SCJN defiende aumento de presupuesto para 2027 tras críticas de Lenia Batres
La Suprema Corte solicita 6 mil 104.5 millones de pesos de presupuesto para 2027, pero el monto abrió una nueva diferencia con la ministra Lenia Batres.
La SCJN sostiene que el incremento es de 12.7% en términos reales y que ocho de cada 10 pesos adicionales se destinarán a remuneraciones y prestaciones.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió el aumento previsto en su anteproyecto de presupuesto para 2027, luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama cuestionara el incremento del gasto y señalara que algunas partidas representan un retroceso en las medidas de austeridad aplicadas durante los últimos años.
El Pleno de la Corte aprobó en sesión privada del pasado 6 de agosto un anteproyecto por 6 mil 104.5 millones de pesos. La SCJN sostiene que el incremento equivale a 12.7% en términos reales y responde principalmente a obligaciones laborales, al efecto de la inflación y a necesidades de mantenimiento e innovación institucional.
La explicación de la Corte llegó después de que Batres difundiera un oficio en el que calculó un aumento de 17.2% respecto al presupuesto autorizado para 2026 y expresó su desacuerdo con diversas partidas, entre ellas la previsión de recursos para recuperar el Seguro de Gastos Médicos Mayores.
La diferencia entre ambos porcentajes parte del criterio utilizado para realizar el cálculo. Mientras la ministra compara directamente el monto solicitado para 2027 con los recursos autorizados en 2026, la Suprema Corte presenta el crecimiento presupuestal después de considerar el impacto inflacionario.
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¿Cuánto presupuesto solicita la SCJN para 2027?
El presupuesto de la Suprema Corte para 2027 plantea un gasto de 6 mil 104.5 millones de pesos. El máximo tribunal informó que el Pleno aprobó el anteproyecto conforme al artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Después de la aprobación, la Corte remitió el documento al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para continuar con el procedimiento correspondiente.
La SCJN aseguró que diseñó su propuesta bajo criterios de austeridad, eficiencia, racionalidad y transparencia. Sin embargo, sostuvo que necesita equilibrar la contención del gasto con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones constitucionales.
El tribunal también recordó los ajustes presupuestarios que enfrentó durante los dos ejercicios fiscales anteriores. En 2025 recibió un recorte de 714.4 millones de pesos, equivalente a 12%, mientras que para 2026 la reducción alcanzó 661 millones de pesos, es decir, 11.2%.
¿En qué gastará la SCJN el aumento de presupuesto para 2027?
De acuerdo con la Corte, ocho de cada 10 pesos adicionales solicitados para 2027 servirán para cubrir remuneraciones y prestaciones contempladas en la legislación y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
La institución explicó que fijó las remuneraciones conforme a los artículos 94 y 127 de la Constitución. También aseguró que ningún salario supera la remuneración establecida para la persona titular de la Presidencia de la República.
La propuesta incorpora además recursos para realizar mantenimiento preventivo de infraestructura, con el propósito de evitar gastos mayores en los siguientes años y atender las necesidades relacionadas con la operación jurisdiccional.
Otra partida permitirá reactivar de manera gradual proyectos de innovación y modernización institucional. Entre ellos se encuentra la renovación del equipo tecnológico de Plural TV, que, según la Suprema Corte, tiene más de dos décadas de antigüedad.
La SCJN recordó que las restricciones presupuestales anteriores llevaron a eliminar gastos de telefonía celular y gasolina para ministros y altos mandos. También canceló ajustes salariales para el personal, eliminó 83 plazas administrativas, equivalentes al 10% de esa plantilla, y retiró recursos destinados a becas para trabajadores.
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¿Por qué Lenia Batres rechazó el presupuesto de la Suprema Corte?
Uno de los principales desacuerdos se concentra en el Seguro de Gastos Médicos Mayores para trabajadores de la SCJN.
Lenia Batres argumentó que la prestación ya había desaparecido y señaló que el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana impide utilizar recursos públicos para contratar seguros privados de atención médica destinados a servidores públicos.
La ministra también sostuvo que el Poder Judicial cubre las cuotas correspondientes al ISSSTE para mandos medios y superiores, por lo que cuestionó destinar dinero público a una cobertura médica privada adicional.
La Corte explicó que el Pleno aprobó por seis votos incluir una previsión presupuestaria para contratar este seguro en beneficio del personal, pero excluyó expresamente a ministras y ministros.
La institución precisó que la eventual contratación dependerá de los recursos disponibles y de que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto solicitado para 2027.
Batres votó contra el anteproyecto presupuestal en su conjunto. Después de la votación, solicitó retirar de su ponencia las partidas correspondientes tanto al seguro de separación individualizada como al Seguro de Gastos Médicos Mayores.
La petición involucra a 95 personas. La ministra afirmó que ni ella ni los trabajadores adscritos a su ponencia han recibido esas prestaciones desde su llegada a la Suprema Corte, en diciembre de 2023.
Lenia Batres cuestiona pensiones de exministros y otras áreas de la SCJN
El desacuerdo de Batres no se limitó a los seguros. En el oficio enviado al OAJ también cuestionó el gasto relacionado con las pensiones de exministras y exministros de la Suprema Corte.
Según sus cálculos, todavía existen ajustes pendientes para homologar esas pensiones con las remuneraciones actuales del Pleno y el excedente supera los 54 millones de pesos.
También señaló que las plazas vinculadas con ese esquema implican otros 39 millones de pesos si se mantiene solamente una para cada exintegrante del máximo tribunal.
Batres planteó además eliminar las áreas de Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros. De acuerdo con su propuesta, la medida no implicaría despedir a los trabajadores adscritos a esas oficinas, sino retirar los recursos destinados a determinados servicios.
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Batres acusa “animadversión insana” y Hugo Aguilar rechaza señalamientos
Las diferencias en torno al presupuesto se hicieron públicas durante la sesión del Pleno del 13 de agosto, cuando Batres retiró uno de sus proyectos y acusó la existencia de un ambiente de “animadversión insana”.
La ministra señaló que esa situación podría tener relación con el oficio sobre el presupuesto que envió ese mismo día al Órgano de Administración Judicial.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz rechazó el señalamiento. Explicó que los integrantes del Pleno habían expresado argumentos de carácter jurídico durante la discusión y sostuvo que ninguno recurrió a descalificaciones personales.
Aguilar Ortiz agregó que hasta ese momento desconocía el contenido del oficio mencionado por Batres.
El anteproyecto por 6 mil 104.5 millones de pesos continuará ahora el procedimiento presupuestario correspondiente antes de llegar a la Cámara de Diputados, instancia que tendrá a su cargo la aprobación del gasto federal para el ejercicio fiscal de 2027.