Enrique Vargas propone agravar penas por robos, abuso sexual y violencia en el transporte público

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa en el Senado de la República para endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos como robo, abuso sexual o violencia dentro del transporte público o concesionado. La propuesta plantea modificar diversas disposiciones del Código Penal Federal para establecer agravantes cuando estos ilícitos ocurran en unidades, paraderos, terminales o instalaciones vinculadas al servicio de movilidad.

El legislador, quien se desempeña como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, argumentó que el transporte público representa un medio esencial para millones de personas en México, por lo que consideró necesario reforzar el marco legal para prevenir y sancionar delitos que afectan la seguridad de los usuarios.

Según explicó, miles de ciudadanos utilizan diariamente autobuses, combis, taxis u otros sistemas de transporte para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o servicios de salud, lo que genera espacios con alta concentración de personas y, en consecuencia, mayor exposición a diversos riesgos.

Reforma al Código Penal Federal para delitos en transporte público

La iniciativa presentada en el Senado propone reformar y adicionar artículos del Código Penal Federal con el objetivo de reconocer como agravantes los delitos que ocurran dentro del transporte público o concesionado.

De acuerdo con el planteamiento, se busca modificar el Artículo 266 Bis, que regula los delitos sexuales, mediante la incorporación de una nueva fracción. Esta disposición permitiría aumentar hasta en una mitad las penas mínimas y máximas previstas para el abuso sexual y la violación cuando estos delitos se cometan dentro de unidades de transporte público, estaciones, paradas, terminales o instalaciones relacionadas con el servicio.

El proyecto también contempla cambios al Artículo 376 Ter, con el fin de sancionar de forma específica el delito de robo contra personas que presten o utilicen los servicios de transporte público o concesionado.

La propuesta define el transporte público concesionado como todo medio de traslado de personas que opere mediante concesión, permiso o autorización otorgada por la autoridad competente, lo cual incluye vehículos, estaciones, terminales, paradas e infraestructura vinculada con la prestación del servicio.

Inseguridad en transporte público afecta especialmente a mujeres

Durante la presentación de la iniciativa, el senador señaló que las mujeres se encuentran entre los grupos más vulnerables dentro del transporte público, de acuerdo con datos de encuestas nacionales sobre seguridad.

Cifras de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) indican que 70.9% de las mujeres manifestaron sentirse inseguras al utilizar transporte público en el país.

A su vez, información del Instituto Nacional de las Mujeres revela que nueve de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia en este tipo de transporte, incluyendo agresiones verbales, persecución, acoso o abuso sexual.

En este contexto, Vargas del Villar señaló que elevar las sanciones podría contribuir a inhibir la comisión de delitos en estos espacios.

“La exposición diaria de las y los pasajeros al riesgo de ser víctimas de delitos, especialmente, mujeres, jóvenes y personas mayores, hace indispensable elevar las penas cuando dichos delitos se cometan en el transporte público y/o concesionado”, expresó el legislador.

Delitos en transporte influyen en la percepción de inseguridad

La propuesta también toma en cuenta datos sobre percepción de seguridad y victimización en el país. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, 23.7% de las personas dejaron de utilizar transporte público por temor a ser víctimas de un delito.

Además, 36.7% de los encuestados afirmó evitar el uso de taxis al considerarlos un medio inseguro.

El senador también mencionó cifras relacionadas con delitos en el Estado de México, donde se registraron más de 5 mil 103 robos a bordo de unidades concesionadas durante el último año, según datos referidos en su exposición.

Legislador señala ausencia de agravantes específicas

Vargas del Villar señaló que el Código Penal Federal ya contempla figuras delictivas para sancionar robo, abuso sexual y violencia, pero no establece agravantes específicas cuando estos delitos ocurren dentro del transporte público.

“El Código Penal Federal vigente incluye figuras delictivas para el robo, abuso sexual y violencia, pero no contempla agravantes específicas ni suficientes para los delitos cometidos en el transporte público concesionado”, señaló.

El legislador sostuvo que estos delitos tienen impacto colectivo, ya que afectan la libertad de tránsito, la seguridad de los usuarios y el funcionamiento de un servicio esencial para la movilidad cotidiana.

La iniciativa presentada en el Senado deberá seguir el proceso legislativo correspondiente, que incluye su análisis en comisiones y, posteriormente, la discusión y votación en el pleno de la Cámara Alta.