Reforma de nacionalidad única avanza en México: ¿qué cargos no podrán ocupar personas con doble ciudadanía?
La doble nacionalidad no desaparecerá para los mexicanos, pero quienes busquen estos cargos deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse
La reforma establece que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán tener únicamente nacionalidad mexicana
/Foto: Especial
La reforma para exigir nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México abrió un debate sobre el papel que pueden desempeñar los funcionarios con doble ciudadanía y sus posibles vínculos con otros países.
Mientras sus impulsores plantean que la medida busca reforzar la soberanía, voces críticas advierten que renunciar a una segunda nacionalidad podría tener consecuencias en áreas como la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos.
El planteamiento ya avanzó en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional y posteriormente el Senado hizo lo propio con 86 votos a favor y 42 en contra.
El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes busquen esos cargos ejecutivos.
La propuesta no plantea eliminar de manera general la doble nacionalidad para los mexicanos, sino establecer esta condición específica para quienes pretendan ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En caso de contar con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.
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Reforma sobre doble ciudadanía divide opiniones: ¿qué pasará con quienes quieran gobernar México?
Sus impulsores sostienen que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico exclusivo con México.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente esta posición y ha planteado que una persona que aspire a la Presidencia debe representar únicamente al Estado mexicano.
En contraste, Luis Alberto Rosas, conocido en redes sociales como Tumbaburross, puso el foco en las posibles consecuencias que la medida podría tener para la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con su análisis, un funcionario que tenga nacionalidad mexicana y estadounidense puede funcionar como interlocutor entre autoridades de ambos países, especialmente cuando existen investigaciones relacionadas con estructuras criminales. Bajo este argumento, la doble ciudadanía podría facilitar la comunicación y la confianza en asuntos que involucren posibles vínculos políticos y redes de protección de los cárteles.
Tumbaburross también planteó que obligar a estos funcionarios a renunciar a su segunda nacionalidad podría colocarlos en una situación de mayor vulnerabilidad ante posibles represalias en México y, al mismo tiempo, desincentivar su colaboración con agencias estadounidenses.
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¿Doble nacionalidad o lealtad a México? Reforma para cargos públicos desata debate
Otra postura crítica fue expresada por Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien calificó la propuesta como un “gravísimo error” y rechazó que contar con dos nacionalidades implique automáticamente tener una doble lealtad.
Su argumento parte de que el compromiso de un servidor público debería evaluarse a partir de sus acciones y de la forma en que desempeña sus responsabilidades, no únicamente por los documentos de nacionalidad que posee.
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El debate, por tanto, se concentra en qué debe pesar más para quienes ocupen los cargos ejecutivos: la exigencia de contar exclusivamente con nacionalidad mexicana o la posibilidad de que una persona conserve una segunda nacionalidad sin que eso determine por sí mismo su comportamiento como funcionario.
La propia discusión legislativa ha reflejado esta diferencia de posiciones. Mientras quienes respaldan la reforma sostienen que se trata de establecer requisitos específicos para quienes encabecen los poderes ejecutivos, legisladores de oposición han cuestionado que la medida pueda restringir derechos políticos.
La reforma contempla que las nuevas disposiciones sean aplicables a partir del proceso electoral de 2028, por lo que la discusión sobre la nacionalidad única no se limita al debate actual, sino que establece desde ahora una nueva condición para quienes busquen alguno de estos cargos en los próximos comicios.
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