En total, hay en México más de 700 mil elementos en las fuerzas del orden: 430 mil policías federales, estatales y municipales; 274 soldados; y 47 mil marinos. Hay más policías por habitante que en Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, y salvo Argentina, aquí es donde mayor fuerza se tiene desplegada en toda América Latina. Los indicadores oficiales señalan que la mayoría de los delitos van a la baja, pero la percepción de inseguridad va en aumento entre los mexicanos, y entre los inversionistas que dudan de inyectar su dinero en este país. Entonces, ¿qué sucede?: los gobiernos, empezando por el federal, están subordinados a los más violentos. Entre más beligerante sea un grupo, más daño colectivo haga y más dispuesto esté al enfrentamiento, más tienen de rodillas a las autoridades.
La ecuación está colapsando. Dentro de las fuerzas de seguridad, admiten funcionarios de diversos niveles de gobierno, hay inconformidad creciente porque viven en una diada maldita. Los policías, son incompetentes, o son corruptos. Sus instrucciones cuando hay revuelta en las calles, son salir a poner el cuerpo y a enfrentar los golpes y linchamientos. Cada vez, reconocen, es más difícil que acaten órdenes. Los soldados igual. Son hoy violadores de derechos humanos, lo que ha generado inconformidad de mandos con el propio secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos porque sienten que no los defiende. Hasta ahora, sin embargo, mantienen la institucionalidad y la disciplina. En donde las cosas cambiaron sustancialmente, es dentro del sector privado, donde sus organismos cúpula, que generan el 85% del Producto Interno Bruto, le dijeron al presidente Enrique Peña Nieto y a todos los gobernantes, basta ya.
En un desplegado que publicaron este martes en varios periódicos de distribución nacional, 19 organismos que agrupan a los hombres y mujeres más ricos de México, a la cúpula empresarial, a las cámaras de comercio, industriales, a los bancos y las aseguradoras, cuestionaron a los tres poderes de gobierno por su inacción y su claudicación a proveer la seguridad a todos los mexicanos. “Ha habido ataques contra la sociedad civil, empresas, trabajadores, autoridades, policías, militares y organizaciones empresariales”, dicen en una parte de su escrito. “¿Hasta donde y hasta cuándo?”.
Titulado “México se los demanda”, afirman: “Condenamos enérgicamente las agresiones en contra del sector empresarial y sus organizaciones, así como los bloqueos de carreteras y casetas que han sucedido en varias zonas del país. Exigimos a las autoridades garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio.
“Garantizar la seguridad de la ciudadanía, de la industria, el comercio, los servicios y el turismo –de los que dependen los empleos de millones de mexicanos-, es indispensable para que la economía nacional crezca y mejoren las condiciones de vida de nuestra población. Es obligación de todos los ciudadanos respetar el Estado de Derecho y contribuir de manera activa a una cultura de legalidad”.
Las organizaciones de aquellos individuos y organizaciones que mueven el PIB nacional, están indignados. No tanto contra quienes, como ciudadanos, no respetan la ley. Finalmente, por el número de palabras que les dedican a ellos en el desplegado, si violan la ley y no hay costos, el problema es de la autoridad. La indignación es contra los gobiernos, en particular contra el federal, a quien le dedican las partes sustantivas de su reclamo por el incumplimiento de sus promesas. En septiembre, el presidenteafirmó que los tres niveles de gobierno tenían la obligación de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. En diciembre, aseguró que no habría más bloqueos en las autopistas y haría que se cumpliera la ley. Nada de eso se cumplió.
De manera recurrente, las palabras del presidente han caído en el vacío. Su discurso se vació y perdió credibilidad. La retórica gubernamental sufre una dislexia con la práctica. El argumento esgrimido por altos funcionarios federales, es que los grupos más beligerantes y violentos están en una estrategia de provocación donde lo que buscan es un muerto en un enfrentamiento con las autoridades—para seguir alimentando su causa y movimientos, por lo que tienen que extremas la prudencia y tolerancia, aún a costa de las mayorías.
Si bien se puede argumentar, con antecedentes y estrategias, que tienen razón en el alegato, la pregunta es cómo, en el primer tercio del gobierno, el país que les entregaron cambió completamente de rostro. El ex presidente Felipe Calderón dejó uno inmerso en una guerra contra el narcotráfico, con una estrategia que dejó varias decenas de miles de muertos. El país del gobierno de Peña Nieto, suma miles de muertos por el combate al narcotráfico, además de una movilización social violenta retórica y físicamente, sin precedente en tiempos de paz.
Los hombres y mujeres del capital que firmaron el desplegado, concluyen: “Señores representantes de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno: honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. México se los demanda”. No piden, como otrora dijo uno de ellos cuando cuestionó la incapacidad gubernamental para frenar la inseguridad, que renuncien. Pero lo que dicen es más grave. Lo que sugieren ha hecho el presidente y todos los gobernantes aludidos, es violar la Constitución. O sea, una traición a la Patria.
Twitter: @rivapa