En la comparecencia del Procurador a la Cámara de Diputados, el jueves pasado, se dio cuenta clara con relación a la conducción de la dependencia y la más alta y apremiante pretensión de lograr la pronta instauración del nuevo sistema para la investigación y la persecución de los delitos, el acusatorio adversarial que ya contempla el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Datos duros compartidos en el evento, plasmados en el Informe del Ejecutivo correspondiente al último año de gobierno, nos reflejan una mejoría en distintos rubros vinculados con el combate a la delincuencia organizada: el aseguramiento de numerario, sobresaliente.
El Reporte de las actividades en el ámbito que concierne a la Procuraduría nos ofrece la tranquilidad de que, contrariamente a lo que muchos pregonan, el número de homicidios dolosos, siempre relacionado con el crimen más violento perpetrado por las organizaciones criminales, disminuye lenta, pero constante e irreversiblemente.
Afortunadamente y para silencio de sus detractores, el éxito atribuible a quien esté encargado del diseño y marcha de la política de comunicación en materia de seguridad resulta innegable, pues no sólo la percepción de mejoría es cierta y correcta, sino que los números también así lo reflejan.
En contradicción de lo anterior, sin embargo, contrasta el también irrefutable sentimiento de disgusto y violencia nacional; episodios aislados, pero muy comunes y constantes, de inconformidad destapada que acaba por aterrizar en la consumación de actividades ilícitas, se reproduce en forma sonora. La muestra más cruda y más clara la conocimos hace dos semanas, con la llegada de “Odile” a las costas de Baja California Sur, cuando la rapiña más vil se expandió a lo largo de las tres ciudades más importantes al sur de la península.
El fenómeno no es aislado y, por consiguiente, destaca y llama la atención: Iguala y Chilpancingo, por un lado, el asesinato del Diputado Federal Gómez Michel en Guadalajara y, antier domingo, del líder panista en Acapulco. Las estadísticas ofrecen una visión que la realidad contradice constantemente.
La violencia que se recrudece y la criminalidad en la que desencadena tiene su semilla en la grave desigualdad, en la discriminación, en la falta de oportunidades y en el arraigo de una cultura de violencia que se debe detener. La corrupción, la falta de transparencia y la impunidad, alimentan un sentimiento de inconformidad que clama una urgente y pronta intervención de aquellos a quienes corresponde la conducción del país.
Sin importar el éxito que pueda cosecharse en procesos aislados en el ámbito de la procuración de justicia, la necesidad de enfrentar el gran reto que atañe a la grave carencia de recursos en la que viven inmersos una gran mayoría de mexicanos constituye la clave para disminuir esa enorme distancia que mantiene alejados al pueblo y sus representantes. ¿Cómo remediarlo?
Curiosamente, la enraizada falta de credibilidad demerita el objetivo más claro y justo del proceso reformador de México, el resultado de un gran acuerdo político que promete dar frutos y que constituye la envidia de muchos países del mundo, algunos de los más desarrollados entre ellos. ¿Cómo encontrar tolerancia de aquellos que ignoran el objetivo, el sentido y los alcances del proceso de reforma nacional que han impulsado los partidos mayoritarios?
Las reformas educativa y de telecomunicaciones se encaminan a mejorar los canales de información y de preparación nacional, pero son de largo plazo; la financiera y la de competencia económica mejora el entorno para la asignación de créditos dirigidos hacia actividades, tanto de producción como de consumo, y fomenta la desaparición de monopolios; la reforma fiscal, sin embargo, es aquella a través de la cual se puede remediar, de manera más inmediata, el problema que corresponde a la más dispar distribución de la riqueza nacional.
En el contexto de la afectación a la inversión para la realización de más actividades productivas, como lo claman quienes vehementemente se han opuesto a la reforma tributaria, contrastan 500 mil nuevos empleos formales este año, la llegada de un volumen sin precedentes de inversión extranjera directa y un crecimiento significativo de la recaudación. El propósito consistió en obtener el pago fiscal de muchos que, siendo causantes oficiales, se beneficiaron indebidamente de grandes mecanismos de elusión de sus obligaciones.
El gran reto ahora, sin embargo, consistirá en llevar los recursos a quienes más los necesitan; sí, primero en condiciones alimentarias, pero después, con mucho mayor sagacidad, en condiciones de inversión en infraestructura que detone un crecimiento económico auténtico.
La eliminación de la violencia no podrá tener lugar sino hasta que los mexicanos tengamos un modelo digno de vida, del que se beneficie la inmensa mayoría. El orden, el trabajo y el bienestar, son presupuestos imprescindibles de la paz y la concordia nacional.