MARÍA IDALIA GÓMEZ | @gAbs_07
Como secretario de Seguridad Pública fue incapaz de prevenir el delito y como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) incrementó la burocracia y falló en obtener sentencias condenatorias contra los acusados. En ambos cargos, la administración financiera fue cuestionable en varios rubros y se pidió una investigación por más de 100 millones de pesos.
Estas fueron las conclusiones a las cuatro revisiones que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la gestión de Eduardo Medina Mora al frente de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, entre septiembre de 2005 a septiembre de 2009, algunos de los años más crudos en cuanto a violencia en México.
Tan limitada fue la eficiencia de Medina Mora en PGR, la Auditoría estimó que de cada 10 casos sólo 2 llegan a consignarse y de ellos sólo uno recibió sentencia.
“En 2009, las averiguaciones previas para consignar a un presunto responsable representaron la quinta parte de las averiguaciones previas en trámite, esto es el 21.7% de las 178,409 registradas para ese año, en tanto que las averiguaciones previas para sentencia significaron el 11.9% respecto del total de averiguaciones previas en trámite.
“En ese año, de las 38,724 averiguaciones previas en las que se determinó la consignación, en la que el Agente del Ministerio Público ejercitó acción penal, el 54.9% el juez la consideró para sentencia condenatoria, por lo que aun cuando se consignaron a los presuntos delincuentes, como consecuencia de una averiguación previa, la autoridad judicial determinó que no dispuso de los elementos probatorios para dictaminar la sentencia condenatoria. Por lo anterior, la ASF estimó que de cada 10 casos, 2 llegan a consignarse y de ellos uno recibe sentencia”, sostiene el documento de la auditoría de 2008.
Y fue también en esos años que, de acuerdo a distintos testimonios de primer nivel, que se comenzó a estrechar la relación con Estados Unidos en el combate al crimen organizado y, con ello, se permitieron las operaciones en territorio nacional de agencias como la DEA y el FBI en México.
[su_document url="https://www.ejecentral.com.mx/wp-content/uploads/2015/03/CISEN-desempleados.pdf”]
También fue Medina Mora el artífice y responsable de acusaciones y operativos fallidos, uno de ellos, el de San Salvador Atenco, cuando se intentó el desalojo de los pobladores que se oponían a la construcción del nuevo aeropuerto, para el que solicitó el apoyo de la policía del estado de México, pero su estrategia resultó fallida y como resultado policías estatales resultaron heridos; al día siguiente, también encabezando la operación, fueron detenidos los manifestantes, quienes aseguraron que fueron violados sus derechos fundamentales en manos de agentes estatales y federales.
Aunque la ASF no auditó ninguno de los cinco años que Medina Mora estuvo al frente del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), entre 2000 y 2005, un documento en poder de EJE CENTRAL muestra cómo durante su gestión prácticamente el órgano civil encargado de las tareas de inteligencia comenzó a ser desmantelado, pues del total del personal, el 40% salió, en total mil 171 elementos, la gran mayoría obligados a renunciar y entre ellos se encontraban los investigadores de campo, analistas y especialistas en vigilancia, todos ellos certificados con cursos nacionales e internacionales y evaluados permanentemente en controles de confianza.
[su_heading size="16" margin="10"]Administración fallida[/su_heading]
Sólo un año permaneció como titular de la SSPF (hoy desaparecida) Medina Mora y para la ASF su administración fue deficiente e incluye posibles irregularidades por 71.5 millones de pesos, tanto en la dependencia como en la Policía Federal Preventiva (PFP), bajo su responsabilidad, ese monto debería haberlo aclarado desde 2009, pero no lo hizo.
Estos son algunos de los puntos que muestran el desaseo administrativo que detectó la Auditoría y por los que pidió al órgano interno de control de la SSP federal iniciara una investigación:
La SSP federal incluyó plazas no autorizadas, continuó cubriendo el salario de personal dado de baja por 4.7 millones de pesos e hizo pagos excesivos o no sustentados en nómina por 62 millones de pesos.
Se identificó que 10 prestadores de servicios profesionales, a los cuales se les pagó en total 1.3 millones de pesos, no presentaron sus informes de actividades correspondientes, requisito indispensable para efectos del pago, por lo cual no se tiene certeza de que los servicios profesionales se devengaron. La PFP carece de mecanismos de control y supervisión para verificar el cumplimiento de las actividades previstas en el Programa Operativo Anual; así como para sustentar que la información de inteligencia operacional se utiliza para realizar los operativos de prevención del delito. En 2006, la PFP no tuvo presencia en todas las zonas de jurisdicción federal.
No garantizó la permanencia de los elementos policiales de la institución, ya que sólo evaluó al 0.5% de los 11,989 elementos del Servicio Civil de Carrera Policial.
Detectó además deficiencias en el uso de equipo y en el manejo de inventario de equipo, como el caso de la donación que hizo la empresa Eads Telecom de México (a quien la PFP le compró más de 14 millones de pesos en equipo que no había usado), que entregó a la PFP diferentes bienes por más de un millón de pesos, pero “no se presentó evidencia de su registro en el inventario de la PFP, es decir no están reconocidos en el patrimonio de la entidad fiscalizada”.
Durante su gestión en la SSP, se adjudicó de manera directa un contrato para comprar 200 automóviles por 19.2 millones de pesos, pero la ASF sostiene que no se justificó el que no se haya hecho una licitación pública, por lo que pide al órgano interno de control que investigue y sancione, en su caso, a los responsables.
Por si fuera poco, señala la ASF, no se cumplió el contrato en cuanto a los colore y además “se comprobó que la empresa Distribuidora Chevrolet, fue quien ofertó el precio más bajo; sin embargo, únicamente se le adjudicaron 100 de las 200 unidades adquiridas; la diferencia se distribuyó entre los participantes Automotriz Central de México y Automotriz Geisha; no obstante no se justificó la conveniencia de distribuir la adjudicación de los vehículos en los tres proveedores participantes”.
Irregularidades similares ocurrieron en la compra de patrullas a Kasa Automotriz, que no entregó 74 de ellas debidamente y desde la PFP ni siquiera se hizo un estudio de mercado para conseguir los vehículos más económicos y eficientes.
[su_heading size="16" margin="10"]Perseguir indocumentados, su meta en 2006[/su_heading]
Eso es en lo económico, pero en las tareas sustantivas de la SSP federal la radiografía de la Auditoría aún es peor, porque muestra que fue bajo la gestión de Medina Mora una institución incapaz de cumplir con sus funciones, ni siquiera con sus las actividades que se había propuesto.
Ni siquiera se elaboró el Programa de Desarrollo Estratégico de la Policía Federal, instrumento básico para articular sus objetivos y acciones.
De acuerdo a la ASF, en 2006, la secretaría se puso como metas presidenciales muy básicas, y que en realidad eran actividades:
Perseguir a los migrantes indocumentados
Incrementar el aseguramiento de vehículos robados con relación al 2005
Incrementar las puestas a disposición de personas en flagrancia por la comisión de delitos vinculados al narcotráfico en aeropuertos, puertos, centrales camioneras, puntos operativos de apoyo de la PFP y vías federales
Incrementar los aseguramientos de estupefacientes en los puntos de control de la PFP.
“Estos indicadores miden la incidencia de los delitos cometidos, pero no su prevención, ni la relación que debe existir entre prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos”, advirtió la ASF.
Para la Auditoría fue imposible medir los avances del cumplimiento de su objetivo principal, el prevenir el delito para “garantizar la seguridad pública y la tranquilidad ciudadana”, debido a “la falta de homogeneidad y continuidad de los indicadores establecidos en los dos sistemas que operó la PFP”.
Y es que, señala el documento de auditoría 2006, que “se constató que dos (de los objetivos) se orientaron a medir el número de asaltos y accidentes en carreteras de jurisdicción federal con respecto a los registrados en 2000, los que correspondieron a los establecidos en el PNSP 2001-2006; y uno a medir la gestión de la entidad en términos de los operativos que realiza en el ámbito nacional, pero tampoco permitieron evaluar el objetivo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 de ‘Prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos’”.
Para la ASF ni siquiera fueron eficientes el sistema de evaluación para garantizar una policía honesta, pues sólo al 4% del personal se sometió a exámenes; y en cuanto al ascenso de los agentes federales también es cuestionable, porque de las 664 plazas disponibles, no existen elementos para verificar que se cumplieron con los requisitos en 421 casos.
Incluso las campañas de comunicación para prevenir el delito fueron deficientes, pues sostiene que “no se advierte eficacia en el diseño y aplicación del plan de medios dispuesto por la institución”.
[su_heading size="16" margin="10"]Ni metas ni programas en PGR[/su_heading]
En diciembre de 2006 Medina Mora llegó a la PGR hasta septiembre de 2009 y en ninguna de las auditorías que practicó la ASF a su gestión salió bien, todas tuvieron observaciones, desde la carencia de programas y metas para el órgano encargado de elaborar inteligencia sobre el crimen, el CENAPI, hasta una administración poco sana de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en servicios personales e investigaciones que sumaron por 4.5 millones de pesos observados y que deberían ser aclarados.
La Auditoría detectó un desaseo en el registro de bienes, a pesar de que Medina Mora contrató al Despacho Vargas, Martínez, Palacios, S.C., para poder organizar el inventario, depurarlo y conciliarlo el número de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, inmuebles y equipo en general; “sin embargo, al término de los trabajos, la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) detectó limitaciones e inconsistencias en el inventario realizado por el despacho”.
Por lo que la ASF concluyó que “el inventario que entregó el despacho no reunía las condiciones de certidumbre, calidad y confiabilidad requeridas” y faltó por depurar y conciliar casi 400 millones de pesos en bienes. También descubrió que los registros de bienes incautados por la autoridad tenía demasiadas carencias.
Otra de las irregularidades detectadas por la Auditoría fue en la licitación de 140 motocicletas, “para el programa de modernización del parque vehicular de la PGR, se orientó a la adquisición de una marca determinada de motocicleta limitando con ello la participación de otras marcas, ya que no existe en el mercado ninguna otra marca de motocicleta que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante, lo que resta transparencia al proceso de licitación” y la convierte en una licitación dirigida, por lo que la ASF pidió que se inicie las investigaciones correspondientes.
Y en el caso de 30 camionetas blindadas que se compraron por 44.9 millones de pesos, tampoco se hizo el estudio de mercado para ubicar las mejores condiciones en precio y eficiencia, y por si fuera poco se mantuvieron en bodega gran parte de ellos, por lo que se pidió una investigación.