La Portada | “Juan”, el testigo que engañó al gobierno

La forma de atraer la atención de la Fiscalía General de la República (FGR) fue sencilla, asegurar que en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dieron las órdenes y participaron directamente policías estatales, federales y hasta miembros del 27 Batallón del Ejército, en conjunto con líderes de Guerreros Unidos, quienes según esta versión no tenían todo el control de la zona de Iguala o Cocula.

Este testigo, llamado ahora Juan (aunque su nombre real es Gildardo López Astudillo) consiguió desde al menos enero de 2020 vivir tranquilo. La FGR le paga todos los servicios que necesita, incluyendo su lugar de estancia, además de escoltas y chofer. A cambio sólo debe estar disponible para dar su versión de los hechos o resolver dudas.

También ha ayudado de otra manera a la Fiscalía, convenciendo a otros de sus compañeros de sumarse a esta nueva vida. En la que los delitos que pudieron haber cometido, por ahora, están archivados, y los mantiene económicamente el gobierno. Tal parece que al menos convenció a dos más. Aunque el jefe de la Unidad que investiga el caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, reconoció el martes de esta semana que era una veintena de testigos los que colaboraban con ellos en “nuevas líneas de investigación”.

Los otros dos testigos colaboradores serían Patricio Reyes Landa, identificado como Pato, y Agustín García Reyes, conocido como Chereje, a quienes los testimonios y sus propios celulares los ubican en la noche de Iguala, en la operación para primero atacar a quienes creían eran integrantes de un grupo criminal rival, Los Rojos, pero resultaron ser los normalistas y luego participaron en su desaparición.

Otro de los personajes que comenzaron a tener “acercamientos” con la Fiscalía, que busca negociar las acusaciones en su contra, y que habría integrado a por los menos dos nuevos testigos es Abigael González Valencia El Cuini, cuñado del líder del cártel Jalisco Nueva Generación (Nemesio Oseguera), actualmente preso en el penal de Santa Martha Acatitla.

“Hay testigos colaboradores, yo tuve, tuvimos una serie de acercamientos, con el señor Abigael y en función de eso es que hemos podido avanzar en la obtención de distintos testimonios que nos han ayudado a volver a corroborar datos dentro de las líneas de investigación que tenemos en la fiscalía (…) Cuando nosotros tengamos una corroboración de hechos, que eso es lo que tenemos que hacer, tendremos un camino, una luz, una narrativa más completa, creo que nos vamos a acercar como lo hemos hecho” a lo que sucedió, reconoció este miércoles Gómez Trejo.

Gil, Romeo o Juan

El personaje que arrancó con lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado la “verdadera” historia de lo que ocurrió hace siete años, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en contra de los normalistas.

La comenzó a construir un hombre llamado Gildardo López Astudillo, conocido dentro de Guerreros Unidos como El Gil o El Cabo Gil. Ahora le dicen Juan, al menos es su nombre como testigo protegido.

No importó que este personaje fuera señalado por más de una decena de integrantes del grupo criminal —que no fueron torturados y continúan detenidos—, como el principal operador de Guerreros Unidos, especialmente en el municipio de Cocula, y que lo identificaran como uno de los tres líderes que dio la orden de asesinar a los normalistas aquella noche y madrugada.

Pero no sólo los testimonios de sus propios subalternos lo incriminan, también el seguimiento telefónico que hizo la DEA desde Estados Unidos, en donde se le ubica con clave “Romeo” y en el que claramente está plenamente enterado de la captura de los estudiantes por parte de su grupo criminal y da órdenes a sus integrantes, incluso a policías municipales.

Y no sólo eso, su nombre surge en distintos videos que grabó el desaparecido Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN), que daban seguimiento a los interrogatorios de los acusados del caso Iguala —por órdenes del entonces secretario Miguel Ángel Osorio Chong—, y en donde se le señala como pieza clave en el engranaje de corrupción y control en la zona de Iguala y Cocula por parte de los narcotraficantes.

Gildardo López, Juan o El Gil, uno de los líderes de Guerreros Unidos, considerado autor material de la desaparición de los estudiantes.

Los engaños

El más importante de todos estos testigos es Juan o Gil (ambos usados por los fiscales para dirigirse a él), porque alrededor de su nuevas declaraciones, hechas desde 2020, se han ajustado el resto de los testimonios de lo que Gómez Trejo llama “la nueva investigación” del caso Iguala.

El 16 de septiembre de 2015 fue detenido y en junio de 2018 fue absuelto del delito de delincuencia organizada, y luego un amparo le permitió librar la acusación de secuestro. El último sábado de agosto de 2019 fue puesto en libertad por determinación del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, quien desestimó un tercio de las pruebas que había acreditado la entonces PGR.

No dejó la cárcel por ser inocente, porque eso no fue valorado judicialmente, sino porque había sido torturado, se dijo entonces; sin embargo, hasta ahora ninguna persona ha sido sentenciada por haberlo torturado.

Antes de salir de prisión, confirmaron a ejecentral distintas fuentes, desde la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación sostuvieron reuniones con sus abogados y con él, para ofrecerle convertirse en testigo colaborador a cambio de su testimonio.

Poco más de cuatro meses después, los acuerdos entre la autoridad y el presunto delincuente habían quedado establecidas, una de las condiciones, no ser perseguido en tanto se corroboraran sus afirmaciones y ayudara a obtener pruebas de lo que realmente ocurrió en la noche de Iguala.

Aseguró que no era un líder de Guerreros Unidos y que recibía órdenes de los verdaderos operadores, uno de ellos El Güero Mugres (a quien otros testigos identifican con un rango menor y quienes se encargaba de pagar las nóminas y tener el control con las policías locales).

Luego Juan acusó a los investigadores de la entonces Procuraduría General de la República que lo torturaron, sólo que de al menos tres nombres que ofrece ninguno estaba en el lugar cuando fue detenido. Y más tarde inculpó a corporaciones locales, federales y hasta el Ejército, quienes retuvieron a uno de los grupos de estudiantes, se los llevaron a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería donde los interrogaron y horas después los entregaron a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y esparcieron sus cenizas por distintos puntos.

“Entre la policía municipal de Iguala y la policía estatal de Guerrero y el Ejército, junto con la Policía Federal y la Federal Ministerial, empezaron a detener a los muchachos en diferentes puntos de la ciudad”, publicó el año pasado el periodista Álvaro Delgado en la revista Proceso. Y añadió: “La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón, tampoco se informó el número de personas que se llevaron, se los llevaron en camionetas de ellos, no puedo precisar quién iba al frente de los militares que se levaron a los muchachos”.

Cómo se enteró Juan de todo, porque tuvo “conocimiento de los hechos directamente, vía radio, pláticas y porque los vi”, publicó Delgado.

En su versión, no reconoce ni se le pregunta sobre sus números celulares que lo ubican en la noche de Iguala. Omitió cómo dio órdenes para que los estudiantes fueran llevados a su territorio, en Cocula, algo que aparece documentado detalle a detalla en los mensajes recabados por la DEA.

Y mucho menos mencionó o se le cuestionó cómo ordenó que se organizara a los grupos de policías comunitarias, taxistas y otras organizaciones sociales para que se manifestaran y acusaran las autoridades estatales de lo ocurrido en Iguala, una acción para sembrar confusión.

El testigo aseguró que los estudiantes fueron divididos en varios grupos y en todos ellos había alguna autoridad municipal, estatal o federal. Y serían los integrantes de Guerreros Unidos quienes los habrían asesinado y esparcidos sus restos en diferentes puntos, especialmente en el municipio de Huitzuco

Pero las pruebas que forman parte del expediente y que han sido valoradas judicialmente y especialmente ha revelado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubica desde hace por lo menos tres años a un grupo de normalistas en ese municipio, por lo que solicitó se investigara. Pero al mismo tiempo las indagatorias y pruebas ubican a otros dos grupos de los estudiantes en Cocula, zona en la que más de una decena de testigos ubica como líder absoluta a Juan.

El testigo no detalló los puntos exactos en que fueron asesinados los estudiantes, ni cómo, ni por qué algunos restos sí tienes señales de haber sido incinerados y otros no, ni en qué tiempo, ni quiénes esparcieron sus restos, ni exactamente la ruta, ni quiénes exactamente dieron las órdenes y por qué, ni cuál fue su participación y por qué aparece su número con los hermanos Casarrubias Salgado, los más importantes líderes de Guerreros Unidos.

Los otros testigos que ha sumado la Unidad de Investigación que dirige Gómez Trejo han aportado datos similares contra autoridades involucradas, pero tampoco especifican cómo se les pagaba, cuál era su tarea, cómo se realizaban las operaciones de trasiego de drogas ni por qué fueron atacados los estudiantes. Sus testimonios son similares, pero dispersos y los investigadores no han podido confirmarlos con otras pruebas.

Aunque este miércoles se aseguró que serán acusados peritos que participaron en las primeras indagatorias de la PGR, gracias a los nuevos hallazgos, lo cierto es que la CNDH lo expuso en su Recomendación y presentó las querellas, por posibles irregularidades en el procedimiento seguido en peritajes. Por lo que no hay nada nuevo en ello.

También este miércoles, el fiscal Omar Gómez explicó de forma difusa, sin dar detalles, que los restos de los restos de los normalistas fueron incinerados “en lugares controlados de incineración, son incineradora, y entonces lo que estamos haciendo es profundizar la investigación hacia ese lado para ver cuáles son los resultados que tenemos, obviamente entenderán que han pasado ya casi 7años de que fueron posiblemente utilizados esos espacios, qué hallazgos podemos encontrar, posiblemente ninguno, pero de todos modos es una línea que mantenemos abierta para seguirla empujando”.

Luego los restos “a nosotros lo que nos hace suponer es que fueron distintas costalillas las que fueron tirando a lo largo del camino… No, o sea la mecánica de la desaparición es la que estamos trabajando con tal de tener certeza, yo a ustedes ahorita no les voy a decir porque forma parte de la investigación, pero la forma en la que si fue, recolectaron bolsas en donde vendrían restos y los fueron tirando a lo largo de este camino y este fue uno de los puntos que señalaron”.

Se refería a la Barranca de La Carnicería, en donde desde 2019 revisaron 8 mil metros cuadrados y encontraron menos de 200 restos muchos a la intemperie y no quemados. Esto significaría que a diferencia de lo que declaró Juan, los normalistas fueron destazados y regados en cualquier lugar.

Las inconsistencias en los testimonios son tantas, que hasta ahora, después más de dos años de investigar, no existe una narrativa consistente por parte de las autoridades, algo que corrobora lo que dijo al final Gómez Trejo este miércoles:

“Cuando nosotros tengamos una corroboración porque eso es lo que tenemos que hacer, una corroboración de hechos que nos dé un camino, una luz, una narrativa muchísimo más completa, creo que ahí es donde nosotros también nos vamos a acercar como lo hemos hecho en esta ocasión a ustedes para poder comentar que es lo que tenemos, como es que lo tenemos que hemos podido obtener, que no vamos a poder obtener, pero en función de eso si ser muy honestos y muy claros porque yo estoy, y soy un firme convencido del derecho a la verdad que se requiere las familias”.

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