Fiscalía de Michoacán obtiene 16 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y policías estatales: ¿De qué se les acusa?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que obtuvo 16 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos estatales por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con los hechos registrados el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

De acuerdo con la institución, las órdenes fueron concedidas por la autoridad jurisdiccional tras la integración de una carpeta de investigación “robusta”, en la que se reunieron datos de prueba suficientes para establecer la posible participación de los imputados.

Las indagatorias incluyeron trabajos de campo, entrevistas y análisis periciales, lo que permitió sustentar técnica y jurídicamente las acusaciones presentadas ante el Poder Judicial.

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Exgobernador y mandos de seguridad, entre los señalados

Entre las órdenes de captura destaca la emitida contra el exgobernador Silvano Aureoles, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. También fue girada una orden contra su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, así como contra 14 elementos de la policía estatal.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar el acceso a la justicia y responder a las demandas de las víctimas, reiterando su compromiso institucional de combatir la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

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Operativo en Arantepacua dejó muertos y heridos

Los hechos se remontan a un operativo policial de aproximadamente cuatro horas realizado en abril de 2017 en Arantepacua, donde se registró un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y comuneros, así como maestros y estudiantes normalistas.

El saldo fue de cuatro personas fallecidas y al menos 10 más que denunciaron haber sido víctimas de tortura, además de siete policías heridos.

El conflicto tuvo su origen en una disputa territorial por 512 hectáreas de bosque entre comuneros de Arantepacua y la comunidad de Capacuaro, en el municipio de Uruapan.

Previo al operativo, un grupo de 38 comuneros se trasladó a Morelia para intentar llegar a un acuerdo con el gobierno estatal, sin que se lograran avances en las negociaciones.

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Compromiso institucional y seguimiento del caso

La Fiscalía estatal subrayó que continuará con las actuaciones correspondientes para ejecutar las órdenes de aprehensión y avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.

Asimismo, reiteró que este tipo de resoluciones forman parte de una política de procuración de justicia enfocada en la rendición de cuentas y la atención a víctimas.

“El objetivo es que hechos como los ocurridos en Arantepacua no queden impunes”, señaló la institución, al enfatizar que en Michoacán la justicia “se construye con hechos”.

Con estas acciones, el caso Arantepacua vuelve al centro del debate público, al involucrar a altos mandos de la administración pasada y reabrir la discusión sobre el uso de la fuerza pública en conflictos sociales.