Hay heridas que un país no termina de cerrar porque nadie se atreve a revisarlas a fondo. La elección de 2006 es una de ellas, y esta semana volvió a abrirse. Después de que Vicente Fox reconoció en una entrevista que actuó “al límite” en aquella contienda —aunque negó haber cometido fraude—, la dirigencia de Morena anunció que pedirá a la Cámara de Diputados una comisión especial para investigar lo ocurrido hace veinte años.
No tengo nada en contra de la memoria. Al contrario: una democracia que no revisa su pasado está condenada a repetirlo. Pero la memoria selectiva no es memoria, es estrategia. Por eso la respuesta de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, merece algo más que el encogimiento de hombros con que suelen recibirse las declaraciones de la oposición: si el Congreso va a investigar elecciones, dijo, que investigue también las de 2018 y 2024.
La pregunta de fondo es sencilla y cualquiera en una sobremesa la entiende: ¿por qué revisar una elección que ocurrió cuando muchos de los jóvenes que hoy votan ni siquiera habían nacido, y dejar intactas las dos más recientes, cuyas consecuencias vivimos todos los días?
Empiezo por lo más grave, porque no admite matices partidistas. El proceso electoral de 2023-2024 fue el más violento de la historia moderna del país. Integralia contabilizó 889 víctimas de violencia política en ese ciclo. Data Cívica documentó al menos 465 ataques contra candidatos, aspirantes, funcionarios y sus familias, 34 de ellos asesinatos: un aumento de más de 130% respecto a 2018. En Guerrero, candidatos contaron a la prensa que para hacer campaña con cierta libertad había que pedir “permiso” al crimen organizado.
Y 2018 no fue un día de campo. La consultora Etellekt registró 112 políticos asesinados durante aquel proceso federal, entre ellos 28 precandidatos y 14 candidatos.
Detrás de cada cifra hay una familia que enterró a alguien por querer ser presidente municipal, regidora o diputado local. Y detrás de cada candidato que se retiró por miedo, o que aceptó un “acuerdo” para seguir vivo, hay una comunidad que votó con opciones que alguien más decidió por ella. Eso no es un detalle técnico: es el corazón de la pregunta sobre si una elección fue libre.
Conviene decirlo con honestidad: la violencia golpeó a todos los partidos, también a Morena, que puso buena parte de las víctimas. Precisamente por eso nadie debería temer una investigación seria. Lo que se busca no es un culpable de ocasión, sino saber en qué municipios y distritos el crimen organizado decidió candidaturas, financió campañas o inhibió el voto, y qué hicieron —o dejaron de hacer— las autoridades.
El segundo tema es el dinero. En 2024, el INE auditó más de 29 mil candidaturas y encontró 274 que rebasaron los topes de gasto; 35 de ellas ganaron. Hubo casos concretos y documentados, como el de la alcaldía Álvaro Obregón, donde la autoridad determinó que el candidato de Morena, PT y Verde excedió el tope en 9.5%. Antes, el Tribunal Electoral había confirmado una multa de 62 millones de pesos a Morena por irregularidades en su proceso interno para elegir candidatura presidencial, aquel desfile de “corcholatas” que recorrió el país meses antes de que las campañas fueran legales.
Las multas previstas para todos los partidos superaban los mil 400 millones de pesos, y después el propio INE las recortó en unos 500 millones. ¿Con qué criterios? ¿Quién lo decidió? Son preguntas legítimas, más aún ahora que la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, renunció en medio de señalamientos por contratos y conflicto de interés, y que la propia presidenta Sheinbaum pidió una auditoría al instituto.
Un tope de campaña no es una formalidad. Es la regla que impide que el que tiene más dinero —o el que recibe dinero de donde no debe— compre la elección. Cuando se rebasa y no pasa nada relevante, el mensaje para 2027 es clarísimo: hacer trampa sale barato.
El tercer tema es el que más pesa en la vida diaria de la República. En 2024, la coalición oficialista obtuvo alrededor de 54% de la votación para diputados, pero terminó con cerca de 74% de los asientos: 364 curules, suficientes para reformar la Constitución sin negociar con nadie. El INE hizo la asignación y el Tribunal Electoral la validó en agosto de ese año.
Morena sostiene que todo se hizo conforme a la Constitución, y es cierto que las autoridades aplicaron una lectura de las reglas vigentes. Pero ser legal no siempre es lo mismo que ser justo. Exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama advirtieron entonces que el uso de coaliciones y candidaturas “prestadas” entre partidos aliados permitía darle la vuelta al límite de sobrerrepresentación que fija el artículo 54. José Woldenberg lo resumió en una idea que debería ser obvia: cada fuerza política debe estar representada en proporción a los votos que obtuvo.
Con esa mayoría se reformó el Poder Judicial, se rediseñaron órganos autónomos y hoy se recorta el presupuesto del INE rumbo a 2027. Es decir, la distorsión de 2024 no es historia: es el andamiaje sobre el que se están tomando las decisiones del presente.
Ahora bien, una propuesta así sólo vale si se hace en serio. Y aquí también hay que pedirle cuentas a quien la formula. Alejandro Moreno ha llegado a afirmar que en 2024 hubo manipulación del conteo mediante algoritmos, y la prensa lo ha consignado. Una comisión que parta de sospechas sin sustento sería el espejo de la que se critica para 2006: un instrumento de propaganda, no de verdad.
Lo que propongo es simple: una comisión plural, con acceso a la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, del INE y de las fiscalías, acompañada por académicos y organizaciones civiles que ya han hecho buena parte del trabajo —Data Cívica, Integralia, los observadores electorales—, y con un mandato claro sobre tres temas: intromisión del crimen organizado, financiamiento ilegal y rebase de topes, y la fórmula que permitió la sobrerrepresentación. Sin la pretensión de anular nada, porque una comisión legislativa no puede hacerlo, pero con la obligación de entregar un informe público y propuestas de reforma antes de 2027.
Si Morena está convencida de que 2018 y 2024 fueron limpias, debería ser la primera en aceptar el reto. Quien ganó con la ley en la mano no tiene nada que temer de la luz. Y si la oposición está convencida de lo contrario, tiene que estar dispuesta a que los hallazgos la incomoden también a ella.
La democracia no se defiende eligiendo qué fraude nos conviene recordar. Se defiende revisando todas las elecciones con la misma vara, con pruebas y a la vista de todos. Veinte años después de 2006, eso es lo mínimo que les debemos a quienes votaron entonces, a quienes votaron en 2024 y, sobre todo, a quienes perdieron la vida por atreverse a competir.
@jlcamachov
