Los niños que se quedaron sin patria que les proteja

Hubo un tiempo en que más migrantes cruzaron la frontera de Estados Unidos a México que en sentido contrario. Entre 2009 y 2014, debido a la recesión económica causada por la crisis del 2008, alrededor de un millón de migrantes mexicanos y sus familias salieron de Estados Unidos y regresaron a México; en el mismo lapso, sólo 870 mil ciudadanos mexicanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos en busca de oportunidades.

Un análisis publicado hace unos días en la revista Health Affairs calcula que en 2015 había en México 550 mil menores nacidos en Estados Unidos en familias mexicanas; la mayoría se quedaron, en más de un sentido, sin una patria que cuide su salud en caso de que tengan algún problema serio, explica Sharon Borja, investigadora de la Universidad de Houston y una de las autoras del estudio.

Una historia multinacional

La conversación con Sharon Borja es en español, idioma sobre el que, aunque lo habla con corrección, pide disculpas por los errores que cometerá y explica “es mi cuarto idioma”.

Sharon nació en Filipinas y en su casa materna habla ilocano, una de las cerca de 170 lenguas que hay en las islas. En la escuela aprendió el tagalo, una de las dos lenguas oficiales, y también aprendió la otra lengua oficial, que es el inglés.

Aunque Filipinas por mucho tiempo fue como México colonia española, y abundan los nombres en español, muy poca gente habla este idioma, pero Borja también lo aprendió. Además, la investigadora se siente mexicana.

“Mi esposo es salvadoreño, pero hizo casi toda su vida en México, como cuatro décadas, y su abuelo fue un revolucionario”, cuenta Borja, y añade que la historiadora Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un libro sobre el abuelo: Solón Argüello, el decadentista profético, una antología poética de un escritor nacido en Nicaragua.

A través de su vocación por las letras, Argüello, llegó a ser en 1909 el secretario particular de Francisco Indalecio Madero, el redactor en jefe del periódico Nueva Era, que fundó Gustavo Adolfo Madero, hermano del entonces candidato a presidente, y en el mismo año, Argüello adquirió orgullosamente la nacionalidad mexicana.

Así, Argüello apenas alcanzó a escapar en la Decena Trágica, en febrero de 1913, cuando Victoriano Huerta se levantó en armas, torturó a Gustavo Madero y fusiló al ya presidente Francisco. Argüello regresó a México, pues planeaba asesinar a Huerta, pero fue delatado y, a finales de agosto, fusilado.

Casi un siglo después, mientras asistía a una conferencia en la UNAM en la Ciudad de México, a la nieta política de Argüello le llamó la atención la historia de un joven que, habiendo nacido en Estados Unidos, de niño viajó con su familia de inmigrantes mexicanos que se repatrió en México.

A ese niño, una pareja en la calle le sugirió que consiguiera un palo “para protegerse contra los perros callejeros”, lo que le desconcertó. “Su historia despertó mi interés en investigar otros obstáculos que enfrentan los niños migrantes cuando acompañan a sus padres de regreso a México, incluida la falta de seguro médico adecuado”, dijo Borja.

El pobre cobijo de la subseguridad

Están “subasegurados”, así definieron los investigadores de las universidades de Houston, Carolina del Norte, Autónoma de Coahuila y la UNAM la situación de estas niñas y niños estadounidenses en México. Esto significa que aunque pueden tener cierto acceso a los servicios de salud para tratar cosas menores, no lo tienen a un “seguro superior” que pueda hacerse cargo de la atención a las enfermedades llamadas catastróficas.

En su cambio de país, estos niños enfrentan obstáculos y desafíos en el idioma, la escuela, la pérdida de redes de apoyo y problemas socioemocionales, económicos, culturales y de salud. Además, muchos ya han vivido en condiciones estresantes, como la deportación de sus padres.

Los niños de origen latino en Estados Unidos tienen las tasas más altas de falta de seguro, en comparación con otros grupos étnicos, pues es de 10%, pero al venir a vivir a México, sus tasas de falta de seguro “son dramáticamente más altas”, pues se multiplica por cinco o más, explican los autores en el reporte de su investigación.

A través del análisis detallado de 36 mil casos, del más de medio millón detectado, “descubrimos que el seguro insuficiente era común entre los niños migrantes ciudadanos estadounidenses (53.6%), particularmente entre los residentes urbanos (80.4%) y aquellos que vivían en estados mexicanos cerca de la frontera de los Estados Unidos (65.2%)”, escriben los autores.

Sharon Borja explica que un seguro de salud superior, es como los que ofrecen el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el que da Pemex a sus trabajadores y sus familias.

En ese sentido, la forma de atención médica universal que estableció México en 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), enfrenta fondos insuficientes y no cubre todas las condiciones de salud, explican los investigadores.

“No sabemos qué va a pasar con el INSABI, casi lo acababan de poner y llegó el Covid. Lo que sabemos es que si tienes un seguro de vida inferior, la espera para los servicios de salud que requieren va a ser más larga y hay menor cobertura”, comenta Borja.

Estos niños y niñas, “antes de preocuparse por las consecuencias de no tener un seguro superior, tienen que preocuparse por no tener los documentos para calificar para el servicio de salud universal... Vas a necesitar el CURP o alguna forma de comprobar que eres ciudadano mexicano”, dice Borja.

“México requiere la apostilla, el sello de autenticidad internacional, y eso cuesta dinero, muchos no lo tienen y es una barrera más para que esos niños y niñas puedan tener la ciudadanía para calificar para INSABI”, por lo que menos de la mitad de estos niños tienen la ciudadanía mexicana

De haberse quedado en Estados Unidos habrían tenido acceso al Medicaid, que es un seguro financiado por el gobierno, o a CHIP (por su sigla en inglés para Programa de Seguro Médico para Niños), al cual califican porque son niños con nacionalidad estadounidense y no se requiere que sus padres tengan empleo formal.

Borja comenta que ambas opciones son mejores y más amplias no solo que el INSABI sino que el extinto Seguro Popular. “En Medicaid tendrían acceso a una gran red de médicos, no estarían sujetos a largas esperas, y solo necesitan presentar su número de seguro social y calificarían por eso. Y no te pueden rechazar en ningún hospital, tienen que aceptarte y conducirte a una sala de urgencias o a hacerte exámenes de rutina, y esto hace posible que tengan una vida más saludable a largo plazo”.

Para muchos niños mexicanos la situación no es muy distinta a esta.

Las oportunidades perdidas

Aunque alrededor del 85% de las niñas y niños mexicanos tienen acceso a servicios básicos de salud, únicamente el 38.9% de los niños tiene acceso a la seguridad social. Es decir que 61.1% no cuenta con este derecho, de acuerdo con datos del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2018.

Esta cifra palidece con el 11.5% de la población infantil y adolescente en el país (4.6 millones) que estaba en pobreza extrema en 2014, y con el hecho de que tres de cada 10 personas de cero a 17 años en México, si bien no estaban en pobreza, eran vulnerables por carencias sociales o por ingreso. Y estas cifras han empeorado.

El Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020, publicado por Coneval a principios de ese año, informa que “persisten inequidades importantes en la disponibilidad y calidad de los servicios” vinculados con el derecho a la salud, servicios de cuidado y desarrollo infantil, principalmente para la primera infancia.

El problema de base para niños, niñas y adolescentes mexicanos es igual al de los que migraron: el acceso a una buena cobertura de salud depende de la condición de trabajadores asalariados de los padres o tutores, “lo que dista del reconocimiento de los niños, niñas y adolescente como sujetos de derechos”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 2018, el 34.1% de los infantes y adolescentes se encontraban afiliados a esquemas contributivos de salud (IMSS, ISSSTE o Pemex), mientras que 45.9% estaban afiliados al Seguro Popular y 14.3% carecían del acceso a los servicios de salud.

Sin embargo, el primero de enero de 2020 desapareció el Seguro Popular y entró en funciones el INSABI. Este cambio fue muy criticado por diversos expertos en salud pública, pero no por todos.

Cuando se creó el INSABI, en la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud se encontraba Asa Cristina Laurell, quien de acuerdo con una revisión publicada en The Lancet, es una de las principales expertas en medicina social, un enfoque que tiene diferencias con la salud pública tradicional, pues propone un acercamiento a la salud más cercano a las ciencias sociales que a la biomedicina y pone más énfasis en la prevención que en la cura.

En países de América Latina, como Brasil, Argentina y Ecuador, la medicina social ha tenido un papel político importante. El caso más notable y dramático es el del expresidente de Chile, Salvador Allende, quien era patólogo de formación, líder de medicina social y que falleció durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Ese día, la última persona en ver vivo Allenda, y quien informó que éste se había suicidado antes que entregarse a los militares vencedores del golpe, fue su ministro de Salud, Arturo Jirón, quien ha seguido trabajando en medicina social.

La llegada de Asa Cristina Laurell a un puesto a nivel federal en México fue celebrada en diversos ámbitos en América Latina y el Caribe. Sin embargo, la experta renunció en julio de 2020, entre otras cosas porque, según denunció, se le dejó fuera de la implementación del INSABI.

Como remate, un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) muestra que mientras la población mexicana ha crecido en los últimos 10 años, el gasto en salud ha hecho lo contrario: pasó de ser equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto en 2010 a ser el 2.5% en 2020.

Epílogo

“El acceso a la salud es un derecho humano”, dijo Sharon Borja, “los gobiernos de Estados Unidos y México no pueden voltear la cara a estos niños”, agrega refiriéndose a los migrantes, y, junto con su grupo hace una serie de propuestas, como que se forme una comisión especial binacional que atienda el problema, que Estados Unidos no cancele el Medicaid para quienes viven en 80 municipios que se encuentran cerca de la frontera y que en México se les reconozca como mexicanos por ascendencia aunque sus actas sean estadounidenses.

Quizá bastaría con que en México se reconociera que niños y adolescentes, independientemente de su nacionalidad y de la condición laboral de sus padres, tienen derecho a la salud.