y morales—, fue sólo con el seguimiento y recopilación de recortes periodísticos.

Existen contrataciones por parte de otras dependencias y el dinero se trasladaba hacia Panamá (…) Panamá remitía el dinero por parte de esta empresa cuya apoderada legal era cercana (…) con el señor García Luna.”Santiago Nieto,  titular de la UIF.

IRRISORIO: UIF

En el apartado “datos objetivos“ que sustentan la formulación del presente acuerdo”, la Unidad indica que la información referente a las dos residencias de lujo que desde al menos 2013 había establecido el exfuncionario en Estados Unidos, fueron detectadas a través de una nota periodística, lo cual consideró la Unidad no compaginaban con los ingresos declarados por el exfuncionario ante el Servicio de Administración Tributaria de 2013 a 2018.

Los ingresos que fiscalmente declaró García Luna, son calificados por la UIF como “irrisorios”, al haber señalado percepciones por un monto total de 989 mil 449 pesos en los seis ejercicios fiscales en los que se desempeñó en el servicio público. En el documento se asegura que en 2016 el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal sostuvo ante el SAT que no había captado ingreso alguno.  

“Se considera que dichas cantidades resultan burlescas y no corresponden con los ingresos requeridos por una persona cuyo asiento se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Florida”, sostuvo la UIF en el Acuerdo.

›La Unidad valida, sin que sume alguna referencia documental, como domicilios de alta plusvalía ligados a García Luna, uno de ellos con un valor superior a los 80 millones de dólares, basándose en un “hecho de fuentes abiertas”; es decir, en una nota periodística de Enlapolitika, titulada “Una mansión espectacular y un lujoso penthouse de 2 pisos frente al mar, el ‘retiro’ de Genaro García Luna”, la cual se publicó el 12 de marzo de 2019, es decir, 272 días antes de que Santiago Nieto suscribiera el documento. 

La Unidad de Inteligencia Financiera considera en el Acuerdo 286/2019 que es falso que el exfuncionario percibiera cantidades “tan ínfimas de recursos”, porque en el mismo lapso de tiempo García Luna erogó 8 millones 244 mil 785 pesos “por concepto de pago de tarjetas de crédito en la institución financiera American Express”, sin que diera cuenta a la autoridad fiscal, “generan inusualidad y llevan a establecer que posiblemente proviene de actividades fuera de licitud sobre las mismas y evitar con ello que esta (el SAT) ejecute sus facultades de fiscalización y pueda ser visible el verdadero origen de los recursos”, se lee en el documento. 

Al igual que en el caso de las residencias de lujo en Florida, la instancia de combate al lavado de dinero basó su argumentación en “fuentes abiertas” y los señalamientos incluidos en diversos reportajes informativos en las que se hizo referencia a que miembros de la delincuencia organizada aseguraron haber dado sobornos millonarios a García Luna, desde su paso como titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y en la también desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, “que posiblemente han servido para sufragar el estilo de vida del ex funcionario federal”.  

En notas periodísticas que aparecieron en medios digitales e impresos, las cuales hablan directamente del patrimonio del exfuncionario calderonista y otras que se refieren a las revelaciones que se dieron durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York —donde también Genaro García Luna está siendo procesado—, en donde se aseguró que el Cártel de Sinaloa le entregó dinero al entonces funcionario, fueron la base documental con la que la UIF concluyó: “En dicho contexto, esta Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado un entramado esquema, probablemente dirigido por GENARO GARCÍA LUNA y ejecutado por diversas personas físicas allegadas al ex funcionario federal, a través de la creación de personas morales que, con un alto grado de probabilidad, fueron fondeadas con recursos provenientes de los sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de GARCÍA LUNA, así como recursos resultantes del desvío de fondos de la secretaría de Gobernación y de la Tesorería de la Federación durante el sexenio del expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO, tales hechos se sustentan en información consultada por esta Unidad, de la que se desprende la mecánica que se describe en seguida”.

›Y continúa: “En primer término, es necesario establecer que en las notas periodísticas a las que se ha hecho referencia, se indicó que el primer soborno que Genaro García Luna posiblemente recibió de la delincuencia organizada data del año 2005, época en la que se desempeñaba como titular de la Agencia Federal de Investigaciones”.

Basándose en la revisión de las cuentas vinculadas a García Luna y del “intercambio de información informal”, es como Santiago Nieto sustentó el congelamiento de las cuentas de García Luna. Al cuestionársele al titular de la UIF a qué se refería con información informal, en la conferencia matutina del pasado 4 de marzo Nieto Castillo aclaró que se refería a la información de una agencia norteamericana para revisar la operación financiera del exfuncionario. 

En esa misma conferencia, celebrada tres meses después del Acuerdo mencionado, Nieto Castillo aseguró que García Luna tenía una empresa denominada Black, que había adquirido desde 2008, y que durante el tiempo que dirigió la SSP fue contratada por varias instancias del gobierno mexicano, para la adquisición del software israelí Nicetrack, utilizado para dar seguimiento a objetivos en tiempo, el cual fue finalmente vendido a quienes posteriormente se convertirían en sus socios comerciales y financieros.

Al respecto, en el Acuerdo 286/2019 se hace referencia a la empresa Nunvav, la cual tenía como apoderada a María Vanesa Pedraza Madrid, una excolaboradora de Genaro García Luna en la SSP. 

En el documento no aparecen detalles, sino que fue hasta la conferencia del 4 de marzo que aclaró que, a partir de la información compartida por las agencias estadounidenses “esta empresa Nunvav fue constituida en Panamá en el año 2005, empezó a operar en México en el año 2011 y recibió durante la administración anterior dos mil 660 millones de pesos y 77 millones de dólares en adjudicaciones directas por parte del sistema penitenciario”. En la operación, añadió, se habría triangulado el dinero a través de familiares y otras personas físicas y morales.

Y añadió Nieto Castillo ese 4 de marzo, prácticamente tres meses después de haber conjuntado esa información en el acuerdo que dio razón de los congelamientos financieros: “Aunado a lo anterior, existen también contrataciones por parte de otras dependencias gubernamentales y el dinero se trasladaba hacia Panamá. Panamá remitía el dinero por parte de esta empresa cuya apoderada legal (Pedraza Madrid)  era una persona cercana que había trabajado con el señor García Luna y sostenía, vía los pagos de Panamá a Estados Unidos, el nivel de vida, los inmuebles en los cuales vivía el señor García Luna y el pago de tarjetas de crédito y demás gastos de la familia”.

Durante esa misma conferencia, el llamado zar antilavado aseguró que la unidad a su cargo ya había presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, y que se había dado vista a la Secretaría de la Función Pública, y que al contrario de la investigación estadounidense sobre García Luna, enfocada con el tráfico de drogas, en México correspondía más bien a temas vinculados por “corrupción política”.

El dato. A inicios de diciembre de 2019, Santiago Nieto reconoció a ejecentral que en octubre pasado, la unidad a su cargo no tenía ninguna pesquisa abierta sobre García Luna.

El Acuerdo 286/2019 de la UIF, fechado el 9 de diciembre de 2019, retoma como punto de partida para indagar la probable vinculación entre Genaro García y el empresario Mauricio Samuel Weinberg. Se trata de una investigación periodística publicada en enero de 2014 por Reporte Índigo, en el que se aborda la relación de la familia Weinberg con los negocios del exfuncionario, mediante la adquisición de propiedades en Estados Unidos, a través de la conformación de empresas fachada, lo cual se habría desarrollado durante la gestión de Genaro García como miembro del gabinete calderonista. 

Es decir, que la evidencia de las transacciones, las empresas, los socios y las operaciones que se identificaron dentro del esquema de triangulación de recursos se derivaron de las aportaciones de los trabajos periodísticos, y la aparente información compartida por las agencias estadounidenses, en lo que la Unidad de Inteligencia Financiera denominó como “el contraste de la realidad económica, corporativa y fiscal de la persona analizada (Genaro García)”, datos que cruzó con las bases de datos de la UIF.

30 millones 212 mil pesos dejó García Luna sin aclarar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

SIN RASTRO PREVIO

FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

Las primeras actuaciones contra García Luna por parte de la UIF datan de diciembre de 2019, y se trata de este Acuerdo 286/2019. A partir de este documento es que se congelan las cuentas en México del exfuncionario y luego 11 cuentas más de personas físicas y morales vinculadas con quien comenzó su carrera en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

“Este caso (el de Genaro García) lo teníamos ya trabajado desde hace un par de meses con agencias norteamericanas proveniente de otro caso. Fue otro caso el que nos llevó a García Luna”, respondió Santiago Nieto a pregunta expresa de ejecentral respecto al origen de las indagatorias, durante la participación del ex funcionario de la PGR en un evento entre el Instituto Mexicano para la Justicia y la Fundación Internacional Baltasar Garzón, del 13 de diciembre pasado.

En ese mismo evento, que tuvo lugar apenas cuatro días después de que el propio Santiago Nieto notificara el acuerdo con el que designaba a García Luna en la lista de personas bloqueadas, el funcionario reconoció que a pesar de las notas periodísticas aparecidas meses y años atrás, su oficina “previamente a ello no teníamos una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera (…) Estamos preparando la denuncia correspondiente por un tema de triangulación de cuentas”. 

Fue hasta la solicitud de cooperación internacional de la Agencia de Inteligencia estadounidense y el Departamento de Justicia, que la UIF puso atención en la información de prensa y la usó para comenzar una investigación. Esto a pesar de que en la Secretaría de la Función Pública existe un análisis de la evolución patrimonial de García Luna que muestra un monto de poco más de 30 millones de pesos no justificado. Estos documentos tampoco aparecen en el expediente de la UIF.

Para el 18 de diciembre de 2019, en otra conferencia mañanera, Santiago Nieto anticipó a los medios de comunicación, a su llegada a Palacio Nacional, en torno a la transferencia de 2 mil millones de pesos a una empresa de la que García Luna era socio, en la que “una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa, y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista”. 

En esa ocasión y sobre el mismo caso, soltó ante los reporteros que lo abordaron, que al menos cinco servidores públicos en el gobierno de Felipe Calderón y cercanos a García Luna, estaban siendo investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aunque el funcionario sólo reveló directamente el nombre de Luis Cárdenas Palomino, quien fuera el comisario en jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP). 

Sin que a la fecha se haya actualizado el avance respecto a los funcionarios ligados a dichos probables ilícitos. 

Estas referencias tampoco aparecen en el Acuerdo que es la matriz de las pesquisas contra García Luna.

Los ingresos que fiscalmente declaró Genaro García Luna, fueron calificados por la Unidad de inteligencia financiera como “irrisorios”, al haber señalado percepciones por un monto total de 989 mil 449 pesos en los seis ejercicios fiscales en los que se desempeñó dentro del servicio público. 

EU SIN INFORMACIÓN DE MÉXICO

Hasta el 25 de febrero de este año, Santiago Nieto actualizó a un total de 14 cuentas bancarias congeladas, de personas físicas y morales vinculadas al exsecretario de seguridad pública. 

En paralelo, en Estados Unidos se pospusieron las audiencias en torno al juicio del García Luna, para retomarlas el próximo 30 de julio, debido a la pandemia por Covid-19.

›Como parte del caso del Departamento de Justicia estadounidense, le fue solicitado a México información sobre el exfuncionario, incluso de manera directa a Nieto Castillo. 

“En el tema de García Luna hemos proporcionado la información que nos ha pedido Estados Unidos, se ha proporcionado la información a la denuncia ante la fiscalía, se procedió al congelamiento de cuentas”, refirió el funcionario en cuanto al avance que la Unidad a su cargo mantenía del caso, en el que por parte de fiscales estadounidenses notificaron al juez quien lleva el caso, Brian Cogan, que hasta inicios de junio, habían presentado alrededor de 60 documentos como elementos de prueba, que incluían correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y trascripciones de comunicaciones interceptadas que evidenciaban la probable responsabilidad de García Luna. 

Pero en contraste con lo dicho por Nieto Castillo, en una carta enviada por los fiscales al juez Cogan, aseguran que el equipo el fiscal Michael Robotti, quien está a cargo de la acusación del gobierno estadounidense en contra de García Luna, están a la espera de que el gobierno de México, propiamente en referencia a las agencias involucradas en el seguimiento a la investigación, incluyendo a la UIF, respondan a su solicitud de asistencia mutua legal para obtener la información que nuestro país tiene sobre quien la opinión pública se ha referido como “el súper policía de Calderón». 

Sobre la actualización de dicha solicitud y lo referente al avance que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene al respecto, este periódico buscó tener una entrevista con su titular, sin embargo, argumentaron que por lo complicado de su agenda fue imposible concretar la charla solicitado, refirió el equipo de comunicación social de la dependencia. 

Apenas el pasado viernes 19 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el nombre de García Luna como ejemplo de corrupción: “Está abierta la investigación, como es de dominio público, en contra del que estuvo de secretario de Seguridad Pública, García Luna, que está detenido, ahí sí continúa la investigación”.

Durante la misma conferencia, reiteró la mención del exfuncionario, “… En el caso de seguridad, di instrucciones al secretario Alfonso Durazo de que ninguna persona vinculada a García Luna se mantuviera en el gobierno, nada (…) La gente votó por un cambio de verdad y no va a ser más de lo mismo. No es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas cambian para seguir igual o aparentemente cambian para seguir igual, no, no, no. Esta es una transformación y ahí se van a ir acostumbrando”. 

Sin embargo, hasta ahora no se conoce alguna acusación penal en México contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el gobierno de Felipe Calderón.

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