La posición geográfica de México, así como los más de tres mil kilómetros de frontera terrestre que comparte con Estados Unidos, convierte al territorio nacional en un punto estratégico para la seguridad interna y el desarrollo geoeconómico estadounidense. Y su interés se comprueba en el presupuesto que destina a México dentro de los programas de financiamiento y ayuda internacional a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Pero en qué gasta y cuánto gasta USAID en nuestro país, parece ignorarlo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 12 de mayo acusó al gobierno de Estados Unidos de “intervencionismo”, al financiar a la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y en un hecho
inédito le pidió explicaciones a través de una nota diplomática.
›Esa fue la primera vez, pero lo convirtió en su discurso recurrente, el intevencionismo extranjero a través de USAID. Por ejemplo, el pasado 12 de julio acusó que en Cuba, detrás de las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel se oculta la mano de Estados Unidos.
“Yo veo que están interviniendo, por ejemplo, ayer vi un mensaje en redes sociales de un grupo que se llama Artículo 19, que es una asociación periodística financiada en México por el gobierno de Estados Unidos, por la embajada de Estados Unidos, y ayer casualmente esta organización, que ya hemos denunciado, sacó una foto y esto es sólo una muestra de lo que han hecho a nivel mundial contra quienes no están de acuerdo con el gobierno de Cuba”, acusó durante su conferencia matutina, el pasado 12 de julio desde Villahermosa, Tabasco.
Pero los dichos del Presidente se contraponen con los hechos. El fianciamiento de Estados Unidos a nuestro país ocupa el segundo lugar en inversión general dentro de la región de América Latina, sólo detrás de Colombia, y el quinto a nivel mundial entre las naciones con ingresos medios altos.
La revisión de ejecentral a una docena de bases de datos de instituciones que colaboran con la Oficina de Asistencia Internacional de los Estados Unidos (OFA), prueba que los tres niveles de gobierno en México son los mayores beneficiarios de este tipo de financiamiento.
La información pone en evidencia que las acciones asociadas a gobernabilidad y seguridad ocupan los primeros lugares de una lista de 59 programas oficiales diferentes. Mientras que el apoyo a organizaciones no gubernamentales nacionales se ubica en los últimos sitios de este listado.
Los gastos en México
El pasado 12 de mayo, la USAID indicó que “revaluaría” sus programas y financiamiento para México. Esto ocurrió luego de que el presidente López Obrador acusara una posible injerencia del gobierno estadounidense por el apoyo hacia Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), asociación civil que el mandatario ha señalado que “ataca” al Ejecutivo federal, por haber recibido casi “50 millones de pesos” de recursos provenientes del país del norte.
Pero mientras López Obrador denunciaba como “intervencionismo” el pequeño financiamiento que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional hizo a organizaciones no gubernamentales del país, esta institución se centraba en atender la crisis generada por la desaparición de más de 100 mil mexicanos, a través de una inversión récord.
En los últimos tres años, las organizaciones de financiamiento de Estados Unidos han invertido mil 751 millones de dólares en diversos programas y acciones en México, de los que 29.8% —el mayor porcentaje de toda la partida— han sido asignados a diferentes gobiernos en
el país.
Si bien este monto contiene datos parciales, que incluyen los primeros tres meses de 2021, se proyecta como uno de los años de mayor inversión del gobierno estadounidense a México a través de USAID en la última década, de acuerdo con la revisión hacia las bases de datos de esta agencia de 2019 a 2021.
Los datos demuestran que las acciones de gobernabilidad, derechos humanos, democracia, paz y seguridad en México son las que captan el mayor porcentaje de recursos de ayuda estadounidense, mientras que las empresas privadas que obtienen los montos más altos están relacionadas con estas tareas.
La información muestra que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en México se ubican en el noveno lugar en una lista de 13 sectores de financiamiento.
Estas cifras tiran por tierra las acusaciones de López Obrador sobre el financiamiento de lo que podría ser un “golpe blando”; es decir, de que Estado Unidos, a través de USAID, articularía una serie de técnicas no frontales y conspirativas para desestabilizar al actual gobierno y propiciar su caída. Al menos ha dicho lo anterior al señalar que MCCI y Artículo 19 sostienen una militancia política contrarias a la filosofía y actuación de la actual administración.
Mientras las organizaciones no gubernamentales nacionales recibieron nueve millones 729 mil dólares en los últimos tres años, el Ejército y la Marina sumaron 165 millones de dólares a través de la acción de financiamiento hacia fuerzas militares extranjeras.
A este monto se suman otras acciones para la protección nacional, como la vigilancia, capacitación de personal, compra de equipo, desarrollo de inteligencia y hasta operaciones de estabilización y reforzamiento de este sector.
Los datos indican que estos rubros suman otros 203 millones de dólares en programas ligados a paz y seguridad, lo que representa 21.05% de lo que se ha invertido en México en los últimos tres años.
Esta categoría, junto a la de gobernabilidad, derechos humanos y democracia, constituyen sólo la mitad de la inversión que Estados Unidos ha hecho en México durante el mandato de López Obrador; por lo que el resto se reparte en otros siete aspectos como desarrollo económico, asistencia humanitaria y medio ambiente o salud.
Pero la acción que reportó un mayor financiamiento entre las dos principales categorías de inversión fue el fortalecimiento del estado de derecho y las garantías individuales, con un gasto de 422 millones de dólares.
Incluso el rubro de paz y seguridad recibió 214 millones, mientras que la lucha contra el narcotráfico se ubicó en tercer lugar con 122 millones de dólares, entre 2019 y marzo de este año.
En cuanto a los conceptos con mayor inversión dentro de estas categorías, el apoyo administrativo y programático a las actividades de capacitación internacional en materia de aplicación de la ley con asistencia a la fiscalía ocupa el primer lugar por estar dentro de los objetivos claves de USAID en México, por el fortalecimiento de los sistemas de justicia en todos los niveles.
En el universo del financiamiento, dado el actual contexto social, los programas enfocados en alejar a los jóvenes de las redes y canales de reclutamiento del crimen organizado reportaron un aumento de 46%, respecto a los tres años anteriores.
Aunque muchos de estos mecanismos están asociados a movimientos culturales y son gestionados por organismos no gubernamentales o asociaciones civiles, se consideran dentro de la etiqueta de paz y seguridad por su importancia para los objetivos de Estados Unidos dentro de la región.
Pero el concepto con mayor inversión de USAID corresponde al medioambiente, específicamente a una inversión directa de 241 millones de dólares a la empresa privada Infraestructura Energética Nova (IENova), filial de Sempra Energy, especialista en sistemas de servicio eléctrico y gas natural.
“Es un asunto de las políticas de cada país, somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo”.Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Inversiones confidenciales, gastos misteriosos
Para esta revisión, ejecentral segmentó los destinatarios de los financiamientos entre actores públicos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y personas físicas, lo que permitió analizar la distribución de estos apoyos en distintos sectores; así como su participación en las diferentes acciones y categorías de USAID.
Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales nacionales tienen una distribución homogénea en todas las categorías de apoyo, lo que refleja una participación integral de este sector en los temas de interés para el país, mientras que las empresas privadas se concentran en el desarrollo económico.
Sin embargo, no todos los gastos de USAID son públicos o de libre acceso. El 8.18% de la inversión pertenece a acciones “confidenciales’’, pero esta proporción se dispara hasta 57.6% si sólo se analizan las categorías de gobernabilidad y seguridad.
Un caso específico de estos dos rubros es la asignación de 55 mil 992 dólares a cuatro particulares en acciones “confidenciales” por las agencias de Estados Unidos; además, tres de estas personas no tienen vínculos públicos con el gobierno mexicano.
›La única de estos particulares es Daniela Paola Rojas Bernabé, quien aparece como proveedora de cinco diferentes contratos por servicios de impresión con el Fondo de Cultura Económica (FCE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Turismo (Sectur), Banco Nacional del Ejército (Banjército) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) por 926 mil pesos entre 2015 y 2017.
Esta proveedora también firmó en 2019 cinco contratos con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicaciones de la Ley de los Estados Unidos, por 22 mil 309 dólares, pero a diferencia de los acuerdos nacionales, el concepto de estas compras se registró como confidencial.
Migración y desaparecidos
La capacitación de técnicos que trabajan en los laboratorios forenses de México y otras actividades de entrenamiento para casos de desaparición de personas son las acciones con mayor inversión de este nuevo plan, con un gasto de 13 millones de dólares. Adicionalmente, 11 millones 587 mil dólares fueron asignados a la asistencia de estas instalaciones.
Al respecto, Patricia Martínez Salas, internacionalista con especialización en América Central y México, destacó en entrevista para ejecentral la importancia que tiene este acuerdo como parte de un plan integral para controlar el flujo migratorio de la región, e incluso “hacer visibles a los migrantes que se convierten en víctimas invisibles de la desaparición forzada en este país”.
Por ejemplo, en el comunicado que se liberó tras la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se estableció ampliar las capacidades forenses de ambos países, lo que se sustenta con los datos públicos de la OFA que demuestran cómo las acciones encaminadas a este fin se posicionaron entre las 10 primeras de mayor inversión en los rubros de gobernabilidad y seguridad durante 2021.
Al respecto, Martínez Salas considera que las desapariciones en México son otra “epidemia que afecta de forma directa a Estados Unidos, no sólo por el paso migratorio, sino por los esfuerzos de seguridad que se requieren para frenar esta crisis”.
La experta también mencionó que detrás de esta ayuda existe un “legítimo interés por restar fuerza al crimen organizado que podría aliarse o formar vínculos con otro tipo de enemigos de ese país, e incluso la debilidad de la frontera puede servir de pantalla para el ingreso de grupos extremistas o terroristas”.
Pero la intención de frenar esta crisis que corre en dos vías se ha colocado como uno de los principales objetivos de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, quien no ha respondido a la nota diplomática que el gobierno de México envió por el supuesto “golpismo” de este país al financiar organizaciones críticas al poder.
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