Felipe de la Mata plantea blindaje contra crimen en reforma electoral: ¿qué cambios propone?

La discusión sobre la próxima reforma electoral debe colocar en el centro la intervención del crimen organizado en los comicios, revisar el modelo de elección judicial y garantizar recursos suficientes para organizar elecciones. Así lo expuso Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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El integrante del órgano jurisdiccional advirtió que el desafío inmediato consiste en asegurar que la ciudadanía emita su voto en libertad. Señaló que existen antecedentes documentados de secuestro de urnas en determinadas comunidades, donde grupos delictivos las sustraen durante la jornada y las devuelven después con sufragios ya incorporados.

Frente a ese contexto, sostuvo que el sistema electoral debe “tomar el toro por los cuernos” ante la injerencia criminal. Indicó que, mientras ese problema persista, no existen condiciones para implementar el voto por internet ni para extender el uso de urnas electrónicas, debido a que primero debe garantizarse un sufragio libre de coacción.

Fiscalización y rediseño judicial

En el ámbito del financiamiento político, De la Mata Pizaña reconoció la complejidad técnica del esquema de fiscalización vigente, aunque consideró necesario reforzar los controles sobre el origen y destino de los recursos de los partidos, con el propósito de impedir la entrada de dinero ilícito.

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Sobre la elección judicial, planteó una revisión integral del modelo. Señaló que el proceso reciente operó con reglas deficientes y un diseño apresurado, por lo que propuso evaluar ajustes como la aplicación de exámenes que acrediten conocimientos jurídicos mínimos a las candidaturas y la simplificación de las boletas, que resultaron complejas para el electorado.

También sugirió analizar la fecha de estos comicios para evitar que coincidan con procesos políticos y queden sujetos a dinámicas partidistas.

Presupuesto electoral y tamaño del Congreso

El magistrado abordó además la intención de reducir el gasto de las autoridades electorales. Indicó que la administración de recursos debe ser eficiente, aunque subrayó que los presupuestos tienen que permitir la organización adecuada de las elecciones.

“Reducir el gasto público o el que tienen las autoridades electorales a un punto que no puedan organizar las elecciones sería un error. No hay democracia más cara que aquella que no existe y, para que exista, se tiene que hacer una inversión, un gasto.”

En materia de representación legislativa, se manifestó a favor de disminuir los espacios de representación proporcional en el Senado, al considerar que la participación de fuerzas minoritarias ya se garantiza mediante los escaños de primera minoría.

“Si lo que queremos es que haya participación de los partidos minoritarios en la Cámara de Senadores, pues eso se encuentra garantizado a través de los senadores de primera minoría o —digamos así— de segundos lugares. Pero los senadores de representación proporcional son una cuestión un tanto artificial. Exclusivamente tiende a que los partidos puedan introducir a personas específicas.”

Respecto a la Cámara de Diputados, planteó la posibilidad de reducir el número de legisladores y revisar el sistema mixto vigente, incluso con alternativas como una sola circunscripción nacional o un esquema que limite la sobrerrepresentación.

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“Por otro lado, la representatividad en la Cámara de Diputados, hay que hacerse dos preguntas: ¿podría haber menos diputados? Mi respuesta, como constitucionalista, es, evidentemente, sí. ¿Queremos mantener este sistema mixto de mayoría relativa con alguna minoría de representación proporcional o queremos adoptar, por ejemplo, un sistema de proporcionalidad pura?”