El pasado 15 de septiembre el Senado de la República ratificó el Acuerdo de París, tratado sobre Cambio Climático aprobado por la comunidad internacional durante la COP 21. La ratificación es congruente con la posición que ha mantenido el gobierno mexicano, pues recordemos que nuestro país fue uno de los primeros en presentar sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones: el 30 de marzo de 2015, México se comprometió a una reducción incondicional de 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia 2030, la cual puede alcanzar un 40% adicional condicionado a cooperación y financiamiento internacional.
El Acuerdo de París, cuyos objetivos entran en vigor hasta 2020, será vinculante una vez que lo hayan ratificado o se hayan adherido al menos 55 países que en conjunto representen 55% de las emisiones globales de GEI. Hasta el 19 de septiembre 29 estados habían depositado sus instrumentos de ratificación o aprobación, el equivalente a 40,12% de las emisiones globales GEI, incluyendo a China y Estados Unidos los principales emisores globales.
Para México, país que indudablemente ha jugado un rol trascendental en el impulso al nuevo acuerdo climático global, el cumplimiento de las metas nacionales y la implementación de una política climática nacional efectiva no dejan de representar un reto monumental en términos de descarbonización de la economía, coordinación institucional y congruencia entre las metas climáticas y otros objetivos sectoriales.
De acuerdo al Balance Nacional de Energía, México depende en 90% de fuentes fósiles, mientras que las energías renovables representan 7.6% del total. Lo cual se refleja en la composición de nuestras emisiones de GEI. El Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013 señala que del total de nuestras emisiones 26.2% corresponden al transporte, 19% a la generación eléctrica, 17.3% a la industria y 12.1% a la extracción del petróleo y gas. Estamos entrampados en una dependencia a los combustibles fósiles de la cual no es sencillo salir.
La construcción de una política climática más efectiva, que permita una transición hacia un modelo de desarrollo más sustentable, tal como se desprende de los mandatos de la Ley General de Cambio Climático, depende también mecanismos de coordinación más efectivos entre la Federación, estados y municipios, así como de procesos de evaluación que permitan medir y verificar el cumplimiento de las metas. Y si hay algo complejo en términos de políticas públicas, donde no predomina necesariamente la cooperación y la rendición de cuentas, es la implementación de programas que involucra la participación de los tres órdenes de gobierno.
Finalmente, las definiciones de política climática requieren congruencia con otros objetivos nacionales, si es que en verdad tenemos en mente una transición sustentable. En este caso, el peso que tienen los hidrocarburos en la balanza energética pone en duda la coincidencia entre metas climáticas y objetivos del sector energético en el mediano plazo. De igual forma, la asignación de recursos públicos debe reflejar el criterio de prioridad nacional que tiene la necesidad de descarbonizar la economía y promover adaptación resiliente. Ejercicio de recursos públicos y fondos internacionales que requiere mejores mecanismos de control y transparencia.
Muy bien por ratificar el Acuerdo, queda pendiente ahora avanzar con mayor decisión en su implementación en los tres órdenes de gobierno y establecer indicadores puntuales para evaluar con transparencia el avance en el cumplimiento de metas y el ejercicio de recursos públicos en la materia. De otra forma será mucho ruido y pocas nueces.
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