Expertos de la ONU han enviado sendas cartas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidiéndole explicaciones sobre situaciones “urgentes” y casos específicos de presuntas violaciones de derechos humanos. Llama la atención que la 4T no ha contestado a muchas de estas comunicaciones enviadas desde 2019 a la fecha. No las toman en serio.
Entre los firmantes de la ONU se encuentran el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, los Relatores Especiales sobre defensores de derechos humanos, independencia de jueces, migrantes, libertad de expresión y asociación, tortura, detención arbitraria, discriminación contra la mujer y pueblos indígenas, por mencionar algunos.
De las cartas sin respuesta preocupa en la que urgen a López Obrador a que “detenga la aprobación de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR)” por la que se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República vigente, así como las reformas propuestas a otras leyes “ya que parece constituir un retroceso para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en México” (01/21).
Acusan que la LFGR no cumple con “las obligaciones de México contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, además de presentar
incompatibilidades
con la Convención contra la Desaparición Forzada”.
En otra, el relator de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados pidió aclarar el conjunto de iniciativas de reformas a la Constitución en el marco de la agenda parlamentaria de reforma al sistema de justicia pues “presenta potenciales inconsistencias frente a estándares internacionales sobre independencia judicial” (11/20).
Toma nota de que la propuesta implica “una modificación de la Constitución en sus artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107, la unificación de los Códigos Penales de los Estados en uno Federal; modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de otras leyes centrales en la procuración e impartición de justicia”.
El experto insiste en que la ONU exhorta a los Estados a “garantizar la independencia de los jueces, la objetividad e imparcialidad de los fiscales, así como su capacidad para desempeñar debidamente su cometido, mediante la adopción de medidas efectivas de orden legislativo, policial o de otra índole, para que puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ningún tipo de injerencia, acoso, amenazas o intimidación”. No le contestaron.
Silencio sepulcral sobre la misiva que urge explicar “la reducción progresiva de los recursos destinados a enfrentar la discriminación y la violencia contra las mujeres” que se refleja en recortes de programas en los Presupuestos 2020 y 2021, lo cual “podría afectar la atención a la salud sexual y reproductiva y la violencia contra las mujeres, especialmente indígenas” (10/20).
La ONU cuestiona la detención arbitraria de defensores: José López Alavéz, Fredy García, José Luis Gutiérrez, César Hernández en Chiapas y amenazas contra la ambientalista Teresa Roldán Soria. “Sírvase proporcionar información sobre cómo la prisión preventiva oficiosa resulta compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, instan los expertos.
Preguntan por Carla Verónica Martínez Jiménez, Isela Verenice Olimpia Montoya, Verónica Durán Lara, María del Carmen Ramírez todas ellas defensoras y familiares de desaparecidos; amenazas de muerte contra
Soledad Jarquín Edgar del Consorcio Oaxaca;
tortura en prisión de Yonny Ronay Chacón en Chiapas y Jesús Iván, Luis Adrián, Juan Antonio Figueroa Gómez en Chihuahua.
A raíz del aumento de las caravanas piden explicar “el patrón” de señalización (“flagging”) de defensores por parte de Washington, al parecer como represalia por su trabajo con migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos, muchos de ellos detenidos en México a petición de EU (5/20).
Y destaca la carta en la que alarmados urgen aclarar “acciones y declaraciones descalificadoras” emitidas por AMLO contra Luis Raúl González Pérez extitular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando le plantó cara al presidente por las estancias infantiles (7/19).
Es de imaginar que la 4T se hundió entre tantos papeles y las cartas “urgentes” de la ONU se perdieron y quedaron en el olvido. Callan como momias.